La Fiscalía decide investigar el caso de los acuíferos contaminados

Cádiz/La Fiscalía de Cádiz ha abierto diligencias penales para investigar la contaminación de los acuíferos de Chiclana por las filtraciones de las fosas sépticas de las 18.000 viviendas irregulares de la localidad, una situación que Ecologista en Acción ha descrito como una "bomba de relojería ambiental".

Según indicaron fuentes jurídicas, la Fiscalía abrió la diligencias de oficio después de que la semana pasada se conociera la existencia de un informe que señala que los acuíferos que abastecen de agua los pozos ilegales de estas viviendas, en las que en verano viven 53.000 personas, están "completamente contaminados" por nitratos y coliformes de origen fecal.

Ante el "interés general" del asunto y el posible riesgo para la salud de los vecinos, la Fiscalía ha ordenado investigar qué está ocurriendo, según las mismas fuentes.

Por su parte, Ecologistas en Acción exigió ayer la publicación del informe sobre los acuíferos de Chiclana que motivó que el alcalde de esa localidad, Ernesto Marín (PP), destituyese a Susana Moreno, hasta entonces del Partido Vecinal Regionalista (PVRE), como delegada municipal de Vías y Obras.

"Estamos ante un problema sanitario generalizado", afirma en un comunicado Ecologistas en Acción, que insta a la "adopción de medidas de regulación urbanística aplicando la disciplina y ejecutando las necesarias obras de acometida para aguas potables y de saneamiento a cargo de los vecinos".

Ecologistas también reclama "la colaboración institucional entre todas las administraciones con competencias en el problema, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Chiclana, para poner fin a esta intolerable amenaza sobre la salud".

La organización también pide igualmente que sean identificadas las situaciones más graves de contaminación difusa del acuífero y que sea acotado el foco del problema de manera que sean ejercidas "las imprescindibles labores de vigilancia, control y corrección".

Ecologistas considera que "la situación provocada por la existencia de más de 18.000 viviendas en Chiclana sin atisbo de depuración de sus aguas residuales, un diseminado ilegal consentido por todas las administraciones, ha estallado a raíz" del referido informe.

"La Consejería de Medio Ambiente está obligada a controlar y gestionar la calidad de las aguas subterráneas y el Ayuntamiento de Chiclana tiene que velar por la salud de sus ciudadanos", afirma la organización, que incide en que "la existencia de más de tres millones de metros cúbicos de aguas fecales sin atisbo de depuración alguna es una auténtica bomba de relojería ambiental que en cualquier momento puede ocasionar infecciones e intoxicaciones severas".

"Son 53.000 vecinos", añade, "los que viven sobre un acuífero gravemente contaminado, y aunque sea vox populi que esas aguas no se pueden beber, la posibilidad de enfermedades gastrointestinales no puede ser descartada. Además, los nitratos procedentes de la acumulación de esta enorme carga de fracción orgánica se pueden convertir en nitritos, estos sí cancerígenos".