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La recuperación del Molino de Mareas, que parece que vuelve a activarse tras el acuerdo alcanzado por Costas, Junta y Ayuntamiento para iniciar el proceso de su rehabilitación, debe ser el primer paso para la conversión de todo el espacio del Parque Natural de la Bahía que está en el término de Cádiz en un auténtico pulmón para la capital, que soporta un importante déficit de zonas verdes por su escaso suelo. La zona gaditana del Parque es la que menos aprovechamiento tiene, para los ciudadanos, de este paraje natural.
Este es uno de los objetivos que se marca la Consejería de Medio Ambiente, cuyo delegado en Cádiz, Federico Fernández, propició el pasado martes el debate sobre el estado del Molino de Mareas en la junta rectora del parque celebrada en San Fernando.
Fernández une el proyecto de salvación del Molino, que se encuentra en un estado casi ruinoso, con el de la puesta en valor de la Salinas de la Dolores, que es propiedad del Ayuntamiento, dentro del recinto protegido, que en lo que al término de la capital se refiere une el Río Arillo con Cortadura.
"Todo debe de estar vinculado, como si fuera una gran sinergia. Para que de verdad se recupere el parque es fundamental recuperar la Salina de los Dolores, y aquí está en manos de lo que quiera hacer el Ayuntamiento; junto a ello, el resto de las administraciones también tienen sus deberes, como la Demarcación de Costas en lo referido a la defensa marítima de las salinas, que puede considerarse como de interés del Estado, además del trabajo que está en manos de la administración regional", destaca a este diario el delegado provincial de Medio Ambiente, que recuerda que en su etapa al frente de la Demarcación de Costas, hace cerca de una década, ya propuso un paseo peatonal y de bicis.
Considera Federico Fernández que el global de esta operación no debe de recaer en manos de las administraciones, sino que es fundamental la participación de la iniciativa privada. En este sentido considera que lo lógico será, en su momento, organizar un concurso para adjudicar a una empresa la gestión de estos equipamientos. "Hay que buscar las condiciones para que sea aceptable esta operación al sector privado. Teniendo en cuenta que se está junto a una ciudad será un proyecto interesante", indica el representante de la Junta que advierte que antes de emprender cualquier actuación urbanística en los edificios ubicados en el Parque Natural es necesario elaborar un plan de usos concretos para, después, confeccionar el plan de rehabilitación de los mismos. Tiene claro también el delegado provincial que no hay que limitarse a la apertura de un centro de interpretación, sino que hay que abrirse a otras ideas "que den dinamismo a la zona y que permitan crear empleo".
La operación supondrá la apertura de senderos peatonales, zonas de descanso, espacios de ocio, rutas con bicicletas y una serie de actuaciones que unan el Parque Natural a la ciudad y que éste sea fácilmente accesible para toda la población.
Federico Fernández tiene claro que todas las administraciones directamente relacionadas con el Parque Natural deben hacer una dura autocrítica de lo realizado, más bien lo no realizado, durante estos años, teniendo en cuenta que el futuro del Molino de Mareas comienza a verse con más claridad tras más de veinte años de conflictos. "Aquí ninguna administración debe estar satisfecha de lo que ha pasado, porque cada una ha ido según sus intereses. Ahora, al cumplirse los veinticinco del Parque Natural desde la Delegación Provincial hicimos una reflexión porque entre todos teníamos la casa sin barrer. Por eso, en el seno de la junta rectora propiciamos un encuentro de las administraciones que hasta ahora estaba realizando la guerra por su parte".
El descontrol era tal que la misma Junta reconoce que no tenía constancia documental de la situación jurídica del propio Molino de Mareas. "Se le pidió a la Demarcación de Costas que informaran. Afortunadamente se ha hecho la tarea y ahora estamos en condiciones legales para que Unión Salinera (la empresa privada propietaria del Molino) tome cartas en el asunto e intervenga en su rehabilitación, porque como propietaria es la obligada a mantener el edificio".
Lo cierto es que en los últimos años han sido numerosos los conflictos judiciales entre las propias administraciones, para ver quién se encargaba del mantenimiento del Molino, y con la propia empresa propietaria, que en su día fue dueña de numerosas salinas en el conjunto de la Bahía de Cádiz.
No obstante, Fernández apuesta por una intervención pública en lo que se refiere a la recuperación del edificio para lo que espera sea factible un acuerdo con Unión Salinera, evitando nuevos enfrentamientos. Bajo esta idea tiene claro que son la propia Consejería de Medio Ambiente y la Demarcación de Costas las administración que deben tirar de esta operación, "sin dejar a un lado, claro, al Ayuntamiento y la Delegación Provincial de Cultura (ya que el Molino está declarado como un BIC). Ahora habrá que ver quién ejecuta las obras, cuál puede ser el proyecto y cómo buscamos financiación". En todo caso el primer paso ya se ha dado tras el acuerdo logrado esta semana.
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