La Junta vuelve a poner la vivienda como uno de sus objetivos para Cádiz
Tras cerca de una década de parón inversor, Fomento idea fórmulas inéditas de trabajo para reactivar proyectos como la eliminación de la infravivienda y nuevas promociones
Cádiz/La Junta vuelve a recuperar impulso en materia de vivienda. El que fue programa estrella para Cádiz de la administración regional entre 1999 y 2008 y que la crisis económica paró de lleno, se intenta reactivar ahora con nuevas formas de actuar, porque ya no se puede ser tan espléndido con el dinero como hace quince años, y con un nuevo concepto de colaboración al considerarse que es esencial cerrar acuerdos firmes con el Ayuntamiento y con la iniciativa privada. Y, a la vez, y puede que sea lo más importante: poniendo sobre la mesas soluciones globales a un problema endémico, la falta de vivienda en Cádiz, y que solo puede solventarse en su mayor parte con visión metropolitana.
Además del recorte de la financiación, el último plan de vivienda regional introdujo un nuevo concepto de lo que es la infravivienda duramente criticado desde colectivos gaditanos, como Derechos Humanos. Ahora, dentro de la misma normativa se buscan fórmulas para actuar sobre estas casas asumiendo la peculiaridad de la ciudad de Cádiz.
La Junta sustenta este nuevo proceso sobre tres pilares principales, destaca a este diario el delegado provincial de Fomento, Federico Fernández:
l La elaboración de planes especiales tanto para el conjunto de la ciudad como más específicos para determinados barrios, en un proceso que se alargará en el tiempo por la propia lentitud de la administración. Aquí Fernández llega a plantear la necesidad de que "en algún momento se tenga que elaborar un PGOU especializado en la vivienda. Supone llevar a Cádiz al límite de su capacidad pero atendiendo a la sostenibilidad. No significa llenar todos los solares libres con viviendas, sino analizar los equipamientos que se van a necesitar. Y a partir de ahí, en su momento habrá que hablar de la solución en visión de Bahía".
En este sentido ya no se descarta ampliar el límite de viviendas que se había impuesto en el actual PGOU, que data de 2012, por parte de la legislación andaluza. Ahora ésta ha evolucionado lo que podría permitir un incremento del parque de vivienda siempre, se insiste, dentro de una ciudad sostenible, habitable.
Aquí es esencial el trabajo común con el Ayuntamiento, que por el momento se está llevando por buen camino, aunque desde la Junta se lamenta, sin aspavientos, la queja del gobierno local "cuando ellos aún no nos han pasado el plan municipal de vivienda". Se confía en que antes de que concluya esta legislatura se cuente ya con un avance de los nuevos planes.
l A la vez que se trabaja ya en este rediseño del ordenamiento urbano, se trabaja sobre operaciones puntuales para lo que se utilizan sistemas ya existentes, como el Área de Rehabilitación Integrada, que permite contar con la financiación pública en materia de subvenciones para iniciativas públicas y privadas. Aquí se trabajará mediante planes especiales por cada barrio integrando en estas operaciones desde la obligación de los privados de mantener sus viviendas, la imposición de sanciones a quienes dispongan de fincas vacías, las ites y las operaciones públicas.
l Mientras se articulan todos estos planes, entre la Junta y el Ayuntamiento impulsan, cada una por su lado inicialmente, varias operaciones de rehabilitación, a la vez que se ha reactivado con fuerza la segunda fase de Matadero. Se está utilizando el amplio estudio elaborado por Procasa sobre la infravivienda, que incluía a 36 fincas en esta situación de las que han caído, según la Junta, seis. Ahora se está estudiando cómo actuar en las treinta restantes. Por diversas circunstancias, relacionadas fundamentalmente con la propiedad, en una decena todavía no se tiene muy claro la línea a seguir. Pero para las restantes ya se está elaborando un listado específico que va desde las que son más viable para actuar con relativa rapidez a las que tienen más problemas de gestión. En todo caso, para la Junta de Andalucía son ya actuaciones prioritarias y se unirán a las ya iniciadas en La Viña y Santa María y que han terminado casi con una década de sequía inversora.
Trabajo en común entre la Junta y propietarios privados de fincas
Desde el primer momento Federico Fernández tiene claro que en materia de vivienda es esencial el trabajo en común, tanto entre las administraciones como con los propietarios privados. Aquí se produce una de las grandes novedades de esta nueva etapa. La Junta se implica en la rehabilitación de fincas privadas pero sin la necesidad de adquirirlas, como pasaba antes en la mayor parte de las actuaciones. Así, se entra en el proyecto como empresa pública inversora. Se valora el coste de la operación y se fija un porcentaje para la inversión pública. A cambio, la Junta se queda con un número determinado de pisos (dependiendo de su inversión), que se integran en el parque público. Serán viviendas donde los inquilinos mantendrán la renta antigua, mientras que el resto seguirá en manos del promotor privado que podrán ponerlas en el mercado libre. La primera operación que puede incluirse en esta nueva fórmula se sitúa en el número 18 de la calle Cristóbal Colón. Los propietarios han valorado de forma muy positiva esta idea y están dispuestos a participar en ella.
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