"La nueva depuradora de Barbate es competencia de la Junta", dice Sanz

Barbate/cádiz/El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, responsabilizó en exclusiva a la Junta de Andalucía del retraso acumulado en la construcción de la nueva depuradora de aguas residuales para Barbate y Zahara de los Atunes que vendría a solucionar los problemas ambientales existentes en este municipio de la Janda y que han conllevado incluso la apertura de un proceso judicial.

Aunque el delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, Ángel Acuña, culpó días atrás al Gobierno central del retraso en la ejecución de este proyecto en la zona de El Bujar, Sanz negó la mayor. "Todas las depuradoras son competencia de las comunidades autónomas. Lo que sucede es que la Junta de Andalucía no ha construido ni una, lleva décadas incumpliendo sus compromisos, y eso ha conllevado que la Unión Europea haya impuesto una serie de sanciones a España, porque para Europa sólo existen los países y no las comunidades autónomas".

Para evitar la llegada de más sanciones, según explicó Sanz, el Gobierno de España ha tendido la mano a la Junta para ayudarla en el proceso de construcción de las depuradoras que están pendientes "aunque ello obligue al Estado a quitar recursos de otras cosas para cubrir así unos incumplimientos de la Junta de hace varias décadas", dijo Sanz.

"Unas depuradoras las construirá la Junta y otras las hará el Gobierno, dependiendo de un reparto que se sigue negociando y que aún no está cerrado. Pero que no se reclame al Estado algo que aún no está acordado, sobre todo porque la totalidad de esas depuradoras las tendría que haber hecho ya la Junta", apostilló el delegado del Gobierno.

En paralelo el parlamentario andaluz del PP Antonio Saldaña ha adelantado que su partido llevará a la Cámara autonómica la polémica del emisario submarino que cada verano vierte las aguas residuales a mitad de camino entre Barbate y Zahara de los Atunes. En concreto, el PP solicitará en el Parlamento andaluz que la Junta aporte los informes y documentos emitidos por la Consejería de Medio Ambiente que supuestamente autorizaron al Ayuntamiento de Barbate a construir el referido emisario y cuya existencia confirmó ante el juez Rafael Quirós, ex alcalde socialista de Barbate. Saldaña indicó que el objetivo del PP es "comprobar si esa infraestructura se hizo conforme a la ley".