La Fiscalía solicita cinco años de cárcel para el ex alcalde de Prado del Rey

Y suma y sigue. Un nuevo ex dirigente de la provincia pasará por el banquillo de los acusados. Esta vez es el turno del ex alcalde socialista de Prado del Rey, Fernando Pérez Castillo, al que la Fiscalía acusa de varios delitos: adjudicar el mantenimiento de la red wifi municipal "sin ningún procedimiento de selección pública"; falsear facturas para justificar una subvención con la que se debería haber comprado material para la Policía Local (algo que nunca sucedió); e intentar apropiarse de dinero público al pretender en 2011 el cobro de una factura ficticia "que se confeccionó en 2005", entre otros.

Así pues, Anticorrupción solicita para el ex regidor pradense cinco años de prisión así como 22 de inhabilitación para cargo público por los delitos de "falsedad en documento oficial, prevaricación, fraude en la administración y malversación de caudales públicos en grado de tentativa".

En esta causa están implicadas dos personas más: la entonces concejala de Hacienda María del Carmen Pérez Tamayo y Miguel Ángel Aguilar Gago, el empresario que el ex regidor contrató a dedo para el mantenimiento de la red wifi. En 2002 ambos impulsaron -Aguilar como dirigente de la asociación Enred@dos y Pérez como alcalde- que Prado del Rey ostentase el puesto de ser el primer pueblo de España con conexión gratuita e inalámbrica a internet.

Miguel Ángel Aguilar Gago se enfrenta a cinco años y medio de cárcel y 12 de inhabilitación para cargo público a petición del Ministerio Público; María del Carmen Pérez Tamayo, a la pena de dos años de prisión.

El fiscal recoge en su escrito de calificación que Miguel Ángel Aguilar estuvo contratado por el Ayuntamiento de Prado del Rey desde 2005 y hasta 2010 como encargado del mantenimiento de la red wifi que el Consistorio ofrecía a sus vecinos de forma gratuita.

Estos trabajos se realizaban en un despacho de la Casa Consistorial, y con un horario de 09:00 a 15:00 horas, "cobrando por los mismos unos 1.500 euros mensuales, como si de un empleado municipal se tratase, y se le abonaban por medio de facturas de mano de obra que Miguel Ángel Aguilar emitía como empresario autónomo cada cierto tiempo".

El fiscal Anticorrupción expone que ninguna de estas facturas "pasaron por el departamento de Intervención, no constando el número de registro de las mismas ni su fiscalización".

Miguel Ángel Aguilar llegó a cobrar más de 80.600 euros de 2005 a 2010 a través de esta relación laboral -acordada con el entonces alcalde- que eludía la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, "evitando así la aplicación de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos".

Las conclusiones provisionales especifican también que el 29 de junio de 2004 el entonces alcalde serrano pidió una subvención a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía para la compra de diverso material para la Policía Local, solicitando la cuantía de 76.688,21 euros.

En la tramitación de la ayuda se incorporó una memoria justificativa en la que se decía que la Policía Local de Prado del Rey contaba únicamente con tres walkies de más de dos años de antigüedad, careciendo también de emisoras para los vehículos.

La memoria incluía una factura proforma en la que se presupuestaba una emisora de Kenwood TKL 760 de 360 euros, dos emisoras móviles para el vehículo Kenwood de 360 euros cada una y 14 walkies portátiles TL2160 (incluido cargador) por 335 euros cada uno, es decir, 4.690 euros en total.

Por resolución de 10 de diciembre de 2004 se le concedió al Ayuntamiento de Prado del Rey únicamente una subvención por valor de 7.564,71 euros. En ella se incluían los suministros anteriormente descritos más dos pistolas por valor de 1.079,07 euros, ingresándose dicha cuantía en la caja única del Ayuntamiento.

El 24 de junio de 2005 la Junta requirió al Consistorio pradense que justificase la adquisición de dicho material, "con la advertencia, en caso contrario, de que se iniciaría un procedimiento de reintegro". Como no se justificó, se incoó expediente el 26 de septiembre de 2005.

Al no haber comprado el Ayuntamiento ningún material para la Policía y "con la finalidad de justificar de manera ficticia su adquisición y evitar el reintegro de la subvención", el alcalde solicitó al empresario Miguel Ángel Aguilar que emitiera una factura falsa -con fecha también falsa de 9 de junio de 2005-, por un importe de 6.693,20 euros en concepto de una emisora Kenwood TK760, dos emisoras móviles para vehículos Kenwood y 14 walkies portátiles TL 2160; sin embargo,no se entregó ningún suministro a cambio.

"Con dicha factura ficticia se consiguió engañar a la Junta de Andalucía, que archivó el procedimiento de reintegro y consideró justificada la adquisición del material", expone el fiscal, quien puntualiza que el documento que se envió a la administración autonómica no coincide con la factura que consta en el Ayuntamiento pradense, donde figura "una rectificación a mano" en la que se detalla que se repartieron tres walkies en lugar de 14, lo que no figura en el extracto aportado a la Junta.

"Destaca también de dicha factura que la misma fue emitida el 9 de junio de 2005, si bien el sello de entrada en la Intervención del Ayuntamiento es de tres años después, es decir, de 2008, y la misma no posee el preceptivo visado de recepción del suministro".

A pesar de no haberse entregado ninguno de los efectos que detalla la famosa factura, el 10 de junio de 2011, justo antes de que tomase posesión el nuevo equipo de gobierno tras las elecciones locales del 22 de mayo, el regidor de Prado del Rey, previo acuerdo con Miguel Ángel Aguilar Gago, firmó un documento ADO (Autorización, Reconocimiento y Obligación) para que se pagara al empresario 6.693,20 euros "con conocimiento de que las 17 emisoras no se habían entregado". El abono no se realizó.

El 20 de abril de 2012 Aguilar Gago aprovechó el plan de pago a proveedores aprobado por el Gobierno y presentó en el Ayuntamiento una relación de facturas impagadas entre las que se encontraba la anteriormente mencionada para lograr su cobro indebido, si bien "no se llegó a abonar al emitirse informe en contra de la actual interventora el 25 de abril de 2012 al comprobarse que el material nunca se llegó a proveer".

En las diligencias previas el fiscal detalla que en julio de 2008 Miguel Ángel Aguilar emitió dos facturas por importes de 649,60 y 1.133,90 euros, respectivamente, por el abastecimiento de material electrónico. Por motivos desconocidos, estas facturas no se abonaron en ese ejercicio ni en los dos siguientes, por lo que a principios de 2011 Aguilar Gago las envió por correo electrónico en formato digital a la entonces concejal de Hacienda María del Carmen Pérez Tamayo para que las modificase con el objeto de incluirlas en una nueva partida presupuestaria, eludiendo así la Ley de Haciendas Locales, que dice que "sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de obras, servicios o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio". La única manera de pagar facturas atrasadas es mediante un "reconocimiento extrajudicial de créditos".