A Las Aletas le ha salido un pleito

ALas Aletas le ha salido un pleito; eso es, un pleito y nada más. Y la Junta necesita un buen picapleitos más que a un abogado del Estado, que no se sabe por qué en este país quienes mejor ejercen tal oficio suelen acabar abrazando las tesis más ultraliberales, como un San Pablo camino de Damasco: de defensores de la administración a estaticidas.

La historia es tan antigua como la vida misma. Un propietario, Manuel Gómez, de Comunidades del Sur, no conforme con el dinero que recibió por una de las parcelas expropiadas por la Junta en Las Aletas, acudió a los tribunales, buscó unos buenos abogados en la calle Ancha y encontraron el punto débil del proyecto del parque tecnológico, logístico y medioambiental. Y ya era difícil, por cuanto Las Aletas venía respaldada por un Ministerio de Economía que ha sido muy escrupuloso a la hora de convertir unos terrenos de dominio público marítimo-terrestre en suelo de reserva, un espacio que nunca podrá ser enajenado, aunque sí alquilado o entregado en concesión a los empresarios que allí se instalen.

Pero el problema proviene de las 120 hectáreas expropiadas por la Junta, que conforman las 527 hectáreas totales junto a las del Estado. De hecho, la sentencia redactada por el magistrado Antonio Moreno Andrade, de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), invalida sólo el primer plan, el que delimitaba Las Aletas; todo lo que vino después, desde la declaración de reserva del Consejo de Ministros hasta la aprobación del plan urbanístico por parte de la Junta seguirá su curso y servirá ahora para presentar el recurso ante el Tribunal Supremo.

Antonio Moreno Andrade lo explica con suficiente claridad en su sentencia: cuando se trata de expropiar un bien privado, como ha ocurrido en el caso de las 120 hectáreas aportadas por la Junta, es necesario argumentarlo muy bien, para "despejar cualquier duda de que el plan va decididamente encaminado a servir al interés público sin resquicio alguno para cualquier tipo de especulación pública o privada que ensombrecería la supuesta bondad" de la acción. Es decir, y eso no lo dice el magistrado: para que no ocurra lo de El Puerto en tiempos de Independientes Portuenses con el parque de Las Salinas, expropiado incluso a organismos públicos como el antiguo IARA a precio de risa, para ser puesto en el mercado a otros muchos más elevados previo paso por unos intermediarios que acapararon los terrenos.

Nada de eso va a ocurrir en Las Aletas. La declaración de suelo de reserva por parte del Gobierno impide la enajenación, y es que ésa fue la condición insalvable que la subsecretaria de Estado de Hacienda, Juana Lázaro, impuso para convencer a sus colegas del Ministerio de Medio Ambiente. Es más, posteriormente al plan de delimitación ahora anulado, la Consejería de Obras Públicas aprobó el plan urbanístico de la zona y, además, en la Ley de Puertos de Andalucía figura Las Aletas como un lugar de interés supramunicipal. Por tanto, argumentado está, y bastante. Cualquiera que conozca lo sucedido en estos últimos meses sabe lo dificultosa que ha sido la negociación entre las administraciones para no dejar, precisamente, ningún hueco ante posibles alegaciones.

¿Qué ocurrió entonces? Pues que el magistrado entiende que ese primer plan de delimitación no contenía suficientes argumentos. Eso no significa que no los tenga ahora, sino que en ese momento, en marzo de 2005, el técnico que delimitó la zona se basó en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía y poco más. De ahí, que venga a darle la razón al empresario Manuel Gómez.

La Junta cuenta ahora con buenos argumentos para explicar la situación ante el Tribunal Supremo, pero quizás ello no le valga. Es difícil que el Supremo revoque una sentencia del TSJA que, por lo demás, es "inapelable". Lo sabe bien Moreno Andrade, que declaró ilegalizable Montenmedio hace ya casi diez años, y ha instado a su derribo hace un mes después de que la propietaria Ibercompra recurriera ante el Supremo y otras instancias judiciales. Fuentes consultadas por Diario de Cádiz en ambos lados, opinan que el Supremo puede dar a ambas partes su porcentaje de razón, aunque difícilmente será decisorio.

Por ello, a las partes les interesa un acuerdo rápido. Una solución a lo que es un pleito y nada más. Pero le interesa, en especial, a la Bahía de Cádiz, necesitada de ese parque donde Junta y Gobierno invertirán 180 millones de euros para la creación de una gran zona económica.

El plan urbanístico de Las Aletas, mientras tanto, sigue su curso, puesto que nada de ello está recurrido, dentro de poco se adjudicarán las primeras obras de las principales avenidas. La única diferencia es que donde antes todo era suelo público, ahora hay un propietario que, además, lo que querrá es negociar un mejor precio. A él, como a las administraciones, tampoco le conviene perderse en pleitos inacabables.