El escándalo Ouviña salpica a Industria

Cuando los ecos del fraude de Bahía Competitiva aún resonaban, a raíz de la declaración ante la Policía de la que fuera responsable del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación Provincial, María José Valencia, ayer el PP volvió a poner patas arriba el asunto con un dato hasta ahora no conocido: la imputación,por parte de la Udyco de la Policía Nacional, de la cúpula del Ministerio de Industria, en la etapa del anterior Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

Hay que recordar que este escándalo se conoció a raíz de la reclamación inicial por parte del propio Ministerio de más de 14 millones de euros a un empresario gallego, Alejandro Manuel Dávila Ouviña, en julio de 2011, por no destinar esas subvenciones públicas de la Orden de Reindustrialización a materializar los proyectos empresariales para los que había solicitado el dinero, y que pensaba aplicar en la provincia de Cádiz pero que nunca vieron la luz. Poco después llegaría su detención (imagen superior) en el municipio gallego de A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Ayer, año y medio después, el parlamentario andaluz y presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, desvelaba estas nuevas imputaciones en el pleno del Parlamento andaluz, durante una interpelación al consejero de Economía, Empleo e Innovación, Antonio Avila. Según dijo, las imputaciones, realizadas por la Udyco (dependiente de la Comisaría General de la Policía Judicial), afectan a "toda la cadena de mando del Ministerio de Industria" en la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la que se produjo el fraude con el dinero del Plan Bahía Competitiva, destinado a ayudas a la Reindustrialización de Cádiz.

Los imputados, según dijo sin dar nombres concretos, son las personas que desempeñaban el cargo de "secretaria general de Industria, el director general de Industria, el subdirector general, el subdirector general adjunto y un técnico adscrito al Plan Bahía Competitiva". Esos cargos eran, siguiendo el orden enumerado por Sanz, Teresa Santero; Jesús Candil; Ramón Herrero; y Alejandro Fernández. No ha trascendido la identidad del técnico.

Estos nombres, por tanto, se suman a los de la ya comentada María José Valencia (que prestó declaración ante la Unidad de Blanqueo de Capitales, motivo por el que ha sido cesada por su propio partido, el PSOE); y el de Antonio Perales, quien fuera responsable político de Bahía Competitiva.

Ayer, Antonio Sanz criticó que las administraciones socialistas hayan "permitido el saqueo del dinero" destinado a la creación de empleo y el "robo" de "25 millones de euros" del Plan Bahía Competitiva, que, según dijo, "se han fugado". Según explicó Sanz, ese dinero fue concedido "a entornos empresariales socialistas sin escrúpulos", con "falsos informes de solvencia" y a "entramados empresariales constituidos para acceder a estas ayudas" o "empresas fantasmas con sedes en bares de Alcalá de los Gazules" y sin actividad alguna.

En su intervención de réplica, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Avila, recordó que este caso fue denunciado por la Junta después de que la Agencia de Inovación IDEA detectara un posible fraude, por lo que pidió al diputado popular que no se "cuelgue medallitas".

Según Avila, después de que la Agencia de Innovación detectara el posible fraude, la Junta lo denunció ante el servicio de blanqueo del Banco de España y lo trasladó a la Fiscalía, de modo que "todo lo que está poniendo usted sobre la mesa como un gran descubrimiento fue ya expuesto por este consejero", señaló. "Yo no he hecho ningún saqueo ni he permitido nada, como usted acaba de decir", matizó Ávila, que pidió a Sanz "un poco de respeto al honor de las personas" tras lo cual le acusó de haber "mentido prácticamente en todo lo que ha dicho".

El caso Bahía Competitiva salió a la luz en noviembre del 2011 cuando, tras la denuncia de la Junta, fueron detenidos varios empresarios, entre ellos el gallego Alejandro Manuel Dávila Oubiña, supuesto cabecilla de la trama que recibió ayudas millonarias del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para proyectos de reindustrialización de la provincia de Cádiz que finalmente no se llevaron a cabo. El PP, que está personado en el sumario, mantiene que las investigaciones revelan que la concesión de estas ayudas del Plan Bahía Competitiva, cuyo gerente era Antonio Perales, se dirimían "a dedo" en el despacho del presidente de la Diputación de Cádiz, entonces ocupado por el socialista Francisco González Cabaña.