Enésima ofensiva en Chiclana contra las viviendas ilegales

Suma y sigue en Chiclana, con otras ocho nuevas detenciones por la presunta comisión de delitos contra la ordenación el territorio. En esta última ocasión, y de nuevo, de la mano de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía de la Jefatura de Cádiz adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, la zona del Pago del Humo es el escenario en el que se ha detectado una promoción de chalés erigidos al margen de la ley con el modus operandi que ya se ha hecho famoso: una declaración de obra nueva a través de un certificado falso de antigüedad.

Según informó ayer la Policía Autonómica, agentes del Cuerpo han culminado esta semana una investigación en la que han sido detenidas ocho personas, entre ellas un promotor, un arquitecto técnico y seis promotores y propietarios, a los que se les acusa de la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y falsedad documental.

La investigación se inició a finales de verano a instancias del Juzgado Mixto Número Cuatro de Chiclana, previa denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre una finca dividida en nueve parcelas, todas ellas con construcciones en su interior, excepto en una.

La finca está situada en el Camino del Pozo Juncal, en Pago del Humo, a 500 metros de la venta Florentina. Se trata de un suelo clasificado en el actual Plan General vigente en la localidad como no urbanizable no especializado.

Según explicaban ayer desde la Policía Autonómica, los agentes encargados de la investigación comenzaron por cotejar las orto fotografías aéreas de la zona, y de la parcela en cuestión, de la última década. Y bingo: en 2001 la finca objeto de la investigación aparece en la ortografía totalmente vacía. Es a partir de 2004 cuando comienzan las obras de parcelación, primero levantando muros de hormigón, y después con la construcción de ocho edificaciones unifamiliares, tres de tamaño considerable con piscinas, hasta hoy.

Según ha podido determinar la Policía, cuanto comenzaron las obras, "el Ayuntamiento de Chiclana incoó expedientes sancionadores por infracción urbanística. A pesar de todo, los constructores, obviando la legalidad urbanística, terminaron las construcciones".

Gracias a los titulares de las viviendas ilegales, se ha identificado al promotor que habría convencido a los compradores para declarar en conjunto las obras nuevas en Notaría para, posteriormente, llevarlas al Registro de la Propiedad. Este promotor, para vencer posibles reticencias, habría prometido "gratificaciones" a los compradores, consistentes en correr él con los gastos administrativos.

Para obtener la declaración de obra nueva era necesario un documento que certificara una antigüedad de las edificaciones de más de cuatro años (para lograr la prescripción de la responsabilidad administrativo-sancionadora, por infracción urbanística grave), firmado por un técnico habilitado. Irrumpía así en escena un arquitecto técnico local ya imputado al menos tres veces más por lo mismo.