La España que se remunicipaliza
El caso de la limpieza en León, gobernada por el PP, se pone como ejemplo de recuperación de un servicio público al ahorrar 8,75 millones en un año En Cataluña ha comenzado la fiebre
El Ayuntamiento de Cádiz va a entrar en unos meses en el camino de la remunicipalización de los servicios públicos. En el pleno municipal del pasado viernes se aprobó una propuesta del PSOE para que se inicie este proceso en los de socorrismo y salvamento en las playas y el de la limpieza de las dependencias municipales.
El equipo de Gobierno no quiere quedarse ahí y un día antes ya anunció el alcalde José María González en una rueda de prensa que además de estos dos también se va a iniciar el camino para hacer lo propio con el de limpieza de los módulos en las playas y también el de mantenimiento de las mismas. El horizonte temporal es haber rescatado para el Ayuntamiento todos estos servicios de aquí al mes de septiembre.
Para ello, el Gobierno municipal de Por Cádiz sí se Puede ya ha encargado unos informes jurídicos, técnicos y económicos para ver cómo se tiene que hacer y dar cumplimiento a una de las promesas electorales estrella de esta formación cuando se presentó a las elecciones municipales del pasado mes de mayo.
Los procesos de remunicipalización han empezado a proliferar en toda España y no sólo en los ayuntamientos cercanos a Podemos. El ejemplo en el que todos los gestores que quieren iniciar un proceso de estos es el del Ayuntamiento de León, que lo hizo en el año 2013 con la limpieza y la recogida de basuras. Lo más curioso es que esto se ha hecho bajo el mandato de un alcalde del Partido Popular, Emilio Gutiérrez.
Con un ayuntamiento lleno de deudas, uno de sus objetivos fue la de recuperar este servicio para tratar de ahorrar costes. Según los datos aportados por el propio consistorio leonés, en el año 2012, el último en el que Urbaser prestó su servicio, la factura por este servicio ascendió a 19,25 millones de euros. Sólo un año después se pagó por lo mismo 10,5 millones sobre un cálculo inicial de 12,3 millones. En este sentido, el ahorro para el Ayuntamiento de León fue de 8,75 millones de euros en términos globales con un nivel de satisfacción "razonable" entre la ciudadanía.
En el caso de León la corporación, que mantenía una deuda de 80 millones de euros con Urbaser, asumió los contratos de los trabajadores de la compañía, en total 224, con contratos indefinidos, y también la maquinaria. El problema es que tras una larga negociación de los sindicatos, estos tuvieron que aceptar una reducción del 20% en los sueldos de la plantilla. El viernes el alcalde de Cádiz dijo que no se iba a producir ningún despido por ello.
Hay otros sitios donde también se ha empezado con la remunicipalización, sobre todo en muchos pequeños municipios catalanes. En Cabrils (Barcelona) se ha decidido que el 90% de los puestos de trabajo externalizados vuelvan a depender del Gobierno local.
En Ripollet hay incluso una Concejalía de Municipalización en un ayuntamiento que gobierna entre otros Podemos y la CUP. Aquí ya han iniciado el proceso para servicios como el agua, la zona azul, la grúa, la gestión de las guarderías o la limpieza de los edificios públicos.
El agua también se ha convertido en un caballo de batalla para muchos de estos ayuntamiento. En Barcelona se quiere extinguir la sociedad mixta entre Agbar y el área Metropolitana y se ha paralizado la externalización de dos guarderías. Por su parte, en Sabadell (ERC, Crida y la CUP) se está elaborando un informe sobre caducidad y coste de los servicios externalizados. Aquí ya se va a recuperar la grúa, la zona azul y este año se hará lo propio con la limpieza de los edificios públicos, la atención domiciliaria y la gestión de las guarderías.
Los grandes defensores de las remunicipalizaciones se aferran a que es más económico y se da incluso mejor servicio. Los cálculos salen de que se ahorrarían el IVA y la parte del beneficio industrial que la empresa carga en la factura. Por ejemplo, en el caso de Sabadell, este municipio reduciría el coste en 230.000 anuales de la zona azul, que actualmente está en 800.000 euros. Otros son más escépticos y creen que se puede dañar a la administración pública porque se internaliza servicios con poco valor añadido.
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