Andalucía cumplió su parte

ES importante que en momentos en que se cuestiona la responsabilidad de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias y en las políticas de gasto e, incluso, se debate la esencia misma del Estado de las Autonomías se aporten datos objetivos sobre el funcionamiento de cada una de ellas. Generalizar es siempre injusto y simplificador. Por eso ha sido oportuno que la consejera de Hacienda de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, haya adelantado los datos provisionales sobre el déficit de la comunidad autónoma durante el ejercicio de 2010, que a 31 de diciembre se sitúan en el 2,17%, si bien con los ajustes contables correspondientes puede alcanzar el 2,4%. Ahora bien, esta cifra se ciñe a la acordada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que obligó a todos los gobiernos autonómicos a comprometerse con la política de control y reducción del déficit público al que forzaban los mercados financieros y la necesaria estabilidad de la economía española para hacer posible la reactivación. A este pacto entre el Estado y las autonomías siguió el tijeretazo decidido por el presidente Griñán en los presupuestos de Andalucía, que afectó en 846 millones de euros a la inversión directa y en 314 a los salarios de los empleados públicos. El esfuerzo realizado supone la corresponsabilización del Gobierno andaluz con los objetivos nacionales, con el consiguiente desgaste en términos sociales y electorales para los gobernantes que apuestan por ella. Coloca también a la Junta en una posición sólida en cualquier negociación que pueda desarrollarse sobre la cooperación entre la Administración central y las comunidades autónomas. Andalucía ha hecho los deberes. No parece que vaya a servirle para conseguir su antiguo objetivo de un tratamiento individualizado en materia de estabilidad o de endeudamiento porque la situación general no permite muchas alegrías. Pero mejora la consideración de Andalucía en el debate en curso acerca del presente y el futuro de las comunidades autónomas.