Las discapacidades deben estar valoradas en 90 días, según el Defensor del Pueblo

Cádiz/La desesperación de Charo Muñoz de la que se hizo eco este periódico tuvo ayer dos reacciones por parte de la Administración autonómica: Por un lado, la del Defensor del Pueblo Andaluz, interesándose directamente por el caso de su marido, poniendo sus recursos a su disposición y aclarando que hace meses que tuvo que ser atendido. Por otro, la de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en la provincia, justificando su actuación mediante varias precisiones y alegando que cumplen con los plazos.

Desde el departamento de la Junta de Andalucía que encabeza Manuel Herrera creyeron necesario puntualizar ayer, previa llamada de este periódico, que Ángel Rivera, de 66 años, convalaciente de once operaciones de alto riesgo, de al menos una infección hospitalaria en un centro público, de varios meses en la UCI y un tiempo en coma y con una pierna amputada, no lleva seis meses esperando una valoración de su discapacidad, tal y como públicó este periódico, sino exactamente seis meses menos nueve días. "El plazo habitual para las valoraciones ronda los seis meses, plazo que aún no se ha cumplido en este caso, ya que la solicitud de valoración del hombre fue el 9 de marzo", responden textualmente.

También consideran "importante recalcar" desde el departamento autonómico que gestiona salud y políticas sociales en la provincia que Ángel Rivera "no ha solicitado valoración a domicilio", pese a que Charo Muñoz asegura lo contrario. Y ven oportuno añadir literalmente: "Es más, el pasado viernes, el propio interesado acudió al centro con su esposa y se les explicó que todas las personas que se encuentran en lista de espera pendientes de una valoración tienen la misma prioridad, por lo que no se pueden adelantar citas".

Lo cierto es que Ángel Rivera, más que "acudir" al Centro de Valoración y Orientación de Personas Discapacitadas el pasado viernes, fue trasladado a duras penas por su mujer, como puede deducirse del estado en el que se encuentra. Y lo que está solicitando no es más que un certificado que les permita el descuento necesario en el iva para comprar una furgoneta con la que, precisamente, poder trasladarlo. Eso, claro está, siempre que la valoración final se resuelva con que padece de una discapacidad con movilidad reducida...

La reacción del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, fue radicalmente la opuesta: un portavoz de su gabinete se interesó por el caso nada más conocerlo y facilitó a Charo Muñoz, a través de este periódico, un contacto con un técnico para que la asesore.

En declaraciones a este medio, el portavoz del Defensor del Pueblo Andaluz aseguró que en la tramitación de quejas sobre el "excesivo lapso de tiempo que transcurre desde que se presenta la solicitud de reconocimiento del grado de discapacidad, o de revisión por agravamiento, hasta que se notifica a la persona interesada la correspondiente resolución administrativa, en algunos casos se nos contesta por parte de las Delegaciones Territoriales de Igualdad, Salud y Políticas Sociales que el plazo para tramitar el procedimiento es de seis meses". A este asunto se refieren una docena de quejas recibidas en toda la comunidad autónoma.

"No obstante, -aclara el portavoz del Defensor del Pueblo- este plazo debe considerarse de tres meses, a la vista de lo dispuesto en los artículos 42.3 y 21.3 de las Leyes 30/1992 y 39/2015, respectivamente, reguladoras del procedimiento administrativo común. De hecho, así figura en la propia web de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por lo que resulta contradictoria esa afirmación de que el procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad es de seis meses".

"En otros casos -precisa la misma fuente- se denuncia el retraso en la expedición de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, llegándose a un retraso de hasta 18 meses, si bien estos problemas, debidos a la avería de una impresora, parecen haberse resuelto. También se han recibido quejas por la falta de resolución de la reclamación previa a la vía judicial que han presentado algunas personas interesadas, quedando las mismas resueltas tras nuestra intervención".