El Ayuntamiento estudia embargar a la Junta por impagos de impuestos

El Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado a su departamento jurídico un estudio para ver la posibilidad de embargar bienes de la Junta de Andalucía que sirvan para reducir la deuda que mantiene la administración autonómica en concepto de impuestos y tasas, que según el Consistorio gaditano asciende a unos diez millones de euros.

Según el teniente de alcaldesa delegado de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, el precedente en el que se han fijado se encuentra en Granada. Allí el municipio ha iniciado un expediente de embargo hacia dos solares que tienen un valor catastral de casi un millón de euros. Una vez que se complete el proceso, el gobierno municipal se habrá cobrado una cuarta parte de la deuda tributaria que la Junta mantiene con la ciudad de Granada, que asciende a algo más de 4,8 millones de euros.

El Ayuntamiento de Granada decidió dar este paso después de que se estableciera un plan de pagos y la Junta sólo abonara unos 72.000 euros.

Lo que pretende el Ayuntamiento e Cádiz es lo que hizo el de Granada, es decir, se abrió un proceso de identificación de bienes embargables pertenecientes a la administración autonómica con un límite, y es que la ley no permite el embargo de bienes sometidos a servicio público.

En Granada en concreto los primeros solares que el ayuntamiento pretende embargar a la Junta en Granada es el del antiguo cuartel de automovilismo junto a la estación de ferrocarril, donde la Junta pretendía hacer un equipamiento deportivo y la apertura de un paso directo entre dos zonas. El segundo de ellos se localiza en la céntrica calle Elvira, en un solar propiedad de la Consejería de Cultura de apenas 200 metros cuadrados.

En el caso de Cádiz la historia viene desde muy lejos y ha sido un tema recurrente cada varios meses. José Blas Fernández asegura que todavía hay impagos pendientes del año 1992 correspondientes a vados de edificios de la Junta.

Fernández pone como ejemplo varias deudas que tiene la Junta con el Ayuntamiento gaditano, como la Residencia del Tiempo Libre, que tiene una cuota anual de IBI de 116.715,68 euros. En este momento, por este edificio que lleva ocho años cerrado la deuda está ya en 933.725 euros, a lo que habría que añadir los intereses de demora.

Otro de los solares es el chalé de San Luis, que pasó a manos de la Junta de Andalucía desde el Estado en concepto del pago de la deuda histórica durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

La cuota anual que tiene el IBI de este solar que actualmente se dedica a aparcamiento público de vehículos es de 8.967,64 euros, mientras que el de la Ciudad de la Justicia es de 80.561,28 euros, por lo que el impago llega ya a casi un millón de euros.

José Blas Fernández recuerda que no sólo se trata de las deudas que mantiene la Junta de Andalucía con el ayuntamiento "sino que son espacios que tiene ocupados la administración autonómica y a los que no se les da uso alguno".

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía se encuentran 'precisamente inmersos en una negociación global para consensuar el uso que se le va a dar a los distintos edificios y solares que tiene la administración autonómica en la capital gaditana. José Blas Fernández afirma que este procedimiento es independiente de las negociaciones "porque hay que tener en cuenta que los impuestos nunca son perdonables. Otra cosa es que se llegue a algún tipo de acuerdo con ellos".

Uno de ellos es que la Junta pueda pagar en especie con algunos de los solares que tiene, como por ejemplo la pastilla de terreno que se encuentra entre Loreto y Puntales para la construcción de viviendas protegidas.

El Consistorio gaditano ha tratado de llegar a acuerdos en varias ocasiones con la Junta pero nunca ha llegado a buen puerto porque, entre otras cosas, siempre ha habido desavenencias a la hora de la estimación de la deuda.

El paso que ha dado el ayuntamiento de Granada puede abrir las puertas no sólo al de Cádiz, sino a otros que tengan solares de la Junta y en la que ésta tenga impagos.