APDHA exige la destitución del subdelegado del Gobierno

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) exigió ayer la "destitución inmediata" del subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, por su "incapacidad" e "ineficacia".

Esta petición se hizo en el transcurso de una rueda de prensa en la que participaron Rafael Lara, portavoz de la APDHA en Cádiz, y Diego Boza, abogado y miembro de la asociación. Ambos manifestaron su indignación por el expediente sancionador abierto contra esta entidad por parte de la Subdelegación del Gobierno, por haber organizado una cacerolada ante la sede del Partido Popular en Cádiz el pasado 11 de abril sin haberlo comunicado previamente.

Diego Boza afirmó que a los miembros de APDHA les sorprende este expediente porque "es la primera vez en más de 20 años que la Subdelegación del Gobierno nos abre un procedimiento de este tipo". Indicó que, teniendo en cuenta el artículo 21 de la Constitución -que reconoce el derecho de reunión pacífica, sin necesidad de autorización previa-, no vieron necesario comunicar la concentración debido a que se iba a celebrar pacíficamente en una calle con poco tránsito de vehículos y sin intención de cortar el tráfico.

Rafael Lara añadió que "la comunicación de un acto se hace cuando se va a alterar el tráfico. Nosotros hemos convocado decenas de movilizaciones ante situaciones de vulneración de los derechos humanos y nunca lo hemos comunicado". Señaló que otros colectivos realizan concentraciones sin comunicarlo previamente, igual que cuando se festeja un evento deportivo en la calle "y no reciben ninguna notificación, lo que nos parece estupendamente". Y se preguntó si también les hubieran multado si la cacerolada se hubiera hecho en la sede del PSOE.

Tanto Boza como Lara consideraron que "el problema es que esta Subdelegación está convirtiendo la comunicación previa en un instrumento de autorización y control de un derecho ciudadano de reunión y manifestación". Dijeron que en este caso "está en juego el uso del espacio público, cada vez más constreñido al deseo de los políticos, cuando es de todos y todos tenemos derecho a usarlo, pero los movimientos sociales estamos perseguidos por ocuparlo. Ya pasó con el 15M, los trabajadores del metal y en el caso de Valcárcel".

Boza calificó a Javier de Torre como el "guardián de los intereses de su partido" y como "el subdelegado más ineficaz e incapaz de los últimos años", por lo que exigió su "destitución inmediata para poder abrir vías de diálogo con los colectivos sociales, a los que está criminalizando".

Lara señaló que "este Gobierno está terminando de conducirnos a una emergencia social sin precedentes, y carece de alternativas que no sean más de lo mismo. Y ante la lógica disidencia, ante la indignación y la protesta de la ciudadanía, apenas sabe responder de otra manera que con multas y represión. Quieren atemorizar a la ciudadanía pero no lo van a conseguir". Aprovechó para anunciar próximas concentraciones para mañana, el 9 y el 15 de mayo, en una movilización que denominó "Rodea Hacienda-Rodea el pájaro de la Constitución".

Por su parte, Javier de Torre, ante la pregunta de un periodista sobre este asunto, contestó que "cualquier manifestación, para desarrollarse en términos constitucionales tiene que haber una comunicación previa. Un ejemplo, esta semana tenemos 50 comunicadas y no vamos a poner ningún problema. Derechos Humanos comunicó ocho en los años 2011 y 2012, no ha habido absolutamente ningún problema, así que no pregunte por qué se sanciona sino por qué no se comunica cuando en otras ocasiones se ha comunicado y no ha habido problemas. No sé por qué no se ha hecho esta vez sabiendo cuál es la normativa".