La ciudad fantasma

Esta doble páginas vale 700 millones de euros. E incluso más. A pesar de su reducida dimensión, Cádiz acumula un largo listado, que supera la treintena de nombres, de edificios públicos que se encuentran sin uso alguno o de solares donde las administraciones tienen previsto levantar, siempre desde hace años, proyectos vendidos en su día como trascendentales para la ciudad. En conjunto, una inversión que superaría los 700 millones de euros si se ejecutasen de forma inmediata.

Claro que nada de ello se va a cumplir. Si una parte muy importante de estos equipamientos y solares ya tenían nombres y apellidos antes de que la crisis económico cerrase el grifo inversor de las administraciones y aún así no se pusieron en uso, mucho menos hay que esperar que ahora vayan a salir adelante. El plazo que la alcaldesa, Teófila Martínez, daba hace unos días a este diario del periodo de tiempo que aún necesita la ciudad para poder terminar su diseño urbanístico, doce años, lejos de parecer largo se antoja imposible de cumplir, atendiendo a la experiencia acumulada.

Tiempo Libre (90 millones aproximadamente), edificio de Náutica(30), Valcárcel (50), Olivillo, Colegio Mayor (10), Ciudad de la Justicia (83), Hospital Regional (200), plaza de Sevilla, castillo de San Sebastián (30), Puerto América, cementerio de San José, albergue juvenil (7), ampliación del Hotel Atlántico, Subdelegación del Gobierno (32), Museo del Carnaval (4), segunda fase del Matadero (4), Facultad de Medicina (35), solares de Loreto y Chalet de San Luis... En todos ellos la ciudad ya tiene pintado un equipamiento importante para su desarrollo: hoteles, centro sanitario, museos, parques, centros de ocio, viviendas. Todos de la mano de la Junta de Andalucía, la Universidad, el Estado, la Diputación o el Ayuntamiento. Todos, hoy, con órdenes de recortar el gasto y, por lo tanto, no poner en marcha proyectos nuevos.

La palma se la lleva la Junta de Andalucía. Sólo esta administración mueve unos 400 millones de euros en inversión paralizada en la ciudad. Y nada hace prever que buena parte de la misma se pueda reactivar a corto plazo habida cuenta de los duros planes de ahorro que tiene previsto el gobierno de José Antonio Griñán. Lo malo es que en manos de la Junta están varios de los proyectos más trascendentales para la ciudad y cuya incidencia va más allá de la capital para afectar al conjunto de la provincia: desde el Hospital Regional hasta la Ciudad de la Justicia, pasando por la estación de autobuses o la recuperación de inmuebles hoy cerrados. Absolutamente todos estos proyectos aportan un beneficio económico y social que se extiende por toda la capital, de ahí la importancia de estas inversiones.

Por si fuera poco, varias de estas actuaciones tienen un futuro más que incierto, especialmente el Hospital Regional. Son 200 millones de euros en inversión que siguen en el aire más que por la crisis económica, por las diferencias existentes en la propia Junta respecto a la necesidad de construir este hospital... en Cádiz, pues sí se han ejecutado proyectos similares en otras ciudades.

La Junta tiene también en sus manos, desde hace unos meses, dos grandes solares ubicados en extramuros, largamente ansiados por las corporaciones municipales de la capital desde tiempos del PSOE. En ambas, una pastilla ubicada junto a Loreto y otra el histórico terreno del chalet de San Luis, el Ayuntamiento proyectaba viviendas y equipamientos tras años de negociaciones con la administración central, anterior propietaria de ambos solares.

El Estado también es responsable de obras de calado en la ciudad, entre ellas buena parte de la actuación pendiente en el Plan Plaza de Sevilla. Aquí hay dos edificios, la estación férrea de 1900 y el vestíbulo de la nueva terminal, que están cerradas, tras elevadas inversiones, desde hace años en un claro ejemplo de mala gestión del dinero público. De empresas estatales es también competencia la ampliación del Parador Atlántico. Aquí por no haber no hay ni proyecto. Sí lo hay para el complejo administrativo de la nueva subdelegación, en la plaza de la Constitución, aunque todo hace suponer que los recortes volverán a afectar a esta operación, que en su día también se vio afectada por los recortes que acompañaron a la tragedia ecológica del Prestige, tras la que se desviaron fondos a Galicia destinadas a otras comunidades.

Esta guía del fracaso público a la hora de sacar adelante proyectos ciudadanos se ha visto enriquecida con dos equipamientos que iban a ser esenciales para los actos del Bicentenario, y para el Cádiz posterior, pero que han acabado por convertirse en estampas del fracaso: el castillo de San Sebastián y el antiguo Valcárcel. El primero depende del Estado, que ha parado la llegada de dinero dejando las obras a la mitad. El problema que este es un proyecto que no se puede parar pues necesita un ritmo continuado en las obras ya que se ubica en una zona muy delicada de la ciudad. En cuanto al Valcárcel, en manos de la Diputación, al fiasco anterior se le une ahora el año que se ha perdido desde que la empresa que iba a abrir el hotel de lujo optó por abandonar el proyecto. Desde entonces, la administración regional ha sido incapaz de aclarar el futuro de este edificio.

Curiosamente han sido fondos estatales y regionales los que han permitido al Ayuntamiento poner en uso determinados edificios de gran valor. Habrá que ver ahora como se las apaña un municipio sin dinero para levantar el Museo del Carnaval, dar uso a bóvedas y baluartes aún cerrados y a los nuevos edificios que recuperará.