Bolaños imputa a 23 personas por los "contratos irregulares" de la Faffe

Sevilla/La juez María Núñez Bolaños, que investiga las presuntas irregularidades en la macrocausa de los cursos de formación, ha citado a declarar en febrero a 23 personas, en relación con los contratos "irregulares" que por importe de 9.465.332 euros realizó la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

La imputación de estas 23 personas, entre las que se encuentran el ex director general de la Faffe Fernando José Villén Rueda; el ex director de organización y sistemas de la Faffe Joaquín Morales Martínez; el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado; o el ex alcalde de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres García (PSOE), se ha producido a raíz de la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que aprecia delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, tal y como adelantó este periódico.

La Guardia Civil cuestionó en un atestado los 535.000 euros que el ex regidor de Lebrija Antonio Torres -histórico alcalde que ocupó el cargo durante 23 años- percibió de la Faffe a lo largo de ocho años y sin que los investigadores pudiesen determinar si tenía "despacho o lugar concreto" de trabajo en esta fundación.

En una providencia dictada ahora, la juez María Núñez Bolaños ha citado a declarar a los 23 imputados para los días 16, 22 y 23 de febrero de 2018, mientras que los días 1 y 2 de febrero comparecerán 13 testigos relacionados con estas contrataciones.

A juicio de la Fiscalía Anticorrupción, del informe elaborado por la Guardia Civil se desprende "con carácter de probabilidad o verosimilitud que la fundación habría adjudicado la mayoría de los contratos tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y sin publicidad, que según la normativa tendría carácter excepcional".

Estos contratos supondrían una "quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares".

Para llevar a cabo el supuesto fraude, prosigue el Ministerio Público, se habrían utilizado una serie de instrumentos como el "fraccionamiento" de los contratos; la utilización en la tramitación de procedimientos "urgentes"; la "influencia" de las empresas adjudicatarias en la designación de las sociedades participantes; la utilización de ofertas de resguardo por empresas instrumentales; y las modificaciones contractuales, en especial la prórroga, entre otros instrumentos.

La Fiscalía concluyó que las actuaciones realizadas en esta investigación habrían confirmado la "existencia de indicios delictivos en los procedimientos de contratación de la Faffe", de acuerdo con la documentación recabada, el informe de auditoría y las declaraciones de los empleados.

La instructora ha acordado además la práctica de numerosas diligencias, entre ellas que se libre oficio a la dirección general de Formación para el Empleo para que remita el expediente de los reintegros incoados contra la Faffe.

La juez también ha acordado que se facilite a la UCO de la Guardia Civil el "repositorio de correos electrónicos" de la Fundación Faffe, con la finalidad de que los agentes puedan culminar su investigación, así como que se faciliten a los investigadores los "pagos con tarjeta" de los ingresos contables en efectivo que figuren en la "caja central", de la que anteriormente ya se pidieron informes sobre sus movimientos.

Asimismo, se incorporará una auditoría externa realizada por la empresa ATD, auditores del sector público que concluyó que la Faffe "cumplió razonadamente" con las obligaciones derivadas de las subvenciones concedidas para cursos de formación, si bien incurrió en irregularidades administrativas en la gestión de personal y contratación, como ocurrió con los trabajadores de Delphi.