Una veintena de causas contra alcaldes y ex alcaldes

Toda la geografía provincial está salpicada de sospechas, en la mayor parte por casos que vienen de lejos y han dado la cara durante esta legislatura. Un total de veinte alcaldes o ex alcaldes de quince poblaciones, acompañados de casi un centenar de concejales, han pasado o están pendientes de pasar por el banquillo o presentarse ante el juez por causas de la más diversa naturaleza, algunas de ellas de una naturaleza bastante absurda y ninguna de ellas, que se sepa, por enriquecimiento personal. Esta es la la instantánea de la diaria crónica judicial de la política local en la provincia.

Un ex alcalde en la cárcel, una ex alcaldesa condenada y una alcaldesa denunciada e investigada por el juez del caso Gurtel, Pablo Ruz. Es el estado de las cosas en una ciudad, la mayor de la provincia, en la que todo ocurre de forma exagerada. Pedro Pacheco está en un módulo de respeto de Puerto 3 desde hace cuatro meses por una chapuza en un caso de enchufismo, fórmula que siempre ha funcionado en este ayuntamiento como oficina de empleo. Como socio de la socialista Pilar Sánchez, se hizo con los servicios para su área de Urbanismo de dos compañeros de partido, el ex concejal Pepe López y José Cobacho. Según la sentencia, les pagaba una nómina a cambio de no hacer nada. Lo que sería, alejándonos de la terminología judicial, robar para invitar. O lo que es lo mismo, malversación de dinero público, 320.000 euros en total, las nóminas de los contratados que no tenían ni una mala mesa en la Gerencia de Urbanismo. Eso se paga con una pena que puede parecer desproporcionada en comparación con lo que estamos acostumbrados a leer en la prensa: cinco años. Es el código penal, que así se las gasta. El dinero público es sagrado, si te pillan. Y, según la sentencia, a Pacheco, un histórico de la transición andaluza, le pillaron.

Pacheco, además, se tiene que enfrentar en breve, junto a otras diez personas, entre las que se encuentra el que era hermano mayor del Rocío, a un juicio por pagar con dinero público las obras de la Hermandad en Almonte, y a otro por la venta de la antigua estación de autobuses a un empresario afín, José Luis López, El Turronero, también imputado junto a tres testaferros y el antiguo gerente de la empresa del suelo.

La socialista Pilar Sánchez también es una habitual de los juzgados en los últimos meses. Ya ha sido condenada a dos años por cambiar de destino un dinero que venía de Madrid en el paquete del Plan E de Zapatero. Ella lo utilizó para pagar nóminas. En estos días se ha estado viendo su segundo caso ante la Justicia, que salpica, además, a tres de los que fueron sus concejales, y que se refiere a la concesión de una ayuda de 244.000 euros a una empresa que no cumplía las condiciones para instalarse en el parque tecnológico agroalimentario. Por último, aún no ha quedado claro si está o no está imputada en el marco de la Operación Edu, que indaga en el fraude los cursos de formación de la Junta.

A esto habría que añadir otro alcalde jerezano, poco conocido menos por sus vecinos. Es el que fue regidor durante muchos años de la pequeña pedanía de Torrecera, el socialista Agustín Moreno, que de la noche a la mañana se convirtió en trabajador de una empresa de la Faja Pirítica de Huelva, pero sólo para convertirse en prejubilado y cobrar la indemnización de los ERE. Tras dejar la alcaldía, se tuvo que dedicar a cultivar aloe vera y a la venta ambulante para subsistir. Es un asunto extraño. Está a la espera de que alguna vez la juez Mercedes Alaya, o quien le suceda, finalice la instrucción de este macrocaso.

Un solo caso, con 21 imputados tras finalizar la instrucción judicial, salpica a dos municipios y tres bastones de mando. Es el conocido como caso de los uniformes, por el cual una empresa del ex alcalde de Roteños Unidos, Lorenzo Sánchez, nutrió de ropa de trabajo a los ayuntamientos de Rota y Chipiona, ambos gobernados por el PP. Los dos alcaldes, Eva Corrales y Antonio Peña, han sido imputados.

Aparte, los socios roteños Lorenzo Sánchez y Eva Corrales tendrán que pisar antes los juzgados, otra vez juntos, para explicar por qué un funcionario realizó un desproporcionado número de horas extra. O es que simplemente no las hizo y sólo las cobró. Por esos 42.000 euros que se llevó el funcionario en ese concepto Corrales se enfrenta a una acusación que pide cuatro años de cárcel.

Y un tercer caso en el que Corrales y Sánchez unen sus destinos es el de los convenios urbanísticos con una constructora local, Felipe Castellanos, que percibió 4 millones, que ya ha devuelto, por ellos.

La comarca de la Sierra entró en la legislatura arrastrando algunos casos sonados de 'imputación', como el alcalde de Benaocaz, al que le desaparecieron 72.000 euros, o el de Bornos, Juan Sevillano, seis años inhabilitado pero que volvió a ser candidato por el PSOE, o el de Villaluenga, imputado en su día pero no por corrupción, sino por conducir con unas copas de más. En estos últimos cuatro años también ha habido rocanrol.

Puerto Serrano, que va por su tercer alcalde en esta legislatura, ha sido el municipio más movido. IU ganó las elecciones en 2011 y el histórico alcalde del pueblo, Pedro Ruiz, seguía al frente, pero tuvo que dejarlo al ser condenado por no estar claro cómo habían accedido tres policías locales a sus plazas. Su sustituto, Francisco Javier Gómez, jornalero, dejó el cargo cuando cayeron sobre él denuncias por saltarse la bolsa de trabajo, supuestas irregularidades urbanísticas o darle a la floristería de su mujer todos los encargos municipales. No figura, que se sepa, como imputado. Se fue antes. Dijo que no aguantaba la presión judicial a la que le sometía el PSOE, que quería vivir tranquilo.

Sí lo está el de Arcos, José Luis Núñez, junto a dos de sus concejales, por haber contratado temporalmente a quince familiares y nueve miembros de sus candidaturas electorales. El asfixiante paro de Arcos obliga a unos turnos rotatorios en los que el Ayuntamiento idea tareas para su población desempleada. Y no hay nada de lo que estén más pendientes en Arcos que nadie se salte la lista de espera para cobrar 600 euros por 15 días de trabajo.

La alcaldesa de Grazalema, María José Lara Mateos, debe soñar con el desvío del río Guadalete, que le ha ocasionado un quebradero judicial traducido en la imputación por cinco delitos. La cosa viene de lejos, de la Operación Pinsapar, realizada por la Guardia Civil en 2006, que empezó por una denuncia de la propia alcaldesa, que había escuchado las quejas de unos promotores que le aseguraron que el arquitecto municipal pedía comisiones. El asunto se volvió contra ella y después de un gran ruido, Lara, una vez finalizadas las elecciones, fue desimputada, que es una palabra que no existe y debería empezar a existir, sobre todo después de los periodos electorales.

Hablar de La Janda es hacerlo de Barbate, un clásico de la comidilla judicial desde que el hermano de Alfonso Guerra iniciara en este municipio la corrupción de la nueva era. En esta última legislatura, el alcalde socialista, Rafael Quirós, se ha visto imputado por hacerse el sueco ante las denuncias de la policía local contra determinados empresarios, dar autorización a una fiesta musical o entregar la gestión de unas viviendas a una empresa. Quirós ya se toma las imputaciones como una rutina. Su antecesor en el cargo, Juan Manuel de Jesús, también se las había visto con la Justicia por vender una parcela del Ayuntamiento por debajo de su precio. En Barbate siempre hay algo de lo que hablar.

En Vejer el imputado no es el alcalde, sino el antecesor, Antonio Verdú. que flagela al actual alcalde desde la oposición. La causa es si hubo sobrecostes en la construcción del teatro municipal, en la época en que todos los pueblos tenían que tener un polideportivo y un teatro municipal.

Fraccionar el coste de una obra para poder dar concesiones a las empresas cercanas al Ayuntamiento, una práctica más que común dentro de las administraciones locales con el fin de saltarse los concursos, fue el motivo de la imputación del alcalde de Medina Sidonia, Francisco Carrera. En esta ocasión lo que se iba a hacer era rehabiltar las murallas de la ciudad.

Con el independiente Hernán Díaz el desafío entre poder municipal y poder legal arrancó un pulso en El Puerto que, en algunas ocasiones, tuvo ribetes cómicos. Uno de los alumnos de Díaz, Enrique Moresco, alcalde por el PP hasta dejarlo durante esta legislatura por causas que nadie podría explicar como lógicas y transmutarse en asesor de turismo de Diputación, pese a no tener título alguno que le acreditara como experto de nada, siguió los pasos en su obcecación por hacer las cosas porque había que hacerlas, por las bravas. Por las bravas vio la fiscalía indicio de delito en la forma en que la empresa de aguas, Apemsa, en vías de privatización, cedía servicios a la empresa Aqualia, con una presencia creciente en la provincia para gestionar el suministro.

En Puerto Real la andalucista María Isabel Peinado, que llegó a la alcaldía prometiendo que regenaría la política municipal tras los modos cubanos de José Antonio Barroso, se vio con que la fiscalía veía sentido a la denuncia de una asociación dedicada a la gestión de aceites y grasas comustibles, por la cual se habría adjudicado a dedo a una empresa afín la exclusividad de la recogida de aceites usados domésticos. De paso, la imputación llegó a la concejal de Medio Ambiente. Que la información que pidió la opsición sobre el asunto fuera contestada con el silencio no ayudó demasiado.

En un escalón inferior, en Cádiz dos concejales, Ignacio Romaní, del PP, y Marta Meléndez, del PSOE, se vieron imputados por casos tan distintos como la movida del fiasco de la empresa Quality Food en Zona Franca, y la gestión de las infraestructuras educativas en la provincia. Ambos casos son más de omisión que de acción: por no haber informado a la Justicia de lo que parecía raro. Él ya está libre de culpa.

En 2012 Juan Carlos Juárez, el alcalde del GIL fichado por el PP para La Línea, fue absuelto por el Supremo de un caso por el que había sido condenado a siete años de inhabilitación, el Roseworld, la empresa que se quedó con unas parcelas municipales perjudicando a otras. Es un ejemplo de lo largúísimo, casi diez años, que puede ser una resolución firme tras una imputación.

Dos ex alcaldes socialistas de Algeciras, otro de Los Barrios, otro de Jimena, y otro de Tarifa completan la nómina de imputaciones en los últimos años en el Campo de Gibraltar. Queda un largo camino para que haya una resolución firme como la de Juárez.