El gobierno adelanta la votación de las tasas e impuestos que aplicará en 2018

San fernando/El gobierno municipal dio marcha atrás en su idea inicial de llevar las ordenanzas fiscales a un pleno extraordinario que tenía intención de convocar para el próximo lunes. A petición de los grupos de la oposición decidió -en la convocatoria de la comisión informativa de Hacienda que se celebró el miércoles- incluir el punto como un asunto urgente en la sesión ordinaria que ayer tarde se celebró en las instalaciones municipales del Centro de Congresos. La votación de las tasas e impuestos que se aplicarán a los isleños a partir del próximo 1 de enero se adelantó así unos días a lo previsto. Pero no hubo sorpresas. El debate se ciñó al guión previsto de antemano.

El gobierno subrayó la congelación del IBI -la subida de los valores catastrales se contrarresta con una nueva bajada del tipo impositivo- e insistió en el componente social de las bonificaciones planteadas, entre ellas la del 70% del IBI para las viviendas destinada a alquileres sociales. La oposición, por su parte, cuestionó el discurso del concejal de Desarrollo Económico y Gestión Presupuestaria, Conrado Rodríguez, y mostró serias dudas ante las bondades de las modificaciones puestas sobre la mesa.

Desde Sí se puede (Podemos), Ernesto Díaz, lamentó la falta de participación y diálogo con la que se traía a pleno un tema de tanto calado como son los impuestos municipales. Desde el grupo popular, Manuel Raposo advirtió al ejecutivo local que había perdido "una gran oportunidad" para aprobar medidas políticas y sociales de relevancia con estas nuevas ordenanzas fiscales.

La propuesta, no obstante, consiguió salir adelante con las abstenciones del propio PP y de Ciudadanos, que eludieron un debate en profundidad de las ordenanzas fiscales a la espera de que avance más su tramitación, como es lo acostumbrado. Eso sí, la formación que lidera Mayte Mas en San Fernando anunció ya que presentará alegaciones al documento durante la fase de exposición pública que se iniciará en unos días, tras su aprobación inicial. Y Raposo, por su parte, recriminó al equipo de gobierno el talante "continuista" de la propuesta , recordó que el IBI está congelado desde 2014 -cuando gobernaba el PP- y habló incluso de unas subidas "encubiertas".

La aprobación de las ordenanzas fue uno de los puntos que ayer articuló un pleno de rutina, en el que los temas de gestión se ciñeron casi en exclusiva a tres propuestas de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permitirán la contratación de dos trabajadoras sociales para gestionar las ayudas de dependencia y que abrirán la puerta a cubrir las vacantes de la Policía Local a través de comisiones de servicio, cuestión que por cierto encontró el rechazo de Sí se puede, de la concejala no adscrita y del PP.

Aunque hubo también otros asuntos de calado en un debate en el que afloraron continuamente las tensiones entre Podemos y el PP. El cruce de acusaciones entre los ediles de Sí se puede y la concejala no adscrita, de una parte, y los populares, de otra, saltó de un punto a otro a lo largo de buena parte de la sesión, con independencia de la cuestión de fondo a tratar. El conflicto laboral que afecta a la plantilla de los vigilantes de seguridad de las dependencias municipales fue, por su calado social, uno de los puntos más relevantes que se abordó en el pleno a partir de una moción de Sí se puede en la que Ernesto Díaz denunció la precariedad de estos trabajadores y la irregularidad constante en el cobro de sus salarios. Los vigilantes consiguieron el apoyo unánime de toda la Corporación en sus reivindicaciones. Desde el gobierno se recordó que en el nuevo contrato, que acaba de quedar desierto y que se quiere volver a licitar, se han mejorado las condiciones económicas. Díaz, no obstante, recriminó al ejecutivo su pasividad ante la empresa adjudicataria y culpó al PP de esta situación por los recortes que acometió en 2013. Los trabajadores se concentraron a las puertas del pleno y también durante parte de la sesión -en el interior de la sala- donde hicieron patentes sus demandas.