El Gobierno local aprueba el primer paso para la venta del 49% de Apemsa

El equipo de Gobierno (PP y PA) aprobó ayer el primer paso para permitir la ampliación de capital en Apemsa y la privatización del 49% del accionariado de la sociedad municipal que gestiona el agua en El Puerto. El equipo de Gobierno aprobó en solitario de forma inicial la Memoria justificativa que recoge los estatutos de la nueva Sociedad Mixta que regirá la empresa una vez se produzca la venta parcial, en la que el Ayuntamiento mantendrá el 51% de las acciones. La oposición, PSOE e IU, votó en contra de la operación, mientras IP se abstuvo a la espera de conocer el destino que dará el Ayuntamiento al capital que ingrese por esta ampliación de capital, que en principio se destinaría al Plan de Ajuste para el pago a proveedores. IP reprochó al socio de gobierno del PP, Antonio Jesús Ruiz Aguilar, su cambio de opinión respecto a 2008, cuando rechazó la venta parcial de Apemsa.

El alcalde Enrique Moresco no asistió al Pleno extraordinario, actuando como alcaldesa accidental la concejala de Economía y Hacienda, Leocadia Benavente, quien llamó al orden en varias ocasiones al público, formado por miembros de la plataforma 'Apemsa no se vende', empleados de la sociedad y del Ayuntamiento, que previamente se habían concentrado en la Plaza del Polvorista contra la venta parcial y por otros dos puntos del orden del día que recoge recortes sociales y sanitarios al personal laboral y funcionario del Ayuntamiento, que también aprobó en solitario el equipo de Gobierno (con el voto en contra de la oposición). Pese a que el público interrumpió en varias ocasiones al concejal de Mantenimiento Urbano, Damián Bornes, encargado de defender la Memoria justificativa, no se registraron más incidentes que las amonestaciones puntuales realizadas por la alcaldesa accidental a algunos asistentes.

La sesión se abrió con la intervención "dialogante y sin confrontación" ofrecida por el catedrático de la Universidad de Sevilla Vicente Manzano, en representación de la plataforma 'Apemsa no se vende' quien expuso las pautas que se repiten en la venta de las empresas de aguas: las consecuencias económicas negativas de la operación, al ser Apemsa una empresa solvente y con beneficios; la pérdida del control de la gestión de un bien imprescindible como el agua; la caída de la calidad del servicio y el incumplimiento de las condiciones laborales pactadas con los trabajadores.

Ese tono conciliador inicial se rompió al comenzar Damián Bornes su intervención, en la que advirtió a la oposición "espero que no vengan a montar un circo", acusación que rechazaron todos los portavoces. Damián Bornes negó que la entrada de capital privado en Apemsa pueda calificarse de "venta", y prefirió denominarla "ampliación de capital". Actualmente la empresa municipal de aguas cuenta con 150 acciones, a la que se sumarán otras 144 nuevas acciones, hasta alcanzar las 296. La incógnita que se mantiene, que no fue desvelada en el Pleno de ayer, es la cantidad que deberá aportar la empresa que quiera formar la nueva sociedad mixta por las 144 nuevas acciones. Fuentes de la oposición la sitúan en 17 millones de euros.

En su intervención, Damián Bornes justificó la entrada de capital tecnológico privado en Apemsa, afirmando que "hay que obtener capacidad tecnológica y contener el gasto público". Aseguró además que la propiedad seguirá en manos del Ayuntamiento, así como la gestión y la tarifa del agua. También acusó a la oposición de "intentar meter miedo a los trabajadores de Apemsa", y aseguró que la Memoria para constituir la nueva sociedad mixta "garantiza el mantenimiento de las condiciones laborales del personal".

Por su parte, el andalucista Ruiz Aguilar justificó su cambio de opinión respecto a 2008 por causas económicas: "Estamos intervenidos y sujetos a un Plan de Ajuste que todos los ayuntamientos fueron obligados a realizar, donde se incluían 14 millones de euros que procedían de Apemsa". También manifestó que el nuevo PGOU "precisará de inversiones en materia de saneamiento y aguas y es importante contar con un socio tecnológico que cuente con capacidad de gestión de grandes obras".

Pepa Conde (IU) se preguntó si esa tecnología no puede desarrollarla El Puerto Global, "que nos cuesta cuatro millones de euros anuales". Conde criticó la Memoria presentada, "que esconde una obra de ingeniería financiera y con la que se malvende una empresa municipal que es la joya de la corona, funciona bien y genera beneficios". La portavoz de IU indicó que "los portuenses pagaremos un precio muy alto para que otros se enriquezcan; la subida del recibo del agua será más que evidente".

Finalmente, el PSOE advirtió que los nuevos estatutos facultan al director gerente, propuesto por la empresa privada, "para contratar y despedir personal". Pidió además que se amplíe a tres meses el plazo de alegaciones a la Memoria aprobada ayer, con la que se pone en marcha el proceso de venta, y reprochó al alcalde que no estuviera en el pleno, exigiendo su "dimisión irrevocable por no dar la cara".