Quality Food tiene fecha de juicio después de 14 años de instrucción

La vista oral se celebrará el 25 y 26 de octubre y todos los días hábiles de noviembre a partir del 5 en la Audiencia

Miguel Osuna, junto a su abogado, tras una de sus declaraciones en los juzgados.
Miguel Osuna, junto a su abogado, tras una de sus declaraciones en los juzgados. / D.c.
J.alarcón / M.m.a.

01 de febrero 2018 - 08:31

El juicio por el caso Quality Food, que pretende esclarecer una supuesta estafa cometida contra la Zona Franca de Cádiz hace más de una década, ya tiene fecha. La vista oral se ha señalado para el 25 y 26 de octubre y todos los días hábiles de noviembre a partir del día 5.

El tribunal encargado de resolver esta compleja causa es la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz. El magistrado responsable de la ponencia de la sentencia será Miguel Ángel Ruiz Lazaga.

Todas las partes implicadas en este procedimiento mantuvieron ayer una reunión a primera hora de la mañana y acordaron, en función de sus agendas, los días de celebración de la vista oral después de 14 años de instrucción.

El escrito de acusación de la Fiscalía en el caso Quality Food no deja en muy buen lugar al ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna, ni al que fuera jefe de gabinete durante su estancia en el Consorcio, José Manuel Fedriani. A ambos se les procesa por un delito continuado de malversación de caudales públicos y de fraude a la administración por cómo gestionaron la compra del paquete mayoritario de acciones de la corporación alimentaria en el año 2003. El fiscal pide para ambos una pena total de 10 años de prisión.

Entre otras cuestiones, la Fiscalía entiende que tanto Osuna como Fedriani ocultaron información al comité ejecutivo de la Zona Franca y que se llevó a cabo una ampliación de capital que trajo graves consecuencias para el erario público y beneficios para los propietarios de la empresa, la familia García Gallardo.

Así pues, hay dos personas más para las que la Fiscalía pide cárcel. Uno es el empresario y fundador de Quality Food, el isleño Manuel García Gallardo, que se enfrenta a una pena de 16 años y siete meses de prisión por delitos que van desde la estafa, la falsedad en documento mercantil, la apropiación indebida y la malversación, entre otros, aunque éste último en grado de cooperador necesario.

Para su madre, Ana Gallardo Ramírez, la acusación pública también plantea una pena de prisión levemente menor a la de su hijo, en total 14 años y siete meses.

Otro encausado de Quality Food es el ex director de una sucursal bancaria de San Fernando con la que trabajaba García Gallardo y que supuestamente expidió unos certificados bancarios que acreditaban que el empresario había efectuado el desembolso por sus acciones cuando realmente no lo había hecho. Para él, Víctor Ocaña Ferreiro, el fiscal solicita seis años.

El último procesado es Rafael Borrego Patrón, administrador de algunas sociedades que, según la Fiscalía, actuaba como testaferro de Manuel García Gallardo. Para él el Ministerio Público pide dos años y ocho meses de cárcel por falsedad en documento mercantil y por un delito societario.

Un proceso eterno sobre una firma que subió tan rápido como bajó

En el año 2004 entraban en los juzgados las primeras demandas por el llamado caso Quality Food. Hasta pocos años atrás, esta empresa fue puesta como modelo de emprendimiento. Una firma radicada en Cádiz empezaba a subir como la espuma pero al final, ésta siempre baja hasta perder incluso el gas. Tras implantarse en el recinto fiscal de la Zona Franca, empezó a obtener contratos con centros educativos y con las Fuerzas Armadas. Eso le hizo plantearse abrir una segunda fábrica donde está ahora Mercadona. Las instalaciones se construyeron, pero nunca llegaron a abrirse porque la empresa empezaba a estar herida de muerte. Intentó acudir a su rescate la Zona Franca de Cádiz que, sorprendentemente, se hace con el capital mayoritario pero pagando un precio muy alto por unas acciones que valían mucho menos. Un informe que resulta clave en el proceso es un plan de expansión de la empresa que inflaba los datos de manera exagerada sobre la facturación que podría tener la empresa a corto plazo. Osuna fue el primer denunciante sin saber que años después, y cuando parecía que acababa la instrucción, se sentaría en el banquillo como acusado.

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