El TSJA vuelve a darle la razón a Pascual en su batalla con la Junta

Pascual subía ayer un nuevo tanto a su marcador personal en este duro enfrentamiento entre sus clínicas y la Junta de Andalucía que ha dejado ya sobre la cuneta a cerca de 1.100 puestos de trabajo.

Esta semana han sido más de un centenar de personas pertenecientes a los seis hospitales de Pascual en Andalucía las que han visto truncadas sus vidas laborales a consecuencia del conflicto que lleva ya enconado más de un año.

Ayer fue el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía (TSJA), el que hizo pública una sentencia que obligará al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagarle a Pascual 14.811.198,50 euros por una serie de servicios prestados a pacientes derivados de la sanidad pública en mayo de 2014. Estos enfermos pasaron por las instalaciones de Pascual en un período en el que, como ocurre ahora, no había concierto vigente. Como estas, según fuentes del entorno de Pascual, el empresario gaditano guarda facturas por valor de más de 300 millones de euros , cifra que toma ahora más valor a raíz de esta sentencia del TSJA.

La Junta de Andalucía anunció ayer que el SAS está preparando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que supone, por un lado un varapalo a la Junta por parte de la Justicia, y, por otro, una inyección de moral para la dirección de la empresa Pascual y para los dos mil empleados de sus hospitales que aguardan el desenlace de este conflicto que les mantiene en vilo desde noviembre del año pasado.

Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA emite esta sentencia en la que resuelve "no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contra la sentencia dictada el 29 de diciembre de 2015 por el Juzgado de los Contencioso Administrativo Número 13 de Sevilla".

Según el fallo, emitido el pasado 7 de noviembre y consultado por este periódico, la sentencia impugnada "estima el recurso interpuesto contra la desestimación presunta de solicitud de pago de factura 1140002987 correspondiente a servicios prestados en el mes de mayo de 2014 en los Hospitales San Rafael, de Cádiz; Blanca Paloma, de Huelva y FAC Dr. Pascual, de Málaga; así como en los Hospitales Santa María del Puerto, del Puerto de Santa María; Virgen de las Montañas, de Villamartín y Virgen del Camino, de Sanlúcar de Barrameda, por importe de 14.811.198,50 euros".

La sentencia recoge que el recurso de apelación del SAS "se fundamenta en que la parte no puede fijar un precio arbitrario sin aquiescencia de la Administración. Que la sentencia de la Sala ha sido recurrida en casación y por tanto no es firme. Que aceptó posteriores prórrogas y que en caso de nulidad procedería la restitución con el abono del precio inicial, entendiendo que la indemnización correcta sería el precio de los servicios prestados según las tarifas objetivas y pactadas, siendo esta la consignada".

Además, "reitera que con posterioridad ha ido prorrogando el concierto de mutuo acuerdo actuando contra sus propios actos. No ha facilitado el proceso de abono, al incorporar en una sola factura el importe de servicios de dos contratos, razón por la que se procedió a devolver la factura con dicha indicación, dicho modo de proceder impidió el pago".

De este modo, la sentencia del TSJA apunta que "es cierto que los precios han sido fijados por la parte actora de forma unilateral, pero los mismos fueron notificados a la Administración que los conocía, e igualmente se indica el número de los servicios prestados y su importe, sin que la Administración haya efectuado prueba alguna en contrario que acredite que los precios son excesivos o no reales, ni la que los servicios reclamados no se hayan prestado, limitándose a imponer unos precios de una relación contractual inexistente y no consentida por la parte, que la recurrió obteniendo sentencias favorables a sus pretensiones y cuyas modificaciones a la baja han sido anulados por sentencias judiciales".

Así, "ante la falta de prueba de la incorrección de los precios propuestos por la apelada deben entenderse como correctos", señala en su sentencia el Alto Tribunal, que añade que el "hecho de que se presentara una única factura para todos los servicios prestados en el mes de mayo, no implica irregularidad alguna por parte de la apelada, mas si tenemos en cuenta que los servicios cuyo pago se reclaman no se encontraban amparados por contrato alguno".

Por lo expuesto, señala la sentencia que "el recurso debe ser desestimado", e indica que "procede imponer las costas al recurrente, sin que el límite máximo de aquéllas pueda exceder de la suma de 600 euros, considerando complejidad y alcance del asunto planteado".