La Junta mantiene que tres millones de deuda en concepto de IBI han prescrito

El Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía se han enzarzado en una polémica al no ponerse de acuerdo sobre la cuantía económica que la Administración andaluza debe abonar al municipio en concepto de impuestos y tasas municipales. Mientras que el teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, José Blas Fernández, mantiene que la deuda asciende a 10 millones de euros, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, sólo reconoce 800.000 euros. Este medio ha preguntado a la Delegación del Gobierno por esta significativa diferencia de cifras, y alegan que se produce, fundamentalmente, como consecuencia de la prescripción de los importes relativos al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde 1993 hasta 2008, que supera los tres millones de euros. Los técnicos de la Administración autonómica consideran que las deudas de todos esos años están incursas en prescripción.

José Blas Fernández defiende que esos impuestos no han prescrito puesto que se enviaron notificaciones de aviso en vía ejecutiva de todos ellos, pero desde la Delegación del Gobierno lo niegan. Sostienen que el Consistorio no reclamó ni notificó en vía ejecutiva: "El Ayuntamiento deberá demostrar que cursó las preceptivas notificaciones".

Las cantidades correspondientes al IBI durante el período 1993-2008 suman 2.865.595,13 euros, y añaden otros 259.148,37 que consideran también exentos de pago. Explican que esa deuda corresponde a inmuebles sujetos a convenios con el Consistorio que fueron puestos a su disposición para su gestión, incluidos los rendimientos. Por lo tanto, entienden que no les corresponde abonar ese global. La suma de ambas partidas da un total de 3.124.743,50 euros.

La cantidad que sí reconoce la Junta como deuda proviene del IBI acumulado entre los años 2009 y 2013 (hasta el primer semestre). Precisan que a partir de 2009 el escenario cambió con motivo de diversas sentencias que resolvieron que no había que realizar las notificaciones en vía ejecutiva y, por tanto, no cabe ya la prescripción. Así, la Administración cifra el débito en 838.336,23 euros en concepto de IBI, aunque 111.182,08 euros de ese montante proceden de inmuebles sujetos a convenios con el Consistorio, por lo que la cuantía a pagar la fijan en 727.154,15 euros, y a ella habría que añadirle intereses y el importe de diferentes tasas. De ahí que López Gil asegurase días atrás que la deuda es de unos 800.000 euros.

Recapitulando, la partida que la Junta habría tenido que haber abonado desde 1993 hasta 2013 por el Impuesto de Bienes Inmuebles asciende a 3.963.079,73 euros. Sin embargo, desde la Delegación del Gobierno dan por hecho que de ese total ya han prescrito 3.124.743,50 euros.

Los técnicos de ambas administraciones se reunirán en los próximos días para revisar todos los impagos y cuantificar la deuda real.

Con respecto a este asunto, el delegado del Gobierno sólo declaró ayer que la depuración de las cuentas realizadas por sus técnicos "no es un dogma de fe". "La Junta está dispuesta a afrontar la deuda real que se establezca siguiendo los criterios pertinentes. Si finalmente se concluye que la cuantía es otra, se aceptará y se elaborará un plan de pago para abonarla".