Manifiesto por la Escuela Pública

EL artículo 26 de nuestra Carta Magna contempla la educación como un derecho fundamental e inherente a todas las personas, que requiere garantizar su carácter de servicio público y universal, para que la disparidad de condiciones económicas de la sociedad no influya sobre el acceso al saber y el desarrollo integral de las personas.

El sistema educativo ha sido diseñado estableciendo como ejes principales, por un lado, a las personas que lo integran, esto es, profesores/as, alumnos/as y padres y madres. Y, por otro lado, a las infraestructuras educativas.

La escuela no puede ser entendida como el lugar en el que se transmiten conocimientos, sino también los valores democráticos que impregnan en la actualidad nuestra sociedad. De ahí que sea el lugar para el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, y la promotora de la transformación social, encaminada al enriquecimiento de toda la ciudadanía.

En este sentido, la escuela es un elemento esencial para formar a las personas como ciudadanos bajo el prisma de la igualdad de oportunidades y el desarrollo de la personalidad.

Igualmente, la escuela se ha convertido en los últimos años en el lugar en el que se desarrollan algunas de las medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, a través del desarrollo del Plan de Apertura de Centro puesto en marcha por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

En esta realidad la escuela pública no sólo debe garantizar el acceso de todos y todas a las enseñanzas obligatorias y que éstas deban ser gratuitas, sino que debe avanzar un poco más.

Así, se han adoptados medidas encaminadas a que ningún niño o niña andaluza abandone sus estudios (Beca 6000), medidas encaminadas a reforzar la igualdad de oportunidades, medidas generadoras de integración y que inciden en la multiculturalidad, la formación de nuestros jóvenes en otras lenguas (plan de bilingüismo y becas idiomas y juventud) o medidas que permiten a nuestros jóvenes un mayor conocimiento de las nuevas tecnologías (Plan TIC).

Debe ser una prioridad en los resposable politicos que la partida presupuestaria destinada en nuestra comunidad autónoma a las políticas de Educación se aumente y no sólo para la mejora de las infraestructuras educativas, sino también para la mejora de la situación económica de las familias andaluzas, a través de medidas que alivien el esfuerzo económico que tienen que hacer como puede ser la gratuidad de los libros y la bonificación de servicios complementarios, como los comedores escolares o las aulas matinales.

La escuela pública debe tener un principal objetivo, y éste debe ser la educación de nuestros jóvenes como ciudadanos y ciudadanas de futuro. Y este objetivo sólo puede ser contemplado con la implicación, que no sólo participación, de toda la comunidad educativa, esto es: padres y madres, alumnos y alumnas y profesores y profesoras.

De ahí que sea esencial no sólo la selección del profesorado, sino su formación continuada y su especialización en las distintas áreas de conocimiento, reconociendo de esta manera la importante labor que realiza el profesorado en la consecucion de estos objetivos.

Por tanto, apostamos y defendemos una escuela pública, laica, democrática, de calidad y universal para avanzar en un modelo educativo: integral, preventivo, participativo, compensador de desigualdades y que eduque en diversidad cultural y para la convivencia.