Andalucía sigue en segundo lugar en número de casos de corrupción

Los jueces andaluces concluyeron en el primer trimestre de 2017 un total de cinco procedimientos por delitos de corrupción, en los que se dictó autos de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 18 personas, con lo que Andalucía mantiene el segundo lugar a nivel nacional en el ranking de casos de corrupción, tan sólo superada por Canarias, con 20 personas acusadas, mientras que Madrid ocupa, en este primer trimestre del año, uno de los últimos puestos, con sólo cinco acusados.

A nivel nacional se registraron 27 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 97 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo, según los datos facilitados ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, los juzgados y tribunales andaluces dictaron 12 sentencias en procedimiento por delitos de corrupción, de las cuales once fueron condenatorias (seis con condena total y cinco parciales) y sólo en un caso se acordó la absolución. El porcentaje de condenas en la comunidad autónoma es del 91,6%.

A nivel nacional, se dictaron 36 sentencias, de las que 28 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que supone el 77,8%.

La información ofrecida por la base de datos del CGPJ detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

Estos datos figuran en el repositorio sobre procedimientos por corrupción, que fue presentado el pasado 12 de enero y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores -personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente. La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

La estadística permite asimismo saber el número de personas condenadas por sentencia firme, una cifra que en el primer trimestre del año asciende a 58 personas condenadas a nivel nacional. En cuanto a los condenados que están en prisión, a fecha 1 de abril de este año había en el conjunto de España 83 penados -en 46 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 24 con el de cohecho- y catorce preventivos.