Viajes, hoteles y compras a costa del Consorcio de Bomberos

Cádiz/Viajes privados, hoteles, compras privadas pagadas con dinero público, cursos de formación fraudulentos, indemnizaciones millonarias para cargos directivos, malversación, nombramientos ilegales... La ristra de presuntos delitos que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga desde hace cuatro años, en la denominada Operación Flama, amenaza con provocar un incendio colosal en el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz. La Policía Nacional ha finalizado ya su complicadísima labor y ha entregado toda la documentación que ha recabado durante estos cuatro años a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 y al fiscal anticorrupción.

Este diario ya ha informado en las últimas semanas de esta importante operación, de la que poco a poco se van conociendo más detalles. Ayer el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) emitió un comunicado aportando nuevos datos a una supuesta trama que llevaría actuando durante la última década con impunidad. Hay que recordar que fue precisamente este sindicato quien interpuso la denuncia por las supuestas irregularidades ante la Fiscalía en 2013, después de percatarse de la contratación por parte de los directivos del Consorcio de Bomberos de Cádiz (CBPC) de un seguro de jubilación anticipada para sus funcionarios operativos en los que había una diferencia abismal entre unos beneficiarios y otros de la póliza.

Posteriormente, en una ampliación de la denuncia, también se airearon unas presuntas irregularidades en los cursos de formación del CBPC.

Entre los 14 implicados sólo dos han declarado ante la Policía en calidad de investigados, el resto lo ha hecho como detenidos. Tres de ellos, han prestado declaración en la capital de España.

Según el SBC, entre los cargos del Consorcio implicados se encuentran un ex presidente, Andrés Beffa; un ex gerente, Francisco Javier Otálora; el jefe de formación, el interventor, el tesorero y la secretaria general accidental, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y nombramiento ilegal.

A todos ellos se une también el ex jefe de servicios estratégicos, el director técnico y un técnico de administración por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación pública.

Hay un último implicado del Consorcio que sería un funcionario colaborador en el Departamento de Formación, al que se le acusa de presuntos delitos de nombramiento ilegal y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Además de estos, tal y como ya informó este medio, hay cuatro implicados ajenos al Consorcio, concretamente empresarios de la consultoría de formación madrileña Formatekno, que, según el SBC, "podrían estar vinculados a CCOO, por los presuntos delitos de asociación ilícita, falsedad documental y fraude en la contratación pública".

Tras varios años de investigación, la UDEF ha hallado numerosos indicios de fraude, cometidos supuestamente por miembros directivos del CBPC, que ostentan cargos de responsabilidad y por los responsables de las empresas contratadas.

Según comentó ayer el SBC, las irregularidades detectadas son varias. La primera de ellas sería la firma de un acuerdo regulador y la contratación de un plan de jubilación anticipada para el personal operativo del CBPC.

La segunda, varios procesos de licitación y contrataciones de servicios, convenios de colaboración firmados por sindicatos y empresas privadas. La tercera, diversos nombramientos ilegales. La cuarta, cursos de formación y subvenciones relacionados con estos que no cumplirían la legalidad vigente. En quinto lugar la Policía habría descubierto viajes privados, hoteles, cenas y compras abonados con dinero público, lo que demostraría que la investigación no sólo se limitaría a la póliza por jubilaciones. Por último también ha detectado la UDEF otras actuaciones relacionadas con la mala gestión por parte de los responsables de la Dirección, la Tesorería y la Intervención de este organismo público.

Según fuentes del Sindicato de Bomberos, los responsables de estos presuntos delitos podrían ser condenados a indemnizar a la hacienda pública o al mismo Consorcio por los daños y perjuicios causados, al margen de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder por un perjuicio económico de casi 8 millones de euros.

"Desde el SBC estamos horrorizados por esta presunta trama urdida por los dirigentes del CBPC, y esperamos ante todo, en beneficio de los ciudadanos y de los bomberos, que el dinero malversado vuelva a las arcas del CBPC", dicen los dirigentes sindicalistas.

El SBC considera que "no es justo" que en los últimos ocho años en el CBPC "no se hayan realizado inversiones para la mejora del servicio de bomberos, alegándose por la dirección falta de medios. Lo que ha dado lugar a que los equipos que usan los bomberos, las instalaciones y los camiones estén obsoletos", comentan.

"Los bomberos no pueden tener segunda actividad, como marca la Ley; tenemos que salir fuera de la provincia para formarnos, estamos mermados de personal, lo que implica peor servicio. Y mientras esto ocurre, hay un grupo selecto del CBPC, quienes precisamente inventaron y llevaron a cabo esta presunta trama, que se han beneficiado de indemnizaciones astronómicas de 350.000 euros de dinero público, como es el caso del ex gerente, cobrando además su pensión pública de casi 2.600 euros mensuales, que es el límite máximo permitido por el Gobierno".

Desde el Sindicato de Bomberos "deseamos" que la autoridad judicial investigue y juzgue a los responsables "de esta trama".

El SBC está personado como acusación particular, "y es por ello que pondremos a trabajar a nuestro servicio jurídico en esta causa, para que se depuren todas las responsabilidades en defensa de todos los bomberos del CBPC y para que esta administración pública en el futuro preste un mejor servicio a los ciudadanos, que son los beneficiarios de este servicio", concluye.