La Fiscalía dice que alcaldes y ediles entorpecen el derribo de casas ilegales

La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz afirma que uno de los principales problemas a los que se enfrenta es la falta de colaboración de los Ayuntamientos cuando debe ser cumplida una sentencia que ordena demoler una vivienda construida ilegalmente. Con demasiada frecuencia, señala, alcaldes y concejales de Urbanismo plantean serios problemas. Hasta tal punto, que en ocasiones la Fiscalía se ve obligada a advertirles de que cometen un delito si continúan con su labor de entorpecimiento del derribo acordado por una resolución firme.

La lamentación de la Fiscalía gaditana, que deja en un lugar nada plausible a los Ayuntamientos de la provincia, está recogida en la Memoria de 2009 de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico del TSJA.

Al hilo de esa queja, la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz insiste en alertar sobre algo que ya advirtió en su día el anterior fiscal de ese departamento, hoy asesor del ministro de Justicia, Ángel Núñez: la creación de lobbies defensores de lo construido ilegalmente.

Con ocasión de los denominados procesos de regularización de viviendas ilegales, aunque no sólo en tales casos, los propietarios de construcciones ilegales constituidos en asociaciones "se convierten en auténticos grupos de poder que tratan de imponer la línea que deben seguir los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística", anota la Fiscalía.

Tales grupos, agrega, "no sólo exigen la legalización de sus edificaciones, muchas de ellas incursas en procedimientos penales, sino que, con base en su supuesta incapacidad para hacer frente a los gastos, además tratan de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos (proceso que en estos casos es especialmente gravoso precisamente porque la edificación se ha hecho al margen de toda previsión) se finalice con fondos públicos".

La Fiscalía sostiene que esos grupos que organizan manifestaciones en las que se reivindica la inobservancia de la legalidad urbanística, "ante la pasividad del resto de los ciudadanos, acaban en muchas ocasiones imponiendo sus planteamientos".

Pese a esos aspectos negativos, la Fiscalía señala que en general, siguiendo la tendencia que comenzaba a marcarse en 2008, "puede decirse que durante 2009 se ha reducido considerablemente la actividad edificatoria ilegal".

Lo achaca a varios factores. Por un lado, dice, a "los beneficiosos efectos preventivos generales que está suponiendo el notorio incremento en el número de sentencias condenatorias de los Juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial, que acuerdan además la demolición de lo ilícitamente construido". Por otro, a "un mayor grado de cumplimiento -aunque continúan existiendo lamentables excepciones- por parte de los Ayuntamientos de sus obligaciones de traslado al fiscal de los casos que presenten indicios de delito". La crisis económica también se ha dejado sentir en este ámbito, de suerte que son menos las construcciones que se inician, anota la Fiscalía.