Un segundo informe de la Guardia Civil confirma el fraude en el ISE

La Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz ha finalizado la investigación de la denominada Operación Cátedra -también conocida como Caso ISE-, en la que se puso al descubierto una trama que supuestamente desviaba dinero público destinado a realizar obras en colegios de la provincia y cuyos presupuestos se inflaban o, directamente, no se realizaban. Los trabajos eran acreditados de forma fraudulenta por algunos técnicos de la administración.

El segundo informe realizado por los agentes de la Benemérita confirma que de los 4 millones de euros presupuestados por el ISE (Infraestructuras y Servicios Educativos) entre los años 2006 y 2008 sólo ha podido acreditarse que se llevaron a cabo trabajos por valor de 800.000 euros, los otros 3.200.000 euros no han podido ser acreditados de ninguna manera y su pista se ha perdido.

Hasta el momento son 32 las personas imputadas, entre ellas Marta Meléndez, ex candidata a la Alcaldía de Cádiz en 2011 y ex concejala socialista, que durante los años que se investigan ocupaba el cargo de administradora de gestión de servicios del ISE; y Fernando Ameyugo Catalán, que entonces era el máximo responsable del ente. Además de ellos dos hay otros ocho funcionarios del ISE entre técnicos y administrativos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, ha ido tomando declaración a todos los implicados y ahora está a la espera de analizar este segundo informe realizado por la Policía Judicial de la Guardia Civil que aporta algunos datos reveladores a los que ha tenido acceso este diario. Por ejemplo, durante estos años, el ISE adjudicó sistemáticamente las obras investigadas a una misma empresa afincada en Rota y denominada Construcciones y Mantenimiento Pacheco. También están implicadas las empresas Mantenimientos y Reformas Fernández Sánchez 2006 y Mantenimientos y Reformas Hermanos González Fernández. Se da la circunstancia de que todas estas empresas comparten los cargos de apoderado, accionista y administrador único.

Durante los últimos meses, agentes de la Guardia Civil han visitado más de 200 centros escolares para comprobar que los trabajos presupuestados por valor de esos 4 millones de euros se han llevado a cabo, topándose con la dura realidad de que sólo un 22% ha podido ser acreditado. En el informe de la Guardia Civil se asegura que los técnicos del ISE imputados certificaban entregas de obras en centros educativos que ni siquiera empezaron a hacerse. "Lo que tenemos claro -comentaron fuentes de la investigación- es que ese dinero ha salido de la administración pero no aparece en los colegios".

La Operación Cátedra se inició en el año 2011, cuando agentes de la Agencia Tributaria alertaron a la Fiscalía de irregularidades en las declaraciones del IVA y en las facturas de la constructora Pacheco SL. Durante esa primera fase de la investigación se constató que esta empresa no tenía ni estructura ni personal necesario para realizar las obras en los centros educativos para las que había sido contratada por el ISE y que, a pesar de subcontratar a otras empresas, había ejecutado apenas un 20% del trabajo encargado.

Luego Fiscalía puso el caso en manos del juez López Marchena, que tanto a Marta Meléndez como a Fernando Ameyugo les imputó por las irregularidades que se cometieron en el ISE en el ejercicio de sus funciones, concretamente, según reza el auto, están imputados "por hechos ocurridos en el ámbito de su responsabilidad".

Algo que destaca la Guardia Civil en su informe es que todas las obras investigadas eran adjudicadas a la misma empresa por el procedimiento de urgencia. Los trabajos en los centros no se anunciaban sino que eran adjudicados a dedo de manera descarada. En algunas ocasiones, se ha detectado que se invitaba a tres empresas, como obliga la Ley incluso para este tipo de actuaciones de urgencia, pero los documentos se dirigían al mismo número de fax.

Durante la investigación la Guardia Civil se ha encontrado con la dificultad añadida de que los hechos se remontan muchos años atrás, por lo que no hay manera de tirar de algunos hilos que han quedado sueltos. De hecho, de esos 3,2 millones de euros que no pueden justificarse, hasta el momento resulta imposible determinar qué cantidad fue a parar a algunas de las partes implicadas.

Los arquitectos que han participado en la elaboración del informe policial han constatado que en la mayoría de los casos el presupuesto de las obras no se ajustaba a los precios de mercado y que en algunas actuaciones este se incrementaba hasta en un 70%.

El juez ordenó en su día a funcionarios de la Agencia Tributaria que se recabaran datos sobre patrimonio y bienes de los imputados y que se realizara un informe sobre el periodo comprendido entre los años 2006 y 2009 por si se había producido un incremento de bienes que no se corresponda con sus ingresos de actividades ordinarias o no esté debidamente justificado.

Durante todo el tiempo que ha durado este procedimiento, por el juzgado han pasado a declarar 123 personas, entre ellos la mayoría de los directores de los centros educativos donde se hicieron las obras investigadas. La Guardia Civil da por concluida su investigación y ahora la justicia tendrá que seguir su curso para esclarecer los hechos.