"Hacíamos lo que ordenaba el alcalde"

"Lo que ordenaba el alcalde, hacíamos lo que él decía". Toda la responsabilidad por la supuesta emisión de facturas falsas y su posterior cobro con cargo a las arcas municipales del Ayuntamiento de Sanlúcar en el año 2002 recayó ayer en el que fuera alcalde de la localidad por el Partido Popular, Juan Rodríguez, fallecido en 2006 a causa de una leucemia.

Los ex concejales del PP de Sanlúcar, Rafael Rubio y Marco Antonio Caballero, y el interventor del Consistorio a la fecha de los hechos, Isaac Bobillo, declararon ayer ante el juez que su papel en esta trama de contratos menores suscritos con las mercantiles Documentos Electrónicos Digitales, Gelp Micro y Europa Corporación de Gestión era prácticamente administrativo, pues se limitaban a ejecutar aquello que ordenaba el máximo responsable municipal.

Muy relevante resultó el testimonio del interventor, Isaac Bobillo, quien hoy continúa trabajando para el Ayuntamiento de Sanlúcar dentro del Área de Intervención. Bobillo expuso en Sala que emitió numerosos informes de reparo para advertir de la ilegalidad que se estaba cometiendo con la tramitación de estas controvertidas facturas, que supuestamente se cobraron a cambio de trabajos ficticios.

Este acusado declaró que el entonces alcalde (el fallecido Juan Rodríguez) resolvió sus informes de reparo "verbalmente y no por escrito", y ordenó liquidar los pagos a pesar de su expresa oposición formal.

A preguntas del fiscal, Bobillo manifestó que le llamó la atención que las facturas objeto de este caso se pagaran todas el mismo día, si bien se correspondían con trabajos dispares y empresas de distinta naturaleza (aunque los importes eran casi exactos). A pesar de ello, el interventor sí firmó los mandamientos de pago "porque el alcalde lo dijo".

Sobre si los trabajos y los servicios a los que aludían las facturas fueron o no prestados, Isaac Bobillo no tenía dudas: "La firma del responsable político constaba ahí", por lo tanto, y según su criterio, tendrían que estar ejecutados.

Como punto y final a su testimonio, el que fuera interventor con el PP declaró que, toda vez que el PSOE se hizo con la alcaldía de Sanlúcar en 2007, hubo una "destrucción masiva de documentación" intencionada, además de una pérdida importante de información de archivos a causa de una inundación en las dependencias del Consistorio.

Por otra parte, Marco Antonio Caballero se mostró más escurridizo en su versión de los hechos. El ex concejal de Hacienda dijo "no recordar" si el interventor le informó sobre los reparos por la emisión de hipotéticas facturas falsas. "Ha pasado mucho tiempo". Afirmó también que el alcalde lo llamaba y ordenaba directamente los pagos de determinadas operaciones. "No eran cobros caprichosos, tenían las bendiciones legales", aseveró.

El ex edil de Hacienda se mostró de nuevo huidizo al declarar que él se limitaba a firmar las órdenes que llegaban de Intervención; no se planteaba nada ni cuestionaba a nadie, a pesar de ser el responsable de los pagos por Ley, como le recordó el fiscal.

Caballero explicó a la Sala que un concejal de Hacienda es "el último eslabón" en el engranaje municipal que tramita el abono de una deuda. "El político no es el que tiene que saber, sino los técnicos". Asimismo, este procesado alegó que podía llegar a firmar entre 30 y 50 mandamientos de pago al día y, por ende, no tenía tiempo de ver cada uno de ellos. "No tengo por qué comprobar si se han realizado los trabajos fehacientemente. ¿El resto del Ayuntamiento para qué está entonces?".

Marco Antonio Caballero describió ante el plenario que es práctica habitual en los Ayuntamientos pagar facturas en la misma fecha aprovechando una determinada inyección de liquidez, por ejemplo, la recepción de una partida.

En cuanto al testimonio de Rafael Rubio, éste puso especial hincapié en reseñar que cuando se originó toda esta polémica, él ni siquiera era teniente de alcalde. Rubio ocupaba un cargo de confianza en el Área de Alcaldía y no fue hasta la siguiente legislatura, en abril de 2004, cuando llegó a ostentar el puesto de concejal.

Dicho lo cual, este funcionario expuso que su firma quedó recogida en estas supuestas facturas falsas "como podría haber aparecido la de otro técnico del departamento, ya que todo lo que entraba en Alcaldía era rubricado por cualquier funcionario del área y después por alcalde". Y, dado que no era teniente de alcalde, desconocía la existencia de informes de reparo por parte del interventor.

Por último, Rubio dijo que los trabajos cuya realización se ha puesto en entredicho en este procedimiento "debieran estar en el Ayuntamiento", hoy gobernado por el PSOE, "que ni se ha personado en la causa". "Escaso interés tendrá el actual equipo de Gobierno en sacar a relucir estos servicios que sí se prestaron".