Los 10 acusados de destrozos en el puente Carranza se libran de la cárcel

Un acuerdo entre las partes rebaja la pena a nueve meses de prisión, que no cumplirán, a cambio de no delinquir en los próximos dos años

Alegría entre los familiares de los acusados nada más salir del juzgado.
Alegría entre los familiares de los acusados nada más salir del juzgado. / Jesús Marín
F.R./C.P.

26 de septiembre 2017 - 06:47

Los 10 jóvenes acusados de causar destrozos en el puente Carranza, durante las protestas de la plantilla del astillero de Puerto Real en el año 2013, no irán a prisión. Así lo decretó en la mañana de ayer el juez titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz, después de que las partes llegaran a un acuerdo, por lo que no se llegó a celebrar el juicio.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para cada uno de ellos dos años y nueve meses de cárcel, un año y tres meses por el primer delito; y un año y seis meses por el segundo. Además, se les imponía una indemnización solidaria al Estado de 1.874 euros como consecuencia de la valoración de los daños causados. Sin embargo, antes de iniciarse la vista (fijada para las 10 de la mañana de ayer), los tres abogados de los acusados se reunían con la fiscal. Después de varias reuniones, los letrados (uno representaba a ocho de los jóvenes), se llegaba al acuerdo. El juez decretó tres meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y seis meses por el delito de daños. Nueve meses de cárcel que no cumplirán, básicamente, por haber admitido su participación en los hechos (todos se mostraron conforme a la lectura del relato de los hechos) y porque asimismo se comprometieron ante el magistrado a cumplir un compromiso: no cometer ningún delito en los próximos dos años. Si fuera así, el acuerdo quedaría sin efecto e irían a prisión. Además, se les ha impuesto una multa de 1.080 euros a cada uno de los 10 que podrán pagar hasta en 24 mensualidades. La indemnización solidaria quedó satisfecha antes de iniciarse el juicio.

De esa manera, el nerviosismo y las caras de preocupación que podían verse al inicio de la sesión no tuvieron nada que ver con lo que pudo verse a la salida de la vista judicial. Lágrimas, abrazos y vítores de familiares y las cerca de 200 personas que se congregaron en la puerta del Juzgado. También se hizo notar una fuerte presencia policial, con más de una decena de agentes de la Policía Nacional. Hasta allí llegaron miembros del comité de empresa de Navantia Puerto Real (que ya había significado con anterioridad su apoyo a los 10 acusados), históricos sindicalistas de la CNT, así como el alcalde y varios miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real. Todos mostraron su apoyo a "los trabajadores".

Y es que, como ellos mismos relataron a la salida, algunos han "enderezado el rumbo" y están trabajando para los astilleros puertorrealeños. Antes de entrar en sede judicial y pese al nerviosismo, Rubén Pérez, uno de los integrantes del grupo, se dirigió a la prensa para dar las gracias a todos los que allí se concentraban, así como al Ayuntamiento de Puerto Real, al comité de empresa de Navantia y toda la plantilla de trabajadores.

"Esto es un poco agobiante, estamos un poco nerviosos por lo que pueda pasar. Estos años han sido psicológicamente muy duros para nosotros y nuestros familiares porque no hemos dejado de pensar en ello un solo día", decían justo antes de entrar en la sala, cada uno acompañado de un familiar.

El semblante con el que entraron nada tenía que ver con el que salieron. Muy emocionado, algunos sin poder contener las lágrimas al ver la moción en sus familiares, se abrazaban entre ellos y respiraban tranquilos. Quienes se concentraban aplaudían y gritaban "Que viva la lucha de la clase obrera". "Estamos muy contentos, satisfechos y muy relajados", explicaban a la salida, antes de volver a dar las gracias a quienes le han mostrado su apoyo en todo este tiempo.

Hay que recordar que los acusados fueron detenidos el mismo día de los hechos y pasaron 14 días en prisión preventiva en la cárcel de Puerto II.

"Satisfechos, pero la lucha no se puede criminalizar"

Aunque la satisfacción era mayúscula a las puertas del juzgado nada más conocerse el acuerdo, el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Puerto Real, Juan Antonio Pontones (Sí se puede Puerto Real) no dejó escapar la oportunidad para recordar que "aunque todos están satisfechos y sus familiares también, tenemos un sabor agridulce ya que lo que solicitábamos era la absolución, porque no se puede criminalizar la lucha gracias a la cual tenemos los derechos que tenemos". El alcalde puertorrealeño, Antonio Romero, también afirmó antes de iniciarse la vista que las medidas que se planteaban contra los jóvenes eran "desproporcionadas" y enmarcó su participación en aquellos actos vandálicos durante una protesta en astilleros en la situación de desempleo que vivían.

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