Los ecologistas respaldan el derribo de casas ilegales en Chipiona y Benaocaz

Tres días después de que cientos de vecinos se manifestasen en Chipiona en contra del derribo de una veintena de casas ilegales y después de que la consejera de Medio Ambiente expresase su firmeza frente a un hotel rural levantado al margen de la ley en Tavizna (Benaocaz), en pleno parque natural de la Sierra de Grazalema, Ecologistas en Acción emitió ayer un comunicado en el que apoya las demoliciones y la restitución de la legalidad.

En el escrito, Ecologistas en Acción muestra públicamente su apoyo a dichas sentencias dictadas contra estas construcciones ilegales y advierte a las administraciones que los denunciaron (Ayuntamiento de Chipiona y Consejería de Medio Ambiente), que "su obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes".

Los conservacionistas estiman que los vecinos de Chipiona afectados por los derribos construyeron "sus viviendas ilegales a sabiendas de que lo eran, y no valen las consabidas comparaciones con otros términos municipales".

Por eso advierten que "la Justicia debe actuar en todos sitios, y lo está haciendo, existiendo ya un importante cúmulo de sentencias de demolición, las más importantes contra el hotel de Montenmedio (ya ejecutada) y contra el complejo turístico de Las Beatillas (El Puerto), pendiente de ejecución".

Los ecologistas recuerdan que en unas recientes Jornadas sobre delitos urbanísticos, los alcaldes de todos los partidos coincidieron en defender la legalidad urbanística. Y en que había que actuar desde el principio para prevenir la proliferación de construcciones ilegales, "exigiendo algunos más diligencia y contundencia a la Justicia".

Sin embargo -objeta la organización- "cuando tienen el problema en casa, actúan defendiendo a los infractores y delincuentes urbanísticos, asegurando que les legalizarán las casas, como está haciendo el alcalde de Chipiona, o poniendo trabas a la demoliciones, como ha hecho recientemente el alcalde de Benaocaz". Los conservacionistas argumentan que la Fiscalía de Medio Ambiente viene advirtiendo que los procesos de legalización de viviendas ilegales provocan "un efecto llamada", multiplicándose las urbanizaciones y parcelaciones ilegales ante la expectativa de nuevos procesos de "regularización".

Ecologistas en Acción manifiesta su firme intención de seguir apoyando a la Fiscalía de Medio Ambiente en sus denuncias contra todas las urbanizaciones y edificaciones ilegales, y pidiendo la demolición de todas ellas, como "única medida efectiva para atajar este cáncer que corroe la mayoría de nuestros municipios".

También espera el colectivo que la modificación del Código Penal de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, que incluye penas mayores e incorpora nuevos tipos penales -como el castigo del funcionario que "hubiere silenciado la infracción de las normas"-, sirva para acabar con la "connivencia" de áreas técnicas y políticas de "muchos Ayuntamientos" con estos delitos.