La Junta necesita 3.300 millones de euros más al año para cubrir servicios

La Junta calcula que necesita 3.300 millones de euros más al año de los ingresos que le llegan del Estado, ya que son insuficientes para cubrir los servicios fundamentales: educación, sanidad y prestaciones sociales. Desde los años de la crisis, la Consejería de Hacienda ha venido cubriendo este desfase con fondos destinados, básicamente, a inversiones, de ahí que la recuperación económica no se esté traduciendo en un incremento de la obra pública. Según las explicaciones que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado en la comisión del Parlamento destinada a estudiar la financiación autonómica, el problema reside en que la cuantía del Fondo de Suficiencia de los servicios fundamentales, que es la principal partida de los ingresos recibidos del Estado, no cubre las prestaciones para el que está concebido. El cálculo de la Hacienda andaluza es que el Estado debe aportar cada año a las comunidades del régimen general -sin el País Vasco y Navarra- entre 20.000 y 40.000 millones de euros. Esta es la tesis que la Junta defenderá cuando se abra la negociación del nuevo modelo de financiación. Según el ministro Cristóbal Montoro, su voluntad es que este sistema esté activo en 2018 y que pueda incorporarse a los Presupuestos Generales del Estado.

Cuando en 2008 se negoció el anterior sistema de financiación autonómica, el entonces titular, Pedro Solbes, se refirió a la complejidad de cuadrar el sudoku: había que contentar a todas las comunidades dentro de un mismo marco. Aunque el criterio de la población es el principal para el reparto de fondos, se fueron sumando otros condicionantes secundarios, tales como la dispersión de la población, el porcentaje de estudiantes en el total, de mayores e, incluso, hubo quien quiso introducir el mayor gasto que produce contar con un segundo idioma. En definitiva, que Andalucía, la mayor defensora del criterio de población, transigió con estos ajustes, resultado del cual la población efectiva andaluza a efectos de ingresos es menor en 220.000 personas a la suma real. Además, Cataluña, gobernada entonces por el tripartito de izquierdas, introdujo varios fondos para beneficiar a las comunidades donde se ingresa más por impuestos, las más ricas, de lo que resulto un perjuicio para Andalucía y, paradójicamente, también para Cataluña. El sistema sólo beneficia a las más pequeñas, y no a todas, a Extremadura y a Galicia. La peor parada es Valencia.

El Congreso aprobó ayer la nueva ley del Concierto y el Cupo vasco, que beneficia de modo especial a esta comunidad foral por cuanto tendrá que pagar al Estado menos dinero que con el modelo anterior. A cambio, el PSOE ha logrado que Cristóbal Montoro se comprometa a abrir la negociación del régimen general. Hoy, la Junta enviará al Ministerio de Hacienda su posición sobre el documento elaborado por el grupo de expertos, aunque éste sólo detectaba las insuficiencias de los fondos y la disparidad que se ha ido abriendo entre las comunidades. En el año 2009, la brecha entre la región mejor pagada y la peor era de 489 euros por habitantes, y en 2015 fue de 818 euros. Es un sistema que ha fracasado y que está caducado, pero el Gobierno central no se ha atrevido a abrir la negociación. Ahora, Montoro asegura que antes del 30 de diciembre habrá un nuevo modelo para ser discutido.

Como con el sudoku de Solbes, la negociación del modelo sólo llegará a buen puerto si el Estado incrementa su aportación al conjunto de las comunidades. Algunos expertos de la comisión propusieron que se dejase mayor margen a las autonomías para que subiesen algunos impuestos o que contasen con margen de los estatales -caso del IVA-, pero la mayor parte de los gobiernos regionales se niega a vincular sus necesidades de financiación con políticas más gravosas para la ciudadanía. Buena parte del problema del actual sistema se debe, en realidad, a la caída de los ingresos. El Estado español recauda anualmente 200.000 millones de euros, pero en 2011, que fue el peor de la crisis, la cifra cayó hasta 161.760 millones de euros. Este descenso repercutió en las comunidades, porque son éstas las que prestan los servicios más costosos, básicamente educación y sanidad.

La Consejería de Hacienda acude a lo ocurrido en el año 2014 para explicar la insuficiencia de los recursos. Todas las administraciones habían ajustado sus partidas, se había recortado de todos los departamentos, la crisis había obligado a una operación de adelgazamiento muy aguda. Pues, bien, si se utiliza como base el gasto de los servicios fundamentales que se hizo ese año, al sistema le hace falta entre 20.000 y 40.000 millones de euros que las autonomías sacan de otras partidas.