Liquidadores

Si una empresa entra en concurso de acreedores en el juzgado de lo mercantil de Cádiz tiene todas las papeletas para desaparecer, a juzgar por la media de liquidaciones que siguen a un largo y tortuoso proceso en el que los administradores concursales, designados por el juzgado, van dando salida a los pasivos de sociedades derribadas por la crisis económica. El goteo de empresas que acude a este recurso, una UCI en la que la mayoría de ellas finaliza sus días, no cesa. En los tres primeros meses de 2015 se declararon en la provincia 26 nuevos procedimientos concursales. Si se siguen las estadísticas, sólo una o dos de estas 26 empresas podrá continuar su actividad tras el proceso. "Más del 90% de los procedimientos concursales acaban en liquidación", reconocen desde el juzgado de lo mercantil. Esto supone haber perdido en los años de la crisis un 14% del tejido empresarial de la provincia.

En la actualidad, existen en este juzgado 699 concursos vivos, una importante reducción con respecto a años anteriores, lo que, según la juez titular, María del Castillo Mendaro, no quiere decir que el juzgado deje de estar colapsado. "Los concursos son sólo una parte del trabajo. Al asumir las demandas por las cláusulas suelo de las hipotecas se ha abierto otro grifo que ralentiza el funcionamiento del juzgado. Las cláusulas suelo nos han inundado". Sólo en el primer trimestre han entrado 500 demandas de cláusulas suelo, que se suman a las 1.200 ya existentes.

Para avanzar en este océanico papeleo el juzgado de lo mercantil cuenta con dos jueces, dos secretarios y una plantilla de funcionarios algo superior a un juzgado al uso. "En la práctica funcionamos como dos juzgados, pero lo ocurrido en Cádiz desborda cualquier posibilidad de terminar los procesos en un plazo de tiempo razonable. Se deberían crear juzgados en función de la carga de trabajo, pero lo cierto es que ahora no existe previsión de crear un nuevo juzgado ni de lo mercantil ni de ninguna otra clase", explica Mendaro.

Y los plazos son largos, muy largos. Un procedimiento concursal de una empresa que no genere demasiadas incidencias estará vivo una media de cuatro años. Otros se demoran mucho más. Los abogados elogian el trabajo que Mendaro está realizando al frente del juzgado, agilizando mucho más los procedimientos. "Su antecesora era una persona meticulosa, pero podía tardar mes y medio en realizar un informe de treinta folios sobre un procedimiento, cuando en la mayor parte de los casos con tres folios vale para arrancar. Eso hizo que un juzgado con una enorme carga de trabajo funcionara muy lentamente", expone un abogado que conoce las interioridades de este juzgado.

La complejidad de determinados concursos hace imposible cualquier tipo de celeridad. El concurso de acreedores del Grupo Jale, que se tramita desde Cádiz, es uno de los casos considerados más complicados en toda la geografía nacional, al contar con uno de los mayores pasivos detectados, sólo inferior a unos pocos concursos posteriores de grandes gigantes empresariales, como pudiera ser Pescanova, el mayor monstruo concursal en la actualidad. El procedimiento de Jale se declaró en el año 2008 y lleva ya cerca de 500 incidencias, sin que exista un horizonte para su finalización. En el juzgado de lo mercantil no dudan que superará la década de tramitación.

Otros casos complejos para los juzgados de media España son los concursos que siguieron al estallido de Nueva Rumasa, una verdadera bomba racimo en el panorama empresarial español. El juzgado de lo mercantil ha tenido que asumir principalmente dos, Valdivia y Complejo Bellavista, declarados en 2012. Los administradores concursales entraron en las bodegas para ordenar una liquidación de activos que se está realizando a toda la velocidad que permite el mercado, lo que incluye las propias marcas, algo que hace pensar que la histórica casa Garvey salga de este proceso engrosando esa estadística de más del 90% de empresas liquidadas, sin posibilidad de alcanzar una segunda vida.

Abogados y jueces consultados por este medio coinciden en que la tarea de los administradores concursales en la provincia en estos últimos años ha sido la de "liquidadores" del patrimonio del deudor. Los objetivos de realizar el inventario de bienes, cumplir con la lista de acreedores y atender impugnaciones estaban por encima de estrategias de reflotación de las empresas, aunque ciertamente esta posibilidad en buena parte de los casos, ante el deterioro de las cuentas de las empresas que acudían al procedimiento, era una quimera.

La función de los administradores concursales ha sido objeto de críticas, principalmente de los sindicatos, como sucedió en el caso de Delphi y la decisión de derribar la fábrica. También sucedió en Polanco, donde los sindicatos acusaron a los administradores concursales de agravar la situación de la empresa y osbtaculizar cualquier acuerdo con los trabajadores.

Mendaro afirma que el administrador concursal se encuentra con una mayor complejidad si a la tarea añadida de liquidar activos se une un proceso de regulación de empleo. "Para actuar con solvencia el administrador debe disponer de medios". Es decir, para contar con esos medios el administradot debe tener unos recursos económicos y esos recursos tienen que salir de la propia empresa asfixiada.

Aquí es donde se ha generado la polémica, al poder convertirse la crisis de una empresa en un negocio para quienes tendrían que acudir a rescatarla. Juan Pedro Cosano, cuyo bufete jerezano se encuentra dentro del listado de turnos para procesos concursales, entiende esta percepción como "una leyenda. Hay grandes concursos que sí pueden generar beneficios para el bufete, pero son los menos. En la mayoría de ellos ocurre lo contrario. No se cobra nada porque no hay de dónde cobrar. A nosotros nos ha pasado con los seis últimos que se nos adjudicaron. Un proceso concursal no es ningún chollo".

El presidente de la Audiencia, Manuel Estrella, es de la misma opinión: "El baremo de la retribución de los administradores, que data de 2004, es, a mi modo de ver, escandaloso. En los concursos grandes con una masa activa importante la cuantía que se fija es muy alta, pero en la mayoría es muy baja o cero. Se han dado casos de concursos de hasta siete millones de euros, que hay que medirlo en la función del personal que necesites, pero en cualquier caso excede de una retribución lógica. El legislador preveyó, pero no desarrolló nunca, una especie de bolsa común a la que se aportarían unos porcentajes por los administradores, en función de dicha retribución, para pagar a la mayoría de los administradores concursales que trabajan y no cobran".