Una de cada cinco personas ha sufrido un abuso sexual durante la infancia

El Palacio de Congresos acoge unas jornadas sobre este tipo de violencia para visibilizar esta lacra social y tratar las medidas necesarias para la prevención y la detección de casos

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, interviene ayer en la mesa inaugural de la jornada sobre violencia sexual contra los menores.
El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, interviene ayer en la mesa inaugural de la jornada sobre violencia sexual contra los menores. / Lourdes De Vicente
Rafa Burgal

27 de septiembre 2017 - 02:05

Cádiz/Hay datos que hablan por sí solos para alertar sobre un grave problema que se debe prevenir y atajar. Un informe de Save the Children asegura que en España entre el 10% y el 20% de la población ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Una situación que se ve agravada por las circunstancias que rodean a este tipo de violencia y que hacen que en buena parte se vea acallada.

En el día de ayer, el Palacio de Congresos acogió la jornada 'No ves. No oyes. No dices. Violencia sexual contra la infancia', organizada por el Defensor del Menor de Andalucía y Save the Children con la colaboración de la Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Cádiz. En ella, profesionales de los servicios de atención a los menores de las distintas administraciones y responsables de diferentes entidades trataron esta problemática para proyectar las medidas que se pueden poner en marcha.

Los expertos constatan que la mayoría de las situaciones se dan en el ámbito más cercano

A partir de los resultados del trabajo de Save the Children, su director general en España, Andrés Conde, puso de relieve ante los asistentes a la mesa inaugural de esta jornada los fallos que se están cometiendo para tratar la violencia sexual hacia los menores. Errores que parten de la sociedad, ya que "seguimos pensando que es algo exótico que ocurre extraordinariamente". Otro problema importante es que estos abusos se producen en gran medida en el ámbito familiar o el más cercano, lo que hace que se falle "en la percepción del problema".

Otro aspecto relevante que señaló Conde fue la necesidad de trabajar en la prevención de los casos, ya que "la educación afectivo-sexual está desaparecida" dentro del sistema educativo y en las propias familias al ser un tema "casi tabú".

Una vez que se detectan los casos y se denuncian, se desarrolla un proceso de revictimización al tener que recordar el denunciante lo que ha sufrido. Algo que evidenció Conde con datos como que sólo el 15% de los casos de abusos se denuncian , que los niños que han sufrido violencia sexual tengan que declarar una media de cuatro veces a lo largo de los tres años que un proceso judicial puede alargarse o que el 86% de los menores son obligados a declarar en el plenario "muchas veces delante de la persona que le abusó".

Por su parte, el viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Manuel Martínez Domene, reconoció, a partir del informe elaborado por Save the Children, que existen "fallas en el sistema" a la hora de abordar los casos de violencia sexual a los menores.

Martínez Domene reseñó que existen varios retos para poder detectar y prevenir esta lacra. Uno de ellos es "tratar de visibilizar" este problema, que en muchas ocasiones queda oculto, a lo que hay que unir "la sensibilización" de la población. Asimismo, también señaló la necesidad de establecer un trabajo coordinado entre instituciones y entidades, así como "normativizar los protocolos" de actuación. A esto sumó que la formación de los profesionales debe ser "permanente y muy especializada" para trabajar los diferentes casos.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, hizo referencia en su exposición al calvario que deben pasar los menores para denunciar los abusos. De hecho, señaló el problema que supone que "un amplio número de casos se da en los entornos más cercanos", lo que provoca "un grave conflicto de sentimientos cuando se tiene que denunciar".

Por ello, Maeztu puso un especial énfasis en el desarrollo de la investigación de los hechos, ya que los menores "son víctimas del propio proceso judicial" debido a que, durante su recorrido, llega un momento en el que "se distorsiona la realidad" con las continuas declaraciones, lo que hace que "se pierda la prueba" durante el juicio.

El alcalde de Cádiz, José María González, cerró la mesa inaugural reconociendo que "hiela la sangre" escuchar los datos en referencia a la violencia sexual contra los menores. Por ello, recalcó que las instituciones públicas "debemos plantar cara de forma contundente" a los abusos contra los más pequeños, por lo que hay que "señalar y denunciar públicamente" estos casos, así como trabajar en el diagnóstico y la prevención.

Una ley que busca proteger los derechos de los menores

Para consolidar la protección de los derechos de los menores, es necesario protocolizar las actuaciones a realizar por parte de las administraciones. Ante esto, la Junta de Andalucía se encuentra inmersa en la elaboración de la Ley de Infancia y Adolescencia. Una normativa que, tal y como informó el viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales del Gobierno andaluz, Manuel Martínez Domene, se pretende que "vea la luz en trámite parlamentario dentro del próximo año". Este nuevo reglamento hará que, según el viceconsejero, "Andalucía sea una comunidad que trabaje de forma decidida por los derechos y la atención de la infancia". De hecho, Martínez Domene resaltó que el protocolo para el tratamiento de los casos se va a "elevar a un rango de norma" para que "tenga reconocido como derecho y como obligación de los profesionales y de los diferentes estamentos", de manera que "se nos queden los menos casos fuera del sistema teniendo en cuenta la invisibilidad que en estas situaciones hay". Por su parte, el director general de Save the Children España, Andrés Conde, también consideró que es "imprescindible" contar con una "ley de protección de la infancia contra la violencia que englobe una serie de medidas fundamentales para prevenirla".

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