Políticamente constitucional

HACE algunos meses comentaba en este periódico que no andaba muy esperanzado en que el Tribunal Constitucional debatiera con seriedad sobre los recursos planteados a la Ley contra la Violencia de Género. Fiel a sus principios, tan alto órgano (dicen) no me ha defraudado. Con precisión militar el recuento de votos es, una vez más, un reflejo de los intereses políticos: todos los jueces tachados de progresistas votaron a favor, mientras que todos los jueces bautizados como conservadores lo hicieron en contra. Extraordinario ejemplo de pluralidad política, libertad de pensamiento y coherencia con la labor que el ciudadano les encomendó cuando aprobaron sus oposiciones; es decir, hacer justicia (dicen).

La citada ley, tres años después de su aprobación, ha demostrado su absoluta ineficacia, junto con una sobrada capacidad para lograr crear un estado de indefensión absoluta a los ciudadanos, de tal suerte que el Gobierno se plantea reformarla prontamente. Reformar las leyes es un sano ejercicio que busca actualizar su forma y función a los cambios que, inevitablemente, la sociedad va imponiendo, haciendo anacrónico aquello que una vez fue adecuado, socialmente aceptado y jurídicamente correcto. Reformar una ley, sea de la materia que sea, tres años después de su aprobación, no es sino una muestra más de su incapacidad para resolver aquello para lo que se promulgó.

Sin embargo, y haciendo un nuevo ejercicio de futurología, mucho me temo que los cambios vayan en la dirección de insistir tercamente en el camino errado, echando las culpas a mil excusas, siempre ajenas, para aumentar presupuestos, partidas, personal y, lo peor de todo, presión política a los profesionales encargados de llevarla a la práctica, con tal de que cuadren las cuentas. Nunca será culpa de que el espíritu de la citada ley se base en datos falsos o interpretaciones sesgadas de la realidad. Si hay que cambiar la realidad para que la ley sea acertada, siempre será aquella la que tendrá que ceder ante esta, so pena de descalificación y vilipendio.

El pensamiento manso de nuestros días hace albergar pocas esperanzas de que el común tome conciencia de lo que ocurre. Stanley Milgram, catedrático de Psicología en la Universidad de Yale, llevó a cabo en 1960 uno de los experimentos más conocidos e inquietantes de la Psicología. Tomando como objetivo ver hasta qué punto un ciudadano medio, como usted o yo, podía someterse a un gobierno autoritario, planteó un experimento que consistía en coger a dos sujetos, que pensaban que estaban participando en un estudio sobre la memoria, en donde uno adoptaba el papel del alumno y el otro el de profesor. El alumno estaba atado con correas a una silla y se le conectaba un electrodo a la muñeca. El profesor se sentaba frente a una máquina llamada Generador de descargas eléctricas tipo ZLB, que disponía de una serie de palancas tituladas: descarga leve, descarga moderada, descarga fuerte y peligro: descarga potente. El verdadero objeto de estudio era el profesor, ya que se pretendía medir la capacidad de una persona corriente para hacer sufrir a una víctima inocente y angustiada. La instrucción era que, a cada error del alumno al repetir una lista, el profesor debía darle una descarga. El resultado fue contundente: más de la mitad de los participantes estaban dispuestos a electrocutar a otro ciudadano hasta dejarlo inconsciente o provocarle la muerte, si ese era el encargo que había recibido de la autoridad establecida.

Si queremos buscar interpretaciones de la realidad que nos permitan generar discriminación positiva, el mundo está a nuestros pies. Podemos hacer que las infracciones de tráfico sean mucho más severas para los menores de veinticinco años; a fin de cuentas, son el segmento de edad que se ve implicado con mayor frecuencia en ellos. Podemos hacer que las madres que maltraten a sus hijos tenga mayor pena de cárcel ya que, como recientemente se ha recordado aunque todos lo sepamos desde hace décadas, la violencia que ejercen las madres sobre los hijos es estadísticamente mucho más frecuente que la que ejercen los padres. Podemos plantear que las penas a los empresarios de la construcción sean el doble o el triple que las de los empresarios de la enseñanza; a fin de cuentas, la construcción es el sector con mayores tasas de siniestralidad. Y así ad infinitum.

No soy tan inocente como para pensar que las leyes se aprueban por políticos, pero otra cosa distinta es el control judicial de éstas. Aprobar judicialmente leyes bajo dictados políticos me hace pensar que algo nos sobra: o los jueces o los políticos. Si no son capaces de pensar de forma independiente unos de otros, tal vez deberíamos plantearnos para qué tanto gasto y paripé.

La mesa está dispuesta, los botones encendidos. La autoridad ha dado vía libre. Sírvanse apretar el botón.