Sufi Cointer mueve ficha

Cádiz/Hace poco más de un mes, la tensión en torno a la limpieza de la ciudad creció de tal manera que se puso en manos de Fiscalía la investigación de posibles irregularidades en el cumplimiento del contrato de la actual concesionaria (Sufi Cointer), se celebró un pleno extraordinario (el 29 de diciembre), se creó una comisión de investigación y se provocó la salida de la corporación del hasta entonces concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza. Pero comenzó el año 2017 y las aguas se calmaron... hasta hace unos días. A la espera de conocer las actuaciones de Fiscalía o las decisiones que pueda tomar el Ayuntamiento, ha sido la propia empresa concesionaria, Sufi Cointer, la que ha movido ficha en toda esta polémica.

Recientemente -según ha podido saber este periódico- la empresa ha dirigido un escrito a los representantes del comité de trabajadores a través del responsable del departamento de Relaciones Laborales, en el indican que "a través de diversas publicaciones aparecidas en prensa" han tenido conocimiento de ese escrito que presentaron los trabajadores a la Fiscalía en el que se trasladaban "una serie de hechos que a su juicio suponen una serie de incumplimientos e irregularidades". "Estas afirmaciones revisten especial gravedad y trascendencia, pues en el caso de que fuesen falsas, serían constitutivas de un ilícito penal", señala ese escrito de Sufi Cointer remitido con fecha 16 de enero.

Asegura la empresa en el documento enviado al comité que "no tiene ninguna constancia oficial" de que los firmantes que se han dirigido a Fiscalía sean miembros del comité de empresa. Y por ese motivo, solicita que esos representantes del comité "manifiesten la autenticidad de la denuncia publicada y de los firmantes de la misma".

"Les manifestamos que la dirección de la empresa se reserva las acciones legales que correspondan", concluye el escrito.

Desde el comité se entiende que esa comunicación enviada personalmente a cada uno "está fuera de lugar" y puntualiza que no ha habido denuncia alguna contra la empresa, "sino que existe en manos del Ministerio Fiscal una serie de informaciones para que éste verifique si se está cumpliendo la legalidad vigente". En la respuesta que han enviado los representantes de los trabajadores se recuerda también que el Ayuntamiento va a poner en marcha una comisión de investigación a la que se confía en que "se le suministre toda la documentación que se le requiera y que a esta parte se le ha negado sistemáticamente, como se demostrará en el momento procesal oportuno".

Al igual que hiciera la empresa, los trabajadores en su escrito también anuncian que se reservan las acciones legales "al entender que con dicho texto se pretende limitar o constreñir el principio efectivo consagrado constitucionalmente de la defensa de los trabajadores a los que legalmente representamos, agrediéndolos de manera clara y directa"; escrito (el de la empresa) del que enviarán también copia a Fiscalía "por si considerara que pueda ser indiciaria de algún delito por parte de la empresa".