Piden 4 años para un operario por el corte del puente en los actos del Doce
La acusación contra un trabajador de Navantia Puerto Real lo considera responsable de los daños ocasionados y los desórdenes en el acceso a Cádiz el día que vino el Rey
Un trabajador de la factoría de Navantia en Puerto Real se enfrenta a partir de las 10:15 horas de esta mañana a un juicio en el que el fiscal solicita una pena de prisión de 4 años por los hecho ocurridos en el puente Carranza el pasado 19 de marzo de 2012, día en el que se conmemoraban en la capital gaditana los actos centrales del Bicentenario, con presencia del Rey Juan Carlos I.
El juicio, por vía penal, pide además para este operario, de 60 años de edad, una sanción económica de 8.700 euros por los daños ocasionados en el puente, más una multa que podría alcanzar los 5.000 euros.
Ese día, el 19 de marzo de 2012, los 600 empleados de los astilleros de Puerto Real salían de la factoría, tras la asamblea previa celebrada en su interior, con la intención de volver a manifestar su exigencia de carga de trabajo. El objetivo era claro: llamar la atención el día central de los fastos del Doce. Como consecuencia de aquello, hasta media docena de furgones de la policía antidisturbios se personaron en las inmediaciones del astillero. Pero no hubo enfrentamiento. Pasadas unas horas, volvieron al interior.
Además del daño a la imagen del Bicentenario, ese día muchos invitados al evento y ciudadanos que querían llegar a Cádiz no pudieron hacerlo o, al menos, no a la hora pretendida. Pero, sobre todo, ese día llegaba a la capital el Rey Juan Carlos I.
Como consecuencia de ello, la Casa Real solicitó a Policía Nacional y Guardia Civil un servicio especial para proteger el trayecto que el Jefe del Estado debía hacer por carretera desde el aeropuerto de Jerez hasta la capital. De hecho, en la vista de esta mañana, se espera que declaren como testigos tres de los agentes que ese día participaron en ese servicio de protección.
Al empleado del astillero de Puerto Real (aunque vive en la capital gaditana desde hace más de 30 años) se le imputan los delitos de daños y desórdenes públicos. Además, según ha podido saber este periódico, se le considera "colaborador necesario" al manejar una carretilla sin la que, añade el escrito de acusación, no hubiera sido posible ocasionar los daños posteriores. A ello se acompaña también un informe del Ministerio de Fomento en el que se relacionan y se cuantifican los daños al puente Carranza. Por ello, además de la pena de prisión, se le reclama una cantidad económica (ya citada) como responsabilidad civil.
Este juicio no ha pasado desapercibido para el resto de la plantilla del astillero puertorrealeño. El presidente del comité de empresa, Antonio Noria (CCOO), confirmó ayer a este periódico que a partir de las 10:00 de esta mañana se detendrá la producción en la factoría, y no se reanudará hasta que se sepa el veredicto contra el operario.
Además, Noria sembró sus dudas al respecto de la identidad del acusado: "La acusación presenta imágenes para demostrar que es este trabajador, y cualquiera que las vea y lo conozca se da cuenta de inmediato de que no es la misma persona".
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