Defensa fue el primer contratista de obra pública en la provincia en 2017

Cádiz/El Ministerio de Defensa se convirtió durante el pasado año 2017 en el principal contratista de obra pública de la provincia de Cádiz, tras años en los que las empresas del sector han tenido que reconvertirse ante la falta de proyectos a ejecutar. Pese a que existe una leve recuperación, los números de lo que debía ser un dinamizador económico siguen siendo muy pobres. En lo que va de año, en la provincia se han adjudicado sólo 51 obras, según el portal Infocontratos, de las 694 que se cerraron en Andalucía, es decir, poco más de un 7% de la obra pública total de la región. Por ver la diferencia con otras regiones, en Cataluña, pese al 155, se han adjudicado en lo que va de año 1.084 obras. Lo mismo ocurre con las licitaciones, que con el plazo cerrado han sido en 2018 un total de 91, de las 1.121 de la región (un 8,1%). En Cataluña, por seguir con la misma comparación, ya van por 2.835.

De acuerdo con los presupuestos andaluces de la Junta, este año la situación tendría que mejorar, ya que tendrían que pasar a circulación 280 millones de euros, si bien muchos de ellos son para proyectos ya en marcha, como el tranvía. La subestación eléctrica de San Fernando, un nuevo centro de salud en El Puerto o las obras en la ladera de la Verbena de Arcos serían los proyectos autonómicos nuevos de mayor dotación, si se excluye la Ciudad de la Justicia de Cádiz, que no puede figurar como inversión porque se encuentra en fase de redacción de proyecto.

Así las cosas, las obras de mantenimiento es de lo que se nutren las empresas gaditanas dedicadas a la obra civil. Un montante importante de este apartado va para carreteras a falta de infraestructuras nuevas. La Junta de Andalucía destina a este apartado un total de siete millones de euros.

Los datos del Anuario de Fomento muestran un incremento de inversión en mantenimiento vial y se ha pasado de 71 millones de euros en 2014 a 102 en 2016. Pero si vemos la red viaria más sensible, la dependiente de las diputaciones, en Cádiz es donde menos se invierte por kilómetro de toda Andalucía. La Diputación dedica 2,2 millones a sus 807 kilómetros de carretera. Esto supone 2.750 euros por kilómetro al año. Granada, que es quien más invierte, dedicó 13 millones en 2016, si bien tiene más kilómetros de carreteras de titularidad provincial, 1.256 kilómetros. Aún así, sale a más de 10.434 euros por kilómetro. Estas son cantidades que repercuten en las empresas privadas de la provincia dedicadas a este trabajo y que generan empleo.

Emilio Corbacho, presidente de FAEC, la Federación de la construcción de la provincia, clama por una discriminación positiva: "Si seguimos con este ritmo de inversión pública en infraestructuras, lo único que se hará es agrandar las diferencias ya existentes entre regiones ricas y pobres, entre provincias ricas y pobres".

De momento, esto no se produce. Por administraciones, como se ha dicho, Defensa en 2017 movió algo el pobre panorama sacando un total de 44 obras. A Defensa le siguió la Autoridad Portuaria de Algeciras con 31 y luego, ya a mucha distancia, Aena, Diputación y la Universidad de Cádiz. Los ayuntamientos apenas están presentes en este ranking. Han perdido, la mayoría de ellos, toda su capacidad inversora y, en buena medida, se han venido apañando con sus propios equipos de mantenimiento.

José María García Astorga, a través de su empresa Inur, lo sabe bien porque es de los que ha tenido que reconvertirse ante la desaparición de los ayuntamientos como clientes, manteniéndose con una estructura empresarial mucho más pequeña. "Para sobrevivir tuvimos que aprender a hacer otras cosas. Antes de la crisis nos dedicábamos a obra civil pura y dura, es decir, viales, urbanizaciones, obras hidráulicas... Todo eso prácticamente ha desaparecido porque los ayuntamientos apenas cuentan con fondos propios, por lo que miramos a otras administraciones. Conseguimos trabajos por los que antes no concursábamos, como ha sido la pintura de los campus de la Universidad de Cádiz, el mantenimiento de los hospitales en verano, o las obras en los colegios a través del ISE. También hemos llegado a clientes privados. Al pasar la gestión del agua de muchos ayuntamientos a manos privadas empezamos a trabajar con empresas como Aqualia en Jerez, que es una empresa que paga bien y ofrece mucha carga de trabajo. Lo que antes hacíamos para Ajemsa, la que era la empresa municipal, lo hacemos ahora para Aqualia, lo que, además, nos permite trabajar en otros municipios donde Aqualia también gestiona este servicio".

Álvaro Osborne, de la constructora jerezana Gesteco, que trabaja obra pública aunque no es su único mercado, ha vivido cómo el sector ha llegado a "cuotas alarmantes con multitud de empresas que han ido desapareciendo", pero está convencido de que "todo apunta a una mejoría". Aunque advierte de que "no serán las alegrías que vivimos en su día, pero lo cierto es que lo construido en aquellos años hay que mantenerlo y si antes el mantenimiento no estaba entre las cuentas más importantes ahora hemos visto en los Presupuestos del Estado como sólo en ese concepto en Fomento tenemos más de 900 millones de euros". Además, el incremento de un 12% en el presupuesto de obras públicas de Fomento, sostiene Osborne, ya muestra ese cambio de tendencia.

La esperanza para estas empresas supervivientes centradas en obra pública está en una sopa de letras de las que hace tiempo que se viene hablando, aunque todavía no se ha materializado en concursos públicos. El más avanzado es el Plan Invierte de Diputación, que aporta 16 millones de euros repartidos entre ayuntamientos que mueven algo la pequeña obra local. De mayor calado tiene que ser el dinero europeo que llega para ayuntamientos más grandes a través de la Edusi o la ITI, que anuncia una lluvia de millones, 1.300, centralizados en la provincia. Sería el final del túnel para que la obra pública vuelva a ser un potente generador de empleo.