La Audiencia ordena detener y encarcelar a Rodríguez de Castro

La Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado buscar, detener y encarcelar a Manuel Rodríguez de Castro, ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, que fue condenado en julio de 2013 a ocho años de prisión por malversación de caudales públicos y fraude en la obtención de subvenciones públicas en el caso Rilco. La orden fue dictada por la Sección Tercera el mes pasado, inmediatamente después de conocer que el Tribunal Supremo había ratificado la pena de cárcel.

No ha habido plazo para un ingreso voluntario ni ha quedado abierta la posibilidad de aplazar el encarcelamiento mediante un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La Policía tiene orden de localizar a Rodríguez de Castro, detenerlo y conducirlo a prisión para que comience a cumplir la pena que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo.

Pese a que esa orden fue dictada hace casi un mes, Rodríguez de Castro aún no ha ingresado en prisión o al menos todavía no le consta a la Audiencia que haya sido detenido. Las últimas noticias que han tenido los medios de comunicación del ex delegado de la Zona Franca se remontan a principios de este mes. El pasado día 1, Rodríguez de Castro envió un comunicado a la agencia Efe en el que respondía con amenazas tras haber sido reprobado por el pleno del Ayuntamiento de Cádiz. La moción fue presentada por el PSOE y contó con los votos favorables del PP, el partido que en 1996 situó a Rodríguez de Castro al frente de la Zona Franca de Cádiz y lo mantuvo hasta 2001.

El ex delegado cargó especialmente en su comunicado contra la alcaldesa, Teófila Martínez. "Sobrevive políticamente aún como consecuencia de mi silencio acerca de su actuación en el caso Rilco", dijo Rodríguez de Castro.

Teófila Martínez se sumó con su voto a la reprobación y al ex delegado debió sorprenderle y dolerle esa actitud, que contrasta tanto con la que la alcaldesa mantuvo cuando Rodríguez de Castro dimitió en 2001, acuciado por las noticias acerca de sus gastos personales excesivos (con cargo a la Zona Franca). Entonces, la alcaldesa, que era y es por su cargo la presidenta del Consorcio de la Zona Franca, defendió a Rodríguez de Castro sin fisuras. "Aquí han vilipendiado a una persona y se ha linchado a un gestor que ha procurado siempre los beneficios económicos para esta tierra", dijo Teófila Martínez.

Más adelante, en 2005, la alcaldesa recogió velas y dijo que Rodríguez de Castro "tuvo que dimitir porque así se le solicitó". Pero hasta el mes pasado, con la reprobación tras conocer que el Tribunal Supremo había confirmado la condena por el caso Rilco, Teófila Martínez no había ido más allá.

La Red Iberoamericana de Logística y Comercio, Rilco, fue un proyecto de Rodríguez de Castro concebido como una plataforma de comercio electrónico que sirvió para sustraer dinero en beneficio propio, según determinó la sentencia. Por Rilco, la Zona Franca de Cádiz obtuvo subvenciones millonarias que lejos de destinarse a la red de comercio electrónico, fueron a parar al ex delegado.

El Tribunal Supremo respaldó la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz al sancionando los "abusos de poder". El alto tribunal subrayó: "Nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes públicos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos deberían ser los primeros custodios".

La sentencia del Tribunal Supremo, de 137 páginas y de la que es ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, confirmó la absolución de Miguel Osuna, que también fue delegado especial en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y sucedió en ese cargo a Rodríguez de Castro.

Osuna, delegado entre 2001 y 2004, sí fue condenado en el Tribunal de Cuentas y después en el Tribunal Supremo a devolver más de 2,6 millones a la Zona Franca. La sentencia del caso Rilco considera que Miguel Osuna realizó pagos injustificados y que incurrió en una grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, pero que lo hizo sin dolo, sin voluntad de cometer un delito.