Prisiones suspende cautelarmente a los funcionarios investigados

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, confirmó ayer en Algeciras que los dos funcionarios de prisiones acusados de un presunto delito de cohecho, y que prestaban sus servicios en el centro penitenciario de Puerto III y en un centro de inserción social de Jerez, "han sido suspendidos cautelarmente" por parte de Instituciones Penitenciarias.

En declaraciones a los periodistas efectuadas después de firmar un convenio con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras relacionado con la seguridad en el río Guadarranque, Martínez ha querido ser "prudente", apuntando que "tenemos que ser respetuosos con la investigación que lleva a cabo el juzgado".

No obstante, ha indicado que "en Instituciones Penitenciarias, al igual que en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el régimen disciplinario es muy estricto", si bien ha aclarado que "siempre prima la investigación judicial".

Así, ha apuntado que las medidas que se adoptan con estos dos funcionarios son, por ahora, "cautelares" y consisten en su suspensión, "en tanto en cuanto se diriman las posibles responsabilidades penales", insistiendo en este punto en que "debe primar la investigación penal".

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias informó este fin de semana de que ha abierto una investigación interna al hilo de la detención de dos funcionarios. Con dicha investigación se busca comprobar el buen funcionamiento de tratamiento de los centros penitenciarios afectados por este caso.

Según adelantó Diario de Cádiz, estos dos funcionarios de prisiones habrían extorsionado a reclusos a cambio de lograr el tercer grado. Asimismo, hay otras 21 personas investigadas, principalmente reclusos, bien por haber sufrido presuntamente estas prácticas delictivas o como testigos de las mismas. La jueza que lleva el caso decretó la libertad con cargos para J.M.G.R., mientras que para I.M.P. dictó prisión eludible con fianza de 6.000 euros, que el funcionario pagó para evitar tener que entrar en Puerto II.

El caso arrancó en diciembre de 2014, cuando la pareja de un recluso denunció que había abonado 2.000 euros a I.M.P. como anticipo para que le consiguiera una de las codiciadas pulseras del CIS que permiten poder hacer una vida prácticamente normal fuera del centro. A raíz de ahí hubo otras muchas denuncias por extorsión.