"Logramos peces de un kilo en 3 años y nos roban 100 kilos en 15 minutos"

Cupibar, una de las principales empresas dedicadas a la acuicultura en la provincia de Cádiz, presentó el año pasado 13 denuncias tras comprobar cómo los ladrones entraban en sus instalaciones. Este año van por cuatro denuncias. Los datos los pone sobre la mesa un responsable de la empresa para mostrar que la situación no ha cambiado: que las granjas marinas gaditanas se enfrentan a un problema que él califica de "terrible", un problema que vienen arrastrando desde hace años y que les supone pérdidas y sobrecostes que les impiden competir en igualdad de condiciones con empresas de otras zonas en las que la incidencia de los robos no es, como en la provincia de Cádiz, "superior a lo normal".

La reciente detención de dos vecinos de San Fernando que se dedicaban a robar en unos esteros ha puesto de nuevo el foco en una actividad delictiva que parecía haber disminuido. Pero sólo de puertas afuera.

"La situación está igual que siempre", explica Salvador Algarín, responsable técnico de la empresa Cupibar. "Lo que han cambiado son los métodos para luchar contra los robos. Usamos nuevos medios, tecnológicamente muy avanzados. Esto es lo que frustra los robos. Esta batalla, si se gana, será gracias ala tecnología. Pero el estero tradicional no puede afrontar el gasto que supone este sistema de seguridad".

Algarín es también vicepresidente de la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (Asema). Los robos no afectan sólo a una empresa, anota. "Se trata de un problema que tiene todo el sector que se dedica a la acuicultura en tierra, muy fundamentalmente en la Bahía de Cádiz y en el Bajo Guadalquivir. Estas zonas son las que presentan más incidencias en robos. Y las consecuencias son terribles para el sector", afirma.

El portavoz de Asema ilustra este desastre de una manera muy directa: "Para que una granja marina saque adelante un pez de un kilo, estamos hablando de dos, tres y hasta cuatro años de producción. Esta gente tarda en llevarse cien kilos de peces un cuarto de hora".

Esta gente son los ladrones. Las bandas organizadas que desde hace años roban en los esteros y en las granjas marinas y venden luego el pescado a clientes que no ponen reparos, que no preguntan de dónde viene o bien no les importa. No son furtivos, en el sentido del término aplicado a la persona que roba para comer o que se salta una norma que considera injusta. Hace unos años fue detectada una organización que ofrecía sus servicios a través de internet y que robaba pescado a la carta. Y lo distribuían a domicilio. Un buen negocio que proporciona pingües beneficios, dado el bajo coste para el ladrón.

La batalla es, pues, tecnológica: técnicas sofisticadas de control del espacio, radares ubicados estratégicamente, vigilantes ante los monitores. Pero hay otra lucha que podría ser paralela y que hasta ahora está perdida. "Esa otra batalla no va por la captura del ladrón sino por seguir el rastro del pescado, por saber quién vende y quién compra", señala Algarín.

En la provincia hay dos tipos de acuicultura. La extensiva, en la que los propietarios hacen una acuicultura tradicional, de muy baja intensidad, no tiene capacidad ni económica ni tecnológica para enfrentarse a los robos. "Es la que está más desprotegida y está desapareciendo", comenta el portavoz de Asema, "pero no sólo como consecuencia de los robos. También debido a la excesiva población de cormoranes y a otras circunstancias".

La otra acuicultura, la semiintensiva, es la que tiene más concentración en las unidades de cultivo, en la que se siembran los peces. Requiere muchas más inversiones, tener una empresa potente detrás. Ahí los robos son más fáciles. Para evitarlos, las empresas despliegan una vigilancia tecnológica. Pero los costes se disparan y la consecuencia es que el producto sale al mercado con un coste adicional. Y a competir en desigualdad con quien no padece robos.