Gibraltar vuelve a llenarse de tabaco

Cádiz/La cantidad de tabaco exportado a Gibraltar se ha incrementado un 35% entre mayo de 2016 y ese mismo mes de este año. Y el ascenso continúa: el tabaco que entra en el Peñón (que envían allí las grandes tabaqueras) va camino este año de acercarse de nuevo a los 120 millones de cajetillas. Esa era la cifra que se manejaba en 2013 y en años anteriores, antes de que una denuncia de España ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) provocase un derrumbe de las exportaciones. Hace unos años, España comunicó a la Olaf que el tabaco que importaba Gibraltar no se correspondía con la población de la Roca. Ni siquiera con el enorme número de turistas que visitan la Roca cada año. Entonces, en julio de 2014, la Olaf publicó un informe sobre ese espinoso asunto y las exportaciones de tabaco a Gibraltar cayeron de manera drástica.

De 120 millones de cajetillas se pasó a poco más de 50 millones en 2015. En el mismo agosto de 2104, justo un mes después del informe de la Olaf, las exportaciones se desplomaron un 72%. Pero eso duró hasta el pasado verano. A partir de entonces, las tabaqueras comenzaron a enviar de nuevo grandes cantidades de tabaco a Gibraltar. El año 2016 ya cerró con 70 millones de cajetillas. Y todo indica que este año lo hará con una cifra que se moverá en torno a los 120 millones.

Todo esto lo contó ayer el delegado de la Agencia Tributaria en Cádiz, Ignacio Martínez, en una mesa técnica sobre el contrabando de tabaco que anualmente organiza el Grupo Joly en colaboración con Altadis y que ayer se celebró en la hemeroteca de Diario de Cádiz. La mesa la moderó el director de este periódico, David Fernández, y este año se centró en El futuro en la lucha frente al contrabando de tabaco. Ese futuro, según Ignacio Martínez, pasa por denunciar de nuevo ante la Unión Europea lo que está ocurriendo, ese incremento de las exportaciones de tabaco a Gibraltar, y por apelar a la responsabilidad de las tabaqueras. "No hay otra solución para frenar el contrabando de tabaco", afirmó rotundo.

Martínez explicó que a la Agencia Tributaria le preocupa mucho lo ocurrido este último año, ese cambio radical. Y se mostró muy directo: "Estamos volviendo a las andadas, a situaciones que creíamos totalmente superadas. Está dando resultado la lucha contra el contrabando, cierto. Han sido 5,2 millones de cajetillas incautadas el año pasado. Pero creo que el problema es otro. Después de analizar todas las causas, de plantear que si el contrabando tenía una imagen romántica, que si la crisis, que si los impuestos que gravan al tabaco lo favorecían... Hoy estoy convencido de que la causa principal del contrabando es el excesivo stock y almacenaje de tabaco en el Peñón. Podemos dar muchas vueltas pero las cifras, año tras año, nos dan la razón".

El delegado de la Agencia Tributaria considera que complacerse en las cifras de aprehensiones de tabaco de contrabando no conduce a nada. "Si volvemos a tener 100 millones de toneladas de cajetillas en Gibraltar", dijo, "van a salir por algún sitio. Podemos mejorar nuestros medios, podemos mejorar la lucha entre todos... Pero si suben las exportaciones, obviamente suben las aprehensiones. Cogemos más porque estamos exportando más. Si no hubiese tabaco legal en Gibraltar, no habría tabaco de contrabando o habría mucho menos. Así que la responsabilidad empresarial no es que sea esencial, es que es la única solución que ha dado resultado. La única. Nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que podemos contra el contrabando de tabaco. Pero en los últimos años han llegado a Gibraltar más de 500 millones de cajetillas. Contra eso no podemos luchar".

Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, se mostró de acuerdo en que no se puede pedir más a las Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha que mantienen diariamente contra el contrabando de tabaco. Pero cree que la Administración central sí podría dar un paso más: pedir explicaciones a los fabricantes de tabaco sobre por qué están vendiendo tanto tabaco a Gibraltar.

Ingelmo recordó que el contrabando de tabaco es un problema real, que afecta a todos. Y mencionó a tres grupos de interés que, afirmó, no están muy involucrados en la lucha. Uno, dijo, es Sanidad (la Consejería de Salud de la Junta) a la que achacó "una desconexión absoluta" con el problema. "Cuando se habla de tabaco picado, el papel de Sanidad es más importante porque ese tabaco está fuera de control", señaló. Un segundo grupo de interés que no está muy involucrado, añadió, está formado por los propios fabricantes de tabaco. "Es una pelea en la que Altadis lleva varios años. No todo el mundo está igual de enganchado en la lucha contra el contrabando de tabaco. Creo que la responsabilidad empresarial es muy importante y algunos fabricantes no la están aplicando de la forma en que nosotros pensamos que debería aplicarse". En el tercer grupo no involucrado, Rocío Ingelmo situó a los agricultores. "Cuando se habla de contrabando de hoja de tabaco picado, el agricultor es un protagonista natural porque normalmente son sus excedentes de cosechas y ven una oportunidad de ganar un dinero adicional. Hoy no están concienciados", afirmó.

Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, también lamentó ayer la actitud de algunas administraciones ante el contrabando de tabaco. "Hay ayuntamientos que están dando bien la talla y hay otros que parece que no les afecta la situación", comentó. Respecto a la Junta de Andalucía fue directo: "Ni está ni se le espera".

"Para la Consejería de Salud", explicó Moreno, "el contrabando no tiene nada que ver con ellos; ni siquiera cuando se presenta una denuncia por publicidad de carácter ilegal, por un anuncio de un punto de venta de tabaco en Almería, por ejemplo. Y no contemplan campañas de inspección desde el unto de vista de lo que pueda afectar a un consumidor: de un consumo que puede acercarse a los menores, que se aleja de los controles sanitarios. Nos preocupa mucho esa posición del Gobierno andaluz. Y que no haya una hoja de ruta".

Y no se trata de que no haya un plan para afrontar un problema coyuntural. "Llevamos seis años sufriendo esta lacra y no podemos hablar de una oleada de contrabando", anotó ayer el presidente de la Asociación Provincial de Estanqueros de Cádiz, Salvador Vera. "El comercio ilícito de tabaco ha llegado y se ha instalado en nuestro país, especialmente en Andalucía y, sobre todo, en la provincia de Cádiz".

Los datos de venta de cigarrillos en Cádiz son "dramáticos", afirmó el representante de los estanqueros gaditanos. En 2009, ilustró Salvador Vera, se vendían en la provincia de Cádiz 89 millones de cajetillas; en 2016, rondaban los 38 millones. Sí ha subido la venta el año pasado en Cádiz un poco más de un 5%. Pero en lo que llevamos de este año llevamos una pérdida de un 5,8%. Lo que subimos en un año lo hemos perdido en unos meses".

Vera dijo que los estanqueros no perciben una subida de ventas que debería dejar notar el descenso del contrabando. "No se ve en el mostrador. Lo que percibimos es que el mercado ilegal se está perfeccionando, que atiende a la demanda del consumidor y que ofrece una gama de productos cada vez más amplia, con puntos de venta en cualquier sitio e incluso enviando el tabaco cómodamente al domicilio del comprador. Y esa evolución habla de un negocio que no tiene intención de desaparecer, que cada vez se está haciendo más fuerte y que tiene muy preocupados a los estanqueros".

Alfonso Rodríguez Castillo, coronel de la Guardia Civil, jefe de la Comandancia de Cádiz, anotó que es más fácil luchar contra un punto de venta de menudeo de droga que contra uno de venta de tabaco de contrabando. "En gran parte de nuestras actuaciones estamos luchando contra infracciones administrativas. Hay un umbral que está situado en 15.000 euros, de manera que hasta esa cantidad no hay delito. Las armas que se tienen para luchar contra ese tipo de tráfico están limitadas", dijo.

El coronel Rodríguez Castillo cree que son más eficaces para hacer ver el problema del contrabando de tabaco las intervenciones en la calle, en pequeños locales o en comercios que las grandes operaciones. "Hemos pasado de 2.000 intervenciones en 2014 a 4.500 en 2015 y a 6.000 en 2016 en Andalucía. Esas intervenciones tienen un mayor impacto en el ámbito de la ciudadanía", afirmó.