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Estamos al inicio de lo que debería ser un tiempo de reformas y de grandes acuerdos. El de más calado sería el referido a la reforma de la Constitución, sobre todo en lo atinente a la articulación territorial de España. Sobre esta cuestión se ha pensado, se ha hablado y se ha escrito casi todo, con conocimiento y sin conocimiento. Yo me ceñiré a algo de lo que conozco y de lo que he vivido.
Los catalanistas son especialistas en proclamar sus agravios, unos ciertos y otros inventados. Así, ahora están propagando dos afirmaciones rotundas, aunque ambas falsas y no fundadas en ningún documento ni hecho histórico.
Por un lado, dicen que el reconocimiento de un "régimen especialmente especial" para Cataluña, ahora, no significaría otra cosa que reconocer el error histórico cometido al permitir la extensión -"café para todos"- de las autonomías a todos los territorios de España. "Nadie quería eso al hacer la Constitución", dicen; y aducen como "prueba histórica" el pacto Suárez-Tarradellas. Pacta sunt servanda, sentencian. "Volvamos al origen", reclaman.
Por otra parte, acusan a los andaluces, bajo dirección de los socialistas, de haber forzado la Constitución: en una maniobra meramente táctica, dirigida a debilitar a Suárez, promovimos el referéndum del 28-F, quebramos el modelo previsto y encabronamos a Cataluña. "De ahí vienen todos los males actuales", afirman.
En cuanto a la falsedad de la primera, basta con alegar lo escrito por el propio Tarradellas en su Ja soc aquí. Recuerdo de un retorno. (Edición castellana, Planeta, 1990): "El presidente Suárez insistía en mencionar los derechos de los otros pueblos de España a la autonomía, una idea a la que soy refractario. Un sistema de autonomías generalizadas conduce al federalismo tal como lo entienden en Madrid, que no tiene nada que ver con el federalismo que desearían los catalanes o los vascos. Siempre he creído que no son posibles más de una o dos autonomías en España, tres a lo sumo. Hice mis observaciones al jefe de Gobierno, pero al final tuve que aceptar que no me opondría a su planteamiento" (obra citada, página 147) . ¿Lo quieren más claro? El propio Tarradellas lo confiesa: él no quería las autonomías para todos, pero lo aceptó, porque podía hacerlo desde su "legitimidad histórica". Aun sabiendo, como le dijo más tarde a Pujol, que "si vosotros (los diputados catalanes de junio de 1977) hubieseis aceptado lo que yo he aceptado en Madrid, el pueblo de Cataluña os habría abucheado" (Ibid., página 171). ¡Tarradellas fue, pues, el primero que aceptó, en 1977, la posibilidad del mal llamado "café para todos"! Ésa es la verdad histórica.
En cuanto al papel de Andalucía, y de los socialistas andaluces, no fue improvisado ni rupturista de ningún modelo constitucional pactado. Nos limitamos a movernos en el marco de la Constitución y con una idea para la ordenación de una España entera, igualitaria y solidaria.
El 28-F no cayó del cielo. Desde 1974, algunos estábamos trabajando, desde aquí, en un diseño territorial del Estado, basado en los modelos federales. En 1976, el XXVII Congreso del PSOE aprobó unaResolución sobre Nacionalidadesen la que, a propuesta de la Agrupación de Sevilla, se decía: "Nacionalidades y regiones, en pie de igualdad, constituirán el Estado Federal que preconizamos". El 4 de diciembre de 1977, fuimos todos los partidos democráticos, juntos por primera vez en la historia, los que convocamos a los andaluces. A primeros de 1978 se implantó la Preautonomía andaluza, tras rechazar cualquier discriminación con otras Preautonomías ya constituidas. En junio de 1978, se constituyó en Ronda la Ponencia del Estatuto, con presencia de distintas fuerzas. El 4 de diciembre de 1978, bajo la dirección de Plácido Fernández Viagas, todos los partidos democráticos firmaron el Pacto de Antequera, con la reclamación de la autonomía plena. En 1979, los ayuntamientos democráticos de Andalucía empezaron a aprobar mociones para la Iniciativa Autonómica, de acuerdo con el artículo 151 de la Constitución. Finalmente, en 1980, con Rafael Escuredo de Presidente, se votó. Y se ganó, por Andalucía y para España, con coherencia sostenida, con constancia y en el marco estricto de las previsiones constitucionales. Además, todo fue validado en las Cortes, incluidos los representantes de la posible "nación catalana", que votaron a favor.
Quien quiera reformar la Constitución tiene que partir de la Constitución viva y de la historia real, no de textos soñados o de historias inventadas. Hasta Josep Fontana ha llegado a decir que Cataluña fue, también, la víctima especial de la Guerra Civil: "amb tres guerres perdudes -el 1652, el 1714 i el 1939", dice. (La formació d'una identitat, Eumo, 2014, pág. 427). ¡La Guerra Civil fue una guerra entre España y Cataluña! Pues bien, y aunque así fuera: los acuerdos, siempre deseables, no tienen que nacer de las guerras perdidas. Menos intoxicación y más rigor, político e histórico. Por favor.
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