El estado del molino de mareas hace que el Ayuntamiento demande al Gobierno

No es nada habitual que un Ayuntamiento interponga una denuncia contra el Gobierno estando ambos dirigidos por el mismo partido. De ahí que Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, sorprendiera ayer anunciando que el equipo de gobierno ha decidido iniciar el expediente para interponer ante la jurisdicción contencioso-administrativa un recurso por incumplimiento de conservación del Molino del Río Arillo por parte del Ministerio de Medio Ambiente".

Martínez se expresó con contundencia al señalar que "se acabó la paciencia de este Ayuntamiento. Es el ministerio el que tiene que reponer el bien y lo vamos a pelear". Y fue el ministro Miguel Arias Cañete, que no respondió a las cartas del Consistorio gaditano pidiendo el arreglo del Molino y su concesión al Ayuntamiento, el que colmó, antes de dejar el cargo en abril de este año, el vaso de la paciencia del equipo de gobierno. Aunque el asunto viene de lejos, gobernando en Madrid el PSOE. Al ejecutivo de Zapatero también requirió el gobierno municipal actuaciones para la recuperación del Molino de mareas. Antes, en el año 2007, y después de que el Ayuntamiento consiguiera expropiar el inmueble a los anteriores propietarios, Unión Salinera, para acometer su recuperación, la nueva Ley de Costas hizo que el molino pasara a manos del Estado por encontrarse en dominio marítimo terrestre. Eso paró en seco la casi alcanzada gestión municipal del molino.

Desde que el molino de mareas pertenece al Estado, el equipo de gobierno ha requerido por activa y por pasiva su reforma tanto a los socialistas como a los populares. Martínez recordó que el Ayuntamiento, sin ser propietario del inmueble ni tener competencias sobre el mismo, se ha visto obligado a realizar obras de emergencia como el tapiado de huecos y el apuntalamiento.

Fue en diciembre de 1998 cuando el Ayuntamiento realizó el primer requerimiento sobre el molino, iniciando un expediente de obras de seguridad y ornato sobre el inmueble, propiedad entonces de Unión Salinera de España S.A. La falta de respuesta a los sucesivos requerimientos derivó en la expropiación municipal en mayo de 2007. En los tres años de expropiación, el Ayuntamento gaditano redactó un proyecto de obras de urgencia, realizó trabajos de consolidación para garantizar su seguridad, y aprobó un proyecto de restauración apoyado por Patrimonio. La Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente se opuso al proyecto municipal antes de obtener en el mes de marzo del año 2010, por la vía judicial, la propiedad del inmueble argumentando la condición de dominio marítimo terrestre.

Durante todos estos años, lo que más ha demorado la recuperación del molino ha sido el proceso para hacerse con su titularidad. Incluso, en junio del año 2007, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y Costas acordaron trabajar de manera conjunta en la restauración.

Luego, a pesar de que el Consistorio realizó un proyecto de rehabilitación, la Demarcación de Costas encargó otro distinto basado en el municipal. Esto provocó otra disputa entre ambas administraciones. Desde entonces, poco o nada se ha avanzado en la recuperación del histórico molino.