David le pega un chinazo a la Banca Goliath por las comisiones en ventanilla

El abogado que ganó una demanda en un juzgado de Chiclana y las asociaciones de consumidores instan al Gobierno central, que las defiende, a acabar con esta práctica abusiva e ilegal

Juan Marqués Cádiz

12 de abril 2015 - 05:01

Trece euros con un céntimo, 54 con dos, 102 con tres... Desde hace algún tiempo, los cajeros -los de carne y hueso- deben andar siempre bien provistos de céntimos para dar el cambio. Sucede así desde que los bancos implantaron las comisiones por ingresos en ventanilla, una eficaz estrategia ideada para reconducir a la clientela a los cajeros automáticos y a internet con el fin de seguir reduciendo plantillas. Y de paso seguir haciendo caja. La clientela, que no tiene un pelo de tonta, también implantó su propia estrategia de autodefensa para no pagar unas comisiones que siempre ha considerado injustas: como los dos, tres o incluso cuatro euros de comisión se cobran en ventanilla si el cajero anota el nombre del contribuyente o algún concepto en el ingreso, basta con introducir uno o dos decimales para identificarse. Un sencillo truco muy extendido a la hora de pagar, por ejemplo, las cuotas o las derramas de las comunidades de vecinos y ahorrarse decenas -o cientos- de euros al año.

Pues bien, a partir de ahora, se acabaron los céntimos y las comisiones. O debieran de acabarse. Un juzgado de Chiclana -el Mixto Número 2- ha declarado abusivo e ilegal su cobro en una sentencia contra la que no cabe recurso y que no se circunscribe al caso demandado, sino que es extensiva a cualquier otro similar. En la sentencia, de 9 de marzo de 2015, la jueza determina que cuando alguien ingresa dinero en una cuenta de una entidad bancaria de la que no es cliente, la entidad no le está prestando ningún servicio. Se lo brinda al titular de la cuenta, a quien ya le cobra las correspondientes comisiones. Luego el banco estaría cobrando dos veces por la misma operación. "Se trata de un pronunciamiento judicial de enorme relevancia porque supone el fin de la impunidad con la que la entidades bancarias han venido actuando hasta ahora", dijo Jesús Vila, el abogado de la demanda. Un David que le ha pegado un chinazo certero en la cabeza a la todopoderosa Banca Goliath. Ni que decir tiene que asciende ya a muchos millones de euros lo que hasta ahora han cobrado indebidamente los bancos -incluso a sus propios clientes- por ingresar en ventanilla dinero en otras cuentas.

Pero, ¿qué hacer ahora?: ¿dejar de pagar la comisión y exigir que se haga el ingreso? ¿seguir abonándola, quejarse, reclamar y denunciar? ¿claudicar y agachar la cabeza ante el teclado del cajero automático o de internet? Jesús Vila lo ve claro: "si me intentan cobrar de nuevo, denuncio en el Juzgado de Guardia porque es abusivo e ilegal y la sentencia es firme y hay que acatarla", responde en primera instancia. "Pero las cantidades son muy pequeñas y no todo el mundo tiene la paciencia y los recursos para soportar un proceso judicial más o menos largo", reconoce. El abogado presentó su demanda en 2013. "Lo que no entiendo es cómo el Banco de España no ha actuado ya contra esto, al menos administrativamente, después de las quejas y denuncias que ha recibido y de haberse pronunciado en contra de esta práctica", comenta. De hecho, el Banco de España recoge en su memoria del Servicio de Reclamaciones de 2012 que "la aceptación de ingresos en efectivo para abono en una cuenta de la propia entidad receptora constituye una prestación del servicio de caja, inherente al contrato de cuenta y, por tanto, no puede ser remunerado de forma independiente. Es decir, dado que el servicio de caja en estos supuestos se retribuye a través de la comisión de mantenimiento, el adeudo de cualquier otra comisión se considera improcedente".

Tampoco parece raro que el Banco de España no haya hecho nada. Hace poco más de veinte días, el Gobierno del PP respondía a una pregunta parlamentaria que no le parecían abusivas estas comisiones. "¿Va a promover el Gobierno algún cambio normativo en esta materia?", interrogó al Ejecutivo Antonio Hurtado, portavoz adjunto de Economía del PSOE en el Congreso. El Gobierno de Rajoy contestó por escrito que las entidades de crédito tienen libertad para fijar las comisiones que estimen oportunas por sus servicios, si bien las que corresponden a los más habituales o a gastos repercutidos deben ser publicitadas adecuadamente, conforme a lo establecido por el Banco de España. Y que en el caso de las que se cobran por hacer ingresos en efectivo, el organismo supervisor mantiene que son ilegítimas sólo cuando se trata de una cuenta propia, ya que es "una prestación del servicio de caja inherente al contrato de la cuenta y que, por tanto, no puede ser remunerado de forma independiente".

Para Jesús Yesa, secretario de la Federación de Asociaciones de Consumidores de Andalucía (Facua) en Cádiz la solución no está en los juzgados, sino en las propias administraciones públicas. "Vemos positiva la sentencia porque da la razón a los usuarios, pero no creemos que lo ideal sea que se vean abocados a un proceso judicial. Las administraciones públicas tienen la obligación de inspeccionar, controlar y sancionar cuando tienen conocimiento de una denuncia como la que presentamos desde Facua y el Gobierno, de legislar en consecuencia", explica Yesa. Por eso entiende que sólo caben dos opciones tras la sentencia de Chiclana: si las comisiones son ilegales, sancionar, si no, legislar en consecuencia.

En diciembre del año pasado, Facua denunció a once entidades bancarias por cobrar comisiones abusivas. La organización viene tramitando numerosas reclamaciones de afectados y ha remitido las denuncias al Banco de España, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y a autoridades de protección al consumidor autonómicas. En la línea de la sentencia del juzgado de Chiclana, la asociación alerta de que las entidades bancarias están cobrando dos veces por el mismo servicio. Y las once entidades denunciadas argumentan que cobran esta comisión por indicar el nombre o el concepto y entienden que esto representa un justificante "especial o adicional".

Rafael Fernández, coordinador de la Asociación de usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) en Andalucía, inmerso ahora en los preparativos de la macrocausa colectiva contra las cláusulas suelo de las hipotecas, también valora la sentencia. Pero, al igual que Jesús Yesa, lamenta que no vaya de la mano de una modificación legislativa. "Las comisiones bancarias, todas, han aumentado un 70% desde 2007 en una política de capitalización a costa de los consumidores en plena crisis. Hay una Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, de 2011, que regula, entre otros asuntos, las comisiones y sus comunicaciones a los clientes. Exigimos que se cumpla, que se supervisen y controlen las comisiones". Adicae ya ha puesto la sentencia en manos de sus servicios jurídicos para que la analice de cara a emprender acciones jurídicas.

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