A la espera del juicio final

Dos de los grandes proyectos pendientes en Cádiz que dependen de la Junta de Andalucía continúan sin concretarse. El Hospital Regional no está descartado por la administración andaluza, pero la gran construcción que se quería realizar se quedará en uno mucho más modesto en caso de ver la luz. Es lo que los políticos llaman redimensionar los proyectos y adecuarlos a una nueva realidad económica. Mientras tanto la Junta ha ido parcheando el Puerta del Mar.

Pero más sangrante si cabe es la ausencia de una idea definida para la Ciudad de la Justicia de Cádiz, de la que lleva hablándose desde 2001 y que todavía ni siquiera tiene una ubicación definida.

La aspiración gaditana de contar con una Ciudad de la Justicia al uso de las demás capitales de la comunidad autónoma arranca en 2001, cuando el Ayuntamiento contempla la aprobación de una modificación puntual del PGOU para cambio de uso educativo a uso administrativo del solar perteneciente a la antigua Institución Provincial Gaditana, propiedad de la Diputación y situada en la calle Brunete.

El 15 de diciembre de ese año el Ayuntamiento de Cádiz solicita un convenio sobre la Ciudad de la Justicia y Valcárcel para que, de común acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz, adquieran un compromiso al respecto. Tras la insistencia municipal para que la Junta aporte fechas concretas para el inicio de su construcción, la Junta contesta el 22 de mayo que las obras se iniciarán a principios de 2004, para lo cual, con fecha 13 de septiembre de 2003 consigna fondos para el estudio geotécnico y las excavaciones, llegando a manifestar la Consejería que la futura Ciudad de la Justicia costará 30 millones de euros y el convenio suscrito entre la misma y Diputación tendrá que ser aprobado por la Corporación Provincial.

El 11 de noviembre de 2004 la Junta de Andalucía duda que pueda construir dicha Ciudad de la Justicia por la aparición de restos arqueológicos y llega a pedir al Ayuntamiento de Cádiz que les ceda otros terrenos. No obstante, las catas que se realizan en dicho solar terminan a finales de 2005, por lo que las obras no podrán comenzar al menos hasta el año 2006. Ante estas manifestaciones el equipo de Gobierno del PP pide el cese de la consejera de Justicia.

En febrero de 2005 la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía confirma que en dicho solar existe más de un centenar de enterramientos, pero que la excavación concluirá en un mes.

La Consejería de Justicia destina en alquiler de inmuebles para órganos jurisdiccionales la suma de 330.000 euros, sin que hasta esa fecha (marzo de 2005) se encuentre redactado el proyecto, por lo que José Blas Fernández llega a manifestar el 6 de marzo de 2005 que este retraso, como mínimo, "hará que no se inicien los trabajos de construcción hasta 2009, no teniendo la Consejería de Justicia en la ciudad de Cádiz ninguna sede en propiedad, pues los Juzgados existentes en la antigua Cárcel Real ya han sido trasladados al estadio Ramón de Carranza, invirtiendo en el acondicionamiento de dichas sedes judiciales casi un millón de euros".

El 23 de junio de 2005, la Junta de Andalucía manifiesta que ha cerrado la contratación de la obra y que en unos días se concretarán las condiciones con la empresa constructora y se fijará el inicio de los trabajos, que costarán unos 30 millones de euros. Se destina 1,3 millones a la confección del proyecto, cuya licitación está a la espera de que terminen los trabajos de arqueología.

En los meses de enero a marzo de 2006, la Consejería de Justicia vuelve a no asegurar la fecha de inicio de las obras y fuentes de la Junta no creen que arranquen antes de verano, a lo que el Partido Popular en el Parlamento Andaluz manifiesta que con dicho importe sólo se financia el 2% del presupuesto total, extremo que es ratificado en una respuesta parlamentaria, por lo que se duda de que dicho complejo esté listo para 2006, aunque la Junta de Andalucía advierte que con esos 30 millones y teniendo en cuenta que ese proyecto, que contempla también una planta de aparcamientos para uso exclusivo de operadores jurídicos no tiene ni para empezar, no tiene ni para empezar. Tras las excusas dadas se atisba ya en Cádiz que dicho proyecto no concluirá con éxito.

El 31 de marzo de 2007 la Junta de Andalucía fija para 2011 la terminación de las obras y presenta el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, que dice tendrá una inversión de 48 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. En este mismo acto se llegó a presentar una recreación virtual de la Ciudad de la Justicia. Esto provocó además una agria polémica porque desde la Junta no se llegó a invitar a representantes del Ayuntamiento de Cádiz.

El 26 de noviembre de 2007 el propio PSOE presenta una enmienda a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza que incluye la inversión de la Ciudad de la Justicia de Jerez de la Frontera, sin que hasta la fecha se sepa tampoco nada al respecto.

El 6 de junio de 2008, la consejera Evangelina Naranjo se compromete a poner en marcha en esa legislatura la Ciudad de la Justicia, para lo que la Diputación Provincial cede el 22 de julio el solar de la misma a cambio del inmueble donde se encuentra ubicada la Audiencia Provincial, Fiscalía y el Juzgado de lo Mercantil, más la entrega de seis millones de euros que deberá pagar la Junta de Andalucía por dicha permuta a la Diputación Provincial.

Tras estas vicisitudes se realizaron modificaciones en el proyecto original que dan lugar a la ampliación de un solar anexo de Diputación para que ésta cuente con 1.883 metros cuadrados. Se reciben críticas de todos los partidos políticos calificando de abuso el retraso que lleva. Este retraso llega a provocar una queja al Defensor del Pueblo por parte de los profesionales del Derecho y en especial por el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta. Tras la respuesta dada se comprueba que en caso de comenzar las obras en el año 2009 no sería hasta 2013 cuando concluirían, arreciando las críticas que reivindican la construcción urgente de este equipamiento, en este caso, por parte de los Procuradores de los Tribunales, siendo duramente criticada la Junta de Andalucía por todos los estamentos de la ciudad, ya que se gastó más de 3.000 euros al día en alquileres de sedes judiciales en la capital y no contando con este importante edificio para el justiciable.

El 16 de febrero de 2010 el Defensor del Pueblo advierte a la Junta que por no informar sobre los trámites de la construcción de la Ciudad de la Justicia puede incurrir en que se comunique al Parlamento la situación de silencio que mantiene, siendo ello considerado como una falta al no atender esta advertencia de requerimiento.

Tras 14 años, la Junta de Andalucía no ha iniciado los trabajos de construcción de la Ciudad de la Justicia en Cádiz.

José Blas Fernández, en calidad de concejal del PP y presidente del Colegio de Graduados Sociales, confirmaba a este diario que han sido "reiteradísimas las afirmaciones y promesas por parte de la Consejería de Justicia de comenzar dichas obras y estas nunca se iniciaron, existiendo un solar totalmente abandonado con un cartel anunciador en una de las fachadas que permanece cerrado y siendo reiteradas las faltas a la verdad que al respecto se han venido diciendo por parte de la Consejería de Justicia".

La falta de esta construcción la sufren tanto los usuarios como los profesionales de la justicia de esta ciudad, ya que estos se encuentran repartidos y en alquiler por media ciudad. "Esto produce una falta de respeto dentro de un estado de Derecho como el nuestro, donde los órganos jurisdiccionales y bien dotados son una garantía tanto para quien administra justicia y la imparte como para quienes la reciben y la defienden", comentaba José Blas, al que se le ha podido comentar en más de una ocasión con socarronería que el único juicio que se celebrará en la Ciudad de la Justicia de Cádiz "será el Juicio Final".

"Con esta actitud la Junta de Andalucía, con su presidente a la cabeza y el consejero de Justicia, están dejando de manifiesto su falta de credibilidad, sus promesas infundadas, su responsabilidad política y en especial, su falta de justificación ante tanta tardanza y rigor en la construcción de este equipamiento, haciendo en esta ciudad un flaco favor a la administración de Justicia que pone de manifiesto las carencias que la Junta de Andalucía tiene con esta ciudad", concluía.