Jueces, fiscales, abogados y funcionarios, contra la reforma

Un centenar de funcionarios de Justicia, fiscales, jueces, abogados, procuradores y secretarios judiciales participaron ayer en la capital gaditana, ante los Juzgados de San José, en una concentración en protesta por las reformas emprendidas por el Gobierno en la Administración de Justicia. La juez decana de Cádiz, Nuria Orellana, fue la encargada de leer el comunicado conjunto difundido ayer por varias asociaciones de fiscales y jueces que exigen la retirada "inmediata" del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Consideran que perjudica la calidad de la Justicia y que no está justificada por la crisis económica que afecta al país.

Otro grupo de jueces, fiscales y funcionarios de Justicia protagonizó una segunda concentración ante la sede de la Audiencia Provincial de Cádiz. Como en otras ciudades de toda España, la jornada de protesta trataba de captar la atención de la ciudadanía, a la que piden que asuma "la defensa de la justicia y su independencia, como garantía de sus derechos y libertades".

El comunicado de los jueces y fiscales está suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Las asociaciones exigen en ese comunicado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantenga su actual estructura y competencias y que sea potenciado el Consejo Fiscal. Al tiempo, muestran su rechazo a "cualquier modificación que mine la independencia e imparcialidad del Poder Judicial".

Las asociaciones también exigen la autonomía presupuestaria del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado "para garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal". Además, reclaman el aumento de la planta con jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea, una justicia profesional dotada de los medios humanos y materiales necesarios, la determinación definitiva de la carga de trabajo compatible con una justicia de calidad y la adopción de medidas para paliar "el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los Juzgados y las Fiscalías".

Las asociaciones exigen también unas tasas judiciales "que no limiten el acceso de los ciudadanos a la Justicia".

La concentración de Jerez reunió a casi dos centenares de personas ante el edificio de los Juzgados de la avenida Tomás García Figueras. Allí se dieron cita desde los magistrados a los funcionarios, pasando por colectivos profesionales tales como fiscales, abogados y procuradores. El desacuerdo con las políticas de Madrid era evidente, si bien los diferentes grupos profesionales mostraron diferencias en torno a cuál de las imposiciones de Galardón eran más perjudiciales para el actual sistema de Administración de Justicia. Al encuentro no faltaron tampoco gran parte de los profesionales que desarrollan su labor en la sede judicial de la avenida Álvaro Domecq, sede de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz.

El juez decano de Jerez, Juan José Parra afirmó que las políticas del Gobierno "suponen el mayor ataque a las independencia judicial". "Se trata", dijo, "de un ataque inusitado y despiadado que destroza el tercer poder del Estado al intentar poner en el Poder Judicial a especialistas del Ministerio".

José Miguel Martínez, veterano juez ya jubilado, destacó, por su parte, que "el asunto de las tasas es uno de los menos importantes de la problemática actual".

"Se quiere circunscribir el problema a las tasas", comentó, "cuando en realidad están en peligro el Estatuto de la Magistratura o la forma de constituir el Poder Judicial. Lo importante es que el Poder Judicial puede ser nuevamente manipulado. Tanto es así que por primera vez, creo que en la historia y posiblemente sea así, todos los sectores se han unido en defensa de la Justicia".