¿En nombre de quién?

TODOS tenemos derecho a defender nuestras opiniones, ciertas o erróneas, en cualquier circunstancia y sobre cualquier cuestión. Lo hacemos a diario, oralmente o por escrito. Lo que no solemos hacer, quienes no somos políticos, es arrogarnos la representación de un colectivo al que, sin consultar previamente, adjudican una determinada opinión.

Viene a cuento esta reflexión respecto a manifestaciones realizadas por políticos de uno y otro signo sobre el controvertido proyecto de ley del aborto.

Oímos con frecuencia: "Los españoles, o las mujeres, o los andaluces, o los ciudadanos no vamos a consentir…" Como si quien habla hubiera consultado previamente sus opiniones y estuviera autorizado a hablar en nombre de todos.

La realidad es muy distinta, no existen opiniones unánimes adjudicadas sin ningún rubor al colectivo al que dicen representar. Lo estamos viendo en la futura Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada sobre la que algunos políticos del Partido Popular se han manifestado contrarios a ciertos aspectos de la ley, mientras miembros del Grupo Federal de Cristianos Socialistas, dentro del PSOE, se muestran conformes. Así pues, ni siquiera los líderes políticos pueden hablar en nombre de todo el partido.

El ciudadano vota a un partido, pero es muy probable que, cuando lo hace, no esté de acuerdo al cien por cien con su programa, y mucho menos puede estarlo con el contenido total de futuras leyes apenas enunciadas. En leyes de la mayor importancia como aborto o educación, suponer que los millones de votos obtenidos son un cheque en blanco es mucho suponer.

Sin llegar al extremo de Suiza, donde la construcción de una nueva carretera es sometida a la aprobación en referéndum, hay leyes que por su importancia y transcendencia deberían aprobarse directamente por los electores y evitar así, como llevamos 35 años, que cada partido que llega al Gobierno cambie lo del anterior. Dando por hecho que no existe posibilidad de nuevos pactos entre PP y PSOE, sería deseable, para determinadas leyes, recurrir al referéndum popular como garantía de durabilidad.