La Junta abona 1,79 millones de euros a abogados y procuradores

La Consejería de Justicia e Interior ha abonado un total de 1,79 millones de euros a los colegios de abogados y procuradores para liquidar los pagos por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondientes al primer trimestre de este año en la provincia de Cádiz.

De esta cantidad abonada, la mayor parte -1,5 millones- se destina a sufragar la prestación realizada por los abogados, mientras que los procuradores han recibido un total de 297.980 euros.

La Consejería de Justicia e Interior que dirige Emilio de Llera cumple así el acuerdo que se alcanzó con los colegios que representan a estos profesionales para abonar por trimestres vencidos el turno de oficio, el turno de guardia y los gastos de funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita en Andalucía.

La Consejería de Justicia e Interior considera que la justicia gratuita es un compromiso irrenunciable y prioritario para el Gobierno andaluz, como parte de las políticas sociales y por la igualdad que lleva a cabo para garantizar los derechos de toda la ciudadanía, en este caso de las personas que tienen menos recursos económicos para acceder a una asistencia jurídica.

La Junta financia los gastos que genera el turno de oficio, la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los que genera la representación que realizan los procuradores.

La asistencia jurídica gratuita la prestan actualmente en Andalucía más de 9.000 profesionales, entre abogados (7.000) y procuradores (2.000) y de ella se beneficiaron en 2014 un total de 338.920 personas, con una inversión de la Junta que en ese año superó los 61 millones de euros.

Con el fin de mejorar la asistencia jurídica gratuita, la Consejería de Justicia e Interior ha puesto en marcha un nuevo sistema de gestión, denominado 'Temisa', que aporta transparencia, agiliza los trámites y disminuye el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio destinado a las personas con menos recursos".

Esta nueva tecnología, que se puso en marcha el pasado octubre, permite a los consejos andaluces de abogados y procuradores remitir telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago sin necesidad de notificarlas en papel.