Los ecologistas abandonan la Junta Rectora del Sierra de Grazalema

Los tres representantes de Ecologistas en Acción en la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema no asistirán a la próxima sesión, convocada para hoy, y se plantean el abandono definitivo de este organismo de participación y control de la gestión de este espacio protegido. La razón: la reiterada negativa a que se debata sobre los proyectos "ilegales" que se vienen desarrollando, señalan los ecologistas en un comunicado. A su juicio, están teniendo como consecuencia "la consolidación de una política de hechos consumados con altísimos e irreversibles impactos ambientales y paisajísticos".

La organización ha comunicado a su presidente, el alcalde de Villaluenga, Alfonso Moscoso, su más enérgica protesta por que no se haya incluido en el orden del día de la sesión de hoy ninguno de los puntos propuestos, todos de máxima urgencia y algunos de ellos reclamados desde hace más de tres años. "No asistiremos y nos replantearemos nuestra participación en un órgano en el que se obstruye sistemáticamente el ejercicio de sus funciones, entre las que se encuentra el control de la legalidad, y en el que se vulneran los derechos de sus miembros", dicen.

Entre los asuntos cuyo debate ha sido rechazado, los ecologistas citan el Decreto 72/2015, de modificación de del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que "desprotege una zona en torno a Villaluenga muy superior a lo aprobado en la Junta Rectora". Aseguran que lo más grave es que la Junta haya cambiado también los límites del parque natural para "favorecer intereses especulativos" en El Bosque, Ubrique, Montejaque y Benaoján.

En la lista también figura el Decreto 15/2011, que modificó la regulación de los parques naturales, dando prevalencia a los planes urbanísticos sobre la normativa del parque natural. Fue informado favorablemente por la Junta Rectora a pesar de las advertencias de su "ilegalidad" por parte de los ecologistas. Ha sido anulado por el TSJA, pero "se sigue aplicando y se niegan a asumir responsabilidades", sostiene la organización.

Otro de los puntos es la Resolución del Defensor del Pueblo sobre la construcción de pistas forestales en las sierras de Labradillo y Margarita, abiertas "incumpliendo la normativa del parque natural y causando un enorme impacto ambiental". El Defensor probó una dura Resolución en mayo de 2012 que "pone en evidencia la actuación negligente de la Consejería de Medio Ambiente al no tramitar las denuncias presentadas ni actuar ante el desastre ambiental generado".

La lista culmina con dos nuevos parques industriales: el de Grazalema y el de Venta Martín, en Benaocaz, ambos construidos "de manera ilegal". El primero fue llevado ante la Fiscalía por atentar contra la tipología tradicional de los pueblos blancos, incumpliendo el PGOU, la Declaración de Impacto Ambiental, el PORN y el Plan Rector de Uso y Gestión del parque natural. La Fiscalía denunció el caso en el Juzgado de Ubrique y generó una resolución del director general de Urbanismo dirigida a la alcaldesa de Grazalema en la que se le advertía de que el proyecto infringe el PGOU y de que debía anularlo. Los ecologistas dicen que no solo no se ha atendido este requerimiento, sino que es el PGOU el que se está cambiando para que encaje. Denuncian que incluso "se ha llegado a falsificar un acta de la Junta Rectora en la que se omite la propuesta ecologista de instar al Ayuntamiento a modificar el proyecto". Respecto al parque industrial de Benaocaz argumentan que ha causado un enorme impacto paisajístico en el corazón del parque natural, que ni siquiera tiene aprobado el plan parcial y que la consejería no ha exigido la correspondiente evaluación de impacto ambiental.

Por último, los ecologistas protestan porque tampoco se atienden los ruegos y preguntas.

Este periódico intentó ayer contactar con el presidente de la Junta Rectora del parque natural.