Empleo hizo oídos sordos a las alertas de caos en el dinero de la formación

La interventora provincial de la Junta en materia de empleo, Nieves Chao, realizó el pasado 18 de febrero en el cuartel de la Guardia Civil una declaración en la que se ratificaba en un durísimo informe previo que revelaba el más absoluto caos en el control del dinero destinado a la Formación.

Esa declaración es una de las pruebas que maneja la juez Mercedes Alaya para acusar de malversación y prevaricación al anterior delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, cuya firma figura al pie de certificaciones de subvenciones que no se habían justificado y que contenían numerosas irregularidades, según consta en la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Entre estos expedientes se encuentran beneficiarios de subvenciones como Afanas, Formación 2002, Fyser, Ingecoop o la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.

Chao aseguraba en su declaración que para realizar una ingente labor de fiscalización sobre los numerosos cursos de formación sólo contaba con tres personas, lo que fue comunicado, sin resultado alguno, a sus superiores en varias ocasiones. Pese a ese escaso personal, que sólo les permitía trabajar sobre expedientes aleatorios de un universo global, al más puro estilo demoscópico, su oficina detectaba continuas irregularidades, principalmente relacionadas con la falta de justificaciones, de las que se informaba "mensualmente" al Servicio Andaluz de Empleo. "Ante esto, en la generalidad de los casos el órgano gestor (el SAE) no comunicaba nada".

El sistema, según detalló Chao, era el siguiente. Para un curso de formación se pagaba el 75% en su inicio. Una vez justificado, se pagaba el siguiente 25%. ¿Esto era así? En absoluto. Lo que sucedía era que el preceptor de la subvención cobraba el 75%, no lo justificaba y no cobraba el 25%, que, por supuesto, sólo en contadas ocasiones reclamaba. No lo reclamaba porque en el siguiente ejercicio el beneficiario de las subvenciones, que no había justificado las del año anterior, volvía a estar en el listado de beneficiarios. Esto era absolutamente irregular, pero se arbitró un sistema novedoso: la exoneración de justificar.

Declaró Chao: "Muchos de los beneficiarios que no habían justificado eran beneficiarios en ejercicios posteriores. Sin embargo, como estaban incluidos en la relación de entidades sobre las cuales se referían las resoluciones de exoneración que anualmente se dictaban, finalmente sí que se les realizaba el pago".

Eso no era una excepción. Era casi una regla. Desde 2008, Chao enviaba al SAE un memorandum llamado "listado de documentos pendientes de justificar por aplicaciones". El SAE nunca hizo nada con ese informe.

El resultado era un desajuste presupuestario enorme -ya que no se pagaba ese 25% previsto-, que en la provincia llegó a alcanzar en el 2011 más de 42 millones de euros. 42 millones son muchos millones arrastrados, que se habían ido acumulando y pasando al ejercicio posterior, en una práctica contable poco edificante.

El SAE, explicaba Chao, jamás pareció preocuparse en exceso por las continuas alertas que realizaba Intervención. No realizó alegaciones a un informe de 2012, o lo hacía de manera incompleta cuando se advertía de un informe de actuación. Los investigadores de la UCO se interesaron por saber si en el informe de 2012 podían concurrir circunstancias que produjeran menoscabo de los fondos públicos. "Aunque no lo he analizado, la importancia y gravedad de algunas de las circunstancias que se aprecian podrían dar lugar a un menoscabo de fondos públicos. También se propusieron al órgano gestor expedientes de reintegro, pero no he tenido ningún tipo de noticia de si se han iniciado o si alguno se ha elevado a definitivo". Era un órgano de la Junta, un órgano de control, chocándose contra un muro, el de la propia Junta.

La intervención siguió descubriendo cosas. En un informe especial más amplio, que indagaba en aspectos no tratados hasta el momento de las subvenciones concedidas entre 2009 y 2012, pidieron documentación anexa. Lo que les llegó, de forma "desordenada e incompleta, documentación que en ningún caso puede considerarse como expedientes", permitió conocer otro aspecto que apuntalaba el caos. Para alcanzar una subvención destinada a la formación el beneficiario tenía que estar inscrito en un registro de centros de formación de la Junta de Andalucía. Al cotejar los beneficiarios, comprobaron que ni siquiera eso se cumplía en buena parte de los casos, lo que tendría que haber invalidado la concesión de la subvención.