Tele alcalde

La fotografía principal que ilustra este reportaje es un icono. La socialista Pilar Sánchez acaba de ganar las elecciones municipales de 2003 en Jerez y lo primero que hace, nada más conocer el resultado, es arrebatar a un periodista de la televisión municipal su micrófono y enarbolarlo como el nuevo símbolo de la libertad. Lo segundo que hace, dos años después, en 2005, cuando accede a la alcaldía, es contratar de asesor a un periodista que, desde ese mismo momento, pasará a ser la correa de transmisión entre la alcaldía y la televisión. El comisario, fue bautizado por una plantilla que en poco tiempo pasó de tener 40 trabajadores a casi el doble con un presupuesto que se dobló hasta los cuatro millones y medio. Si se extrapolara a los habitantes, pongamos por caso, de la Comunidad Valenciana, con cinco millones de habitantes, esa televisión para una ciudad de 200.000 habitantes habría tenido una plantilla de 2.000 trabajadores y un presupuesto de 120 millones de euros. Eso quebró la semana que ha terminado al canal autonómico valenciano; eso quebró hace tiempo a Onda Jerez.

Pilar Sánchez colocó al frente de aquella televisión grandilocuente a una estrella en decadencia, Pedro Rollán, sin ningún bagaje gestor, y le asignó medio millón de euros de sueldo. Aquel icono, aquel micrófono que ponía fin al control catódico del ex alcalde Pedro Pacheco, que había sido pionero en la comunicación televisiva al servicio de la propaganda municipal -"a la gente le gusta verse en la tele", se dijo entonces-, es hoy un enorme agujero de casi ocho millones de euros y sobre la plantilla pesa desde la llegada de la popular María José García Pelayo a la alcaldía la amenaza de un ERE que luego se hizo ERTE. Incluso coqueteó la alcaldesa con la idea del cierre de la televisión, pero no lo hizo. El "servicio público" pudo más.

Telepilar, teleteo, telelandaluce... las televisiones locales municipales se asimilan por la oposición y por parte de la ciudadanía como instrumentos de autobombo de los alcaldes. Carmen Morillo, integrante del Consejo Audiovisual, que analiza a casi 80 televisiones locales en toda la región, destaca que "en todas las televisiones municipales el porcentaje de emisión que se le da a la figura del alcalde es abrumadora. Los alcaldes están omnipresentes en la parrilla con inauguraciones de todo tipo".

Este Consejo ha emitido dictámenes que afean a Onda Cádiz los excesos de laurel con los que se unge el ayuntamiento en su televisión, lo que incluye faldones en las muy seguidas emisiones de carnaval sobre lo bien que se hacen las cosas por parte de quien paga la televisión. "A pesar de la crisis, Cádiz mejora", figuraba en pantalla bajo la actuaciónde un coro o una chirigota. También se avisa del escaso espacio para la crítica. Juan Carlos Jiménez Laz, director de Onda Cádiz, niega la mayor. "El Consejo hizo mal su trabajo. Onda Cádiz cumple escrupulosamente lo que exige la ley sobre pluralidad, una pluralidad que no es sólo política, sino también social y cultural. El Consejo analizaba media hora diaria, los informativos, pero no entraba en una emisión muy variada que es de producción propia durante las 24 horas y que incluye debates donde están presentes todoas las fuerzas políticas. Nosotros cumplimos nuestra función que yo no calificaría como un término tan ambiguo como servicio público, sino rentabilidad social, es decir, llegar al público con contenidos muy cercanos a costes razonables. No se presta ningún servicio público si no se llega a la ciudadanía, es decir, si no hay audiencia, o si se despilfarra".

Parece que Jiménez Laz, en esta definición, retrata lo sucedido con la televisión valenciana, que esta pasada semana ha echado el cierre con menos de un 4% de audiencia al no poder sostener a nuna plantilla de 1.700 trabajadores al servicio de los gobiernos de la comunidad autónoma. Un ejemplo de televisión faraónica y de culto al líder. En la provincia una televisión municipal tomó el mismo camino que la valenciana. En agosto de 2011 cerraba sus emisiones la televisión de Los Barrios dejando un agujero estratosférico de 50 millones de euros. 28 personas trabajando en la televisión de un municipio de 23.000 almas. En 2008, la facturación de la tele de Los Barrios era de 350.000 euros. En el siguiente ejercicio, 40.000. El maquillaje se cayó de la cara. La televisión formaba parte de los balances mentirosos que proliferaron durante la bonanza. Cádiz llegó a ser la provincia con el mayor número de televisiones municipales, doce, de toda España. De aquellas doce hoy sólo quedan tres con una estructura de empresa de comunicación audiovisual, si bien el EGM contabiliza hasta una veintena de televisiones locales entre públicas, privadas o mixtas (legales o ilegales). A las dos principales, Cádiz y Jerez, no se les puede negar el éxito. De hecho, Onda Cádiz, con 221.000 espectadores en la última oleada, pero con un acumulado de 248.000, es la segunda más vista de España después de la televisión municipal de Barcelona. Algeciras, con 58.000 espectadores, está en una franja media. Esto no las convierte en rentables. "Las televisiones locales generan un coste al ciudadano, jamás pueden ser rentables. Una televisión pública que funcione bien genera en ingresos comerciales el 30% de su coste, aunque hay algunas, como Canal Sur, que supera con dificultad el 10%. El resto tiene que salir de la caja común", afirma un antiguo directivo de una de ellas. Jiménez Laz no da cifras, pero admite que "la televisión es un medio caro. La ciudadanía tiene que valorar si lo que ofrece merece la pena, es decir, si la ve o no la ve. Un hospital es más importante que una televisión local, estamos de acuerdo, pero si la televisión local sirve para dar a conocer lo que el hospital puede hacer por el ciudadano entonces sí tiene una rentabilidad social".

Carmen Morillo, del Consejo Audiovisual, no demoniza a las televisiones municipales pese al escaso autocontrol sobre sus contenidos. "Defiendo los medios de comunicación públicos porque en ellos radica el derecho del ciudadano a la información, al entretenimiento y a la cultura de la proximidad".

Esa cultura de la proximidad se expresa en las fiestas populares, que son los puntos fuertes de las programaciones y también donde se va buena parte del presupuesto. Onda Cádiz, cuyo presupuesto en 2012 era de 1.700.000 euros, cuenta con una plantilla de unos veinte trabajadores que se triplican en Semana Santa. Ni los ingresos de Semana Santa ni los de Carnaval, cuando logra los mejores registros de audiencia, enjugan los costes que genera cubrir esos eventos y sólo la aportación que cada área municipal entrega a la televisión permite que las cuentas se salven a finales de año sin generar los agujeros que sí tiene Onda Jerez.

Con este panorama los ayuntamientos han buscado otras fórmulas. El decreto de las TDT, con concesiones limitadas, ha aclarado el panorama. Según esta normativa, los pequeños ayuntamientos se tienen que asociar por comarcas para tener una televisión. Nadie lo ha hecho. Sería imposible poner de acuerdo a ayuntamientos, del mismo o distinto signo, sobre quién se queda con el prime time. ¿Qué hacen entonces? Buscan acuerdos con las cadenas privadas que tienen la concesión. Es lo que han hecho San Roque o Chipiona. El caso de Chipiona, con televisión desde principios de los 90, es digno de estudiar por su bajo coste y los objetivos que persigue. Cristóbal Ruiz dirige el departamento que, con diez personas, lleva desde la televisión hasta la megafonía de playas. "Aquí todos tenemos que saber un poco de todo. Hemos llegado a un acuerdo con Sol TV para que nos ceda una hora de su programación. Buscamos beneficios sociales. Somos un pueblo pequeño y nos conocemos todos así que intentamos ir a lo que incumbe al vecino. Por ejemplo, una de las últimas cosas que hemos hecho es realizar una cuestación para una niña del pueblo que necesita una prótesis". No niega que haya tenido presiones políticas, "pero yo llevo en la radio y la televisión municipal desde finales de los 80 y he visto pasar a muchos alcaldes y aquí sigo. A unos les gustará más y a otros menos lo que hacemos, pero no estamos marcados por el color del Ayuntamiento".

Si Chipiona no forma parte de una televisión comarcal como quería conformar el decreto de las TDT es porque fue imposible llegar a un acuerdo con Sanlúcar, como tampoco lo hicieron Rota o Trebujena. De este modo, Sanlúcar se ha quedado con la concesión para montar la televisión Costa Noroeste. Pero, en otro ejemplo de hacia donde va el mapa audiovisual local, Costa Noroeste no es una televisión municipal, ya que como único empleado tiene a su gerente. Con un coste reconocido de 150.000 euros lo que hace Costa Noroeste es comprar productos a la antigua televisión local, Telesanlúcar, una empresa privada.

La asfixia económica ha eliminado contaminación política en las pantallas. En El libro negro del periodismo, donde el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, Bernardo Díaz Nosty, dibuja un sombrío panorama de la profesión periodística, se cifra la sangría de empleo que se ha sufrido en el sector en los últimos años. Pero matiza que detrás de los lamentos sobre la libertad y el derecho a la información se oculta que gran parte de ese empleo perdido era el que creaban los egos de la taifa audiovisual que engordó durante años las deudas de las administraciones bajo la etiqueta de la televisión de servicio público.